En Colombia jamás hubo Acuerdo de Paz como lo dimensionamos de manera romántica, en tanto que firmar acuerdos para dejar las armas con el Gobierno de Juan Manuel Santos no representó pactar la paz con la clase
política mafiosa y paramilitar en su totalidad.
La
paz que tratamos sostener es un proyecto que, así hubiese ganado el plebiscito
para su refrendación, debía enfrentar a quienes nunca firmaron la paz ni
abandonaron el terrorismo de Estado. Firmar la paz fue una apuesta necesaria,
pero no un acuerdo que involucró a quienes no están dispuestos a ceder la más mínima
pizca de poder y permitir pequeñas reformas a favor del pueblo.
Si
bien las FARC no estaban derrotadas, de igual manera el terrorismo de Estado
jamás lo estuvo, ni lo está. Solo hay una diferencia, la exguerrilla está
desarmada, al igual que las comunidades donde hacían presencia.
Leer: ¿Volverá la guerra?
No
se requiere ser estratega militar, ni historiador ni politólogo para entender
que el régimen no perdona y trataría de desaparecer a quienes no pudo derrotar
durante más de cincuenta años de alzamiento armado. Las garantías no existían
de antemano, pero se ocultaba o desconocía ingenuamente la crudeza de lo que
podía pasar para no generar conmoción en la exguerrillerada.
Al
parecer esa misma política se mantiene, a pesar de su fracaso. La ausencia de un
pronunciamiento fuerte de la FARC hoy convertida en partido, advirtiendo la
ausencia de garantías y el incumplimiento de los acuerdos firmados genera, no
desconfianza, sino desilusión en ciertos sectores que perplejos esperan un
actuar más acorde a la cruenta arremetida que deja 131 exguerrilleras y exguerrilleros
asesinados, y más de 1.500 lideresas y líderes sociales y comunales reportados por el CINEP desde el 2016.
Es
bajo esta arremetida imparable que el día de hoy, 14 de mayo, la muerte también
llegó al Valle del Cauca. Jorge Enrique Corredor (Wilson Saavedra) fue
asesinado en el municipio de Tuluá. Su muerte se convierte en el ajuste de
cuentas del régimen contra uno de los objetivos de más alto valor hasta el
momento. Excomandante de la Compañía Víctor Saavedra y el Comando Conjunto de
Occidente, e integrante del Consejo Nacional del partido FARC, explica el
porqué de su asesinato, un crimen contra quien no gozaba de escoltas ni esquemas
de seguridad después de apostarle a la paz.
No estamos en la época
de Uribe
Sabemos
que los acuerdos firmados entre la FARC y el Gobierno buscaban, ante todo, que
la verdad sobre el conflicto saliera a la luz pública creando la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). Hoy vemos la ferocidad con la cual la ultraderecha se
abalanza, a pesar de que en parte esta ya fue mutilada en su efectividad,
contra este sistema de justicia.
Por
eso nos equivocamos cuando afirmamos que volvimos a la época de Uribe, puesto
que asistimos a una tecnificación del crimen y control social que no se limita a
los asesinatos y ejércitos paramilitares. Este es un avance propio de
sociedades fascistas que escalan su grado de acaparamiento del poder en todos
los niveles institucionales y espacios de la vida.
Ya
sea por la vía de la represión policiva y la fuerza paramilitar, o a través de
la imposición de la ley, cambiada y formulada a su antojo, junto a una sociedad
que, en su mayoría, aplaude la criminalidad de sus verdugos y desprecia a
quienes se alzan contra el régimen, hacen de nuestro contexto una realidad más
cruenta y difícil para la lucha, mostrando una ultraderecha más peligrosa y
efectiva que la vivida en tiempos de Uribe.
El
discurso de que hay dificultades, pero que también hay avances en el Acuerdo de
Paz debe acabarse. Actualmente resulta imposible defender los acuerdos sin enfrentar
al régimen en su totalidad. Los avances son solo el distractor para no asumir
el incumplimiento político bajo la fachada que desfragmenta el acuerdo en su
integralidad para quitarle el grado de efectividad.
Los
cientos de prisioneras y prisioneros políticos que aún mantiene la FARC en las cárceles
del país, dan cuenta del grado de incumplimiento, y el error de dejar las armas
sin que su salida fuera efectiva. Este punto del acuerdo no se podía cumplir de
manera unilateral creyendo que la sociedad lo iba aplaudir.
Por
tanto, fue un cálculo fallido pensar que una sociedad que avanza hacia el
fascismo acogería en su seno a una exguerrilla por el simple hecho de cumplir
los acuerdos. E imposible entonces para la FARC sostener hoy su discurso
moderado frente el incumplimiento de los acuerdos y la ausencia de garantías que
cobra la vida de más de 1.600 personas desde el 2016.
La
arremetida es cruenta, pero también ha sido digna la resistencia en Colombia a
pesar de la adversidad. Saldremos golpeados, tal vez muy golpeados, pero no
vencidos ni exterminados. Por ello, que la FARC asuma los errores de cálculo
ante los sectores que integran la lucha popular y, sobre todo, ante su
exguerrillerada, constituye una necesidad apremiante en tiempos donde el
fascismo avanza para instalarse mientras se actúa de manera moderada,
protocolaria, tratando de sostener los acuerdos incumplidos.
Es
cierto que debe actuarse con inteligencia en una guerra donde nos situamos en
desventaja, sin embargo, la moderación no siempre es lo más inteligente. La cautela
para el caso de los acuerdos incumplidos, simplemente significa no asumir un
discurso frontal que recupere la confianza en sectores que están confundidos al
no encontrar en la FARC pronunciamientos y posturas más contundentes, acordes a
la gravedad que reviste la situación política del país.
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