Por: Coordinación de Medios Alternativos y Populares del Suroccidente
Este miércoles, 3 de julio, integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscritos al sindicato “Memoria Viva”, se movilizaron en diferentes ciudades del país exigiendo garantías para su ejercicio de protección a líderes y lideresas sociales, y pedir cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Este miércoles, 3 de julio, integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscritos al sindicato “Memoria Viva”, se movilizaron en diferentes ciudades del país exigiendo garantías para su ejercicio de protección a líderes y lideresas sociales, y pedir cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC.
“Al
gobierno le pedimos que demuestre su voluntad y brinde garantías para el
cumplimiento del acuerdo (de paz); que se brinden garantías para que no haya
más muerte de líderes y lideresas, de excombatientes de FARC; que no le ponga
trabas al cumplimiento de lo pactado”, afirmó Carlos Alberto Sánchez,
funcionario de la UNP.
Y
es que los miembros de la Unidad de Protección denuncian que existe una
política de desfinanciación en contra de la UNP, reflejada en la ausencia de
elementos básicos para proteger a las personas bajo su cuidado, tales como lo la
falta de combustible para movilizarse, dinero para peajes o mantenimiento de
los carros. Lo anterior los deja en riesgo no sólo a ellos, sino también a sus
protegidos en los territorios. A esto se suma la inestabilidad laboral y el
recorte de personal.
“Las
garantías cada vez son menos. Mire, por ejemplo, con todo lo que está pasando
con el Acuerdo de Paz, no tenemos cómo movilizarnos; y si hay recorte de
personal, muchos líderes se van a quedar sin esquema de seguridad, sin ese
mínimo de garantías que se les puede brindar”, comentó Germán Legro Ovalle,
funcionario de la UNP.
Estas
acciones, denuncian integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC) y funcionarios de la
UNP, atentan contra las garantías de seguridad y el derecho al ejercicio político
que tienen los integrantes de este partido
político surgido de los acuerdos de paz.
“El
Gobierno central poco a poco ha tratado de desmontar todo lo que se acordó en
el Acuerdo de Paz. Las reivindicaciones de los trabajadores de la UNP se suman
a la falta de garantías y desprotección para la actividad política en los territorios
que tenemos como partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, denunció
Enrique Obrero.
Este
proceso de desfinanciación y falta de garantías para el trabajo de los miembros
de la UNP profundiza el riesgo que corren tanto excombatientes, como líderes y
lideresas sociales en los territorios, “y evidencia el poco compromiso del Gobierno
colombiano en su obligación de defender la paz y la vida en Colombia” concluyó Francisco
Gonzales”, miembro de FARC.
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