La democracia fue convertida en un banco que sirve de caja menor a la corrupción. Aunque el calificativo de “menor” se aparta de toda realidad, pues de manos de la clase política vivimos el saqueo más despiadado y descarado que entrega la soberanía a particulares e intereses corporativos transnacionales.
Si se desea ser un
demócrata ejemplar, hay que poseer el capital que permita entrar en ese círculo
selecto de gobernantes “elegidos por el pueblo”. Porque es así como el
sistema electoral colombiano traza las reglas del juego, tal como sucede con
los comités inscriptores que recogen firmas para inscribir candidatos sin
afiliarse a partido político alguno, iniciativas que son de carácter cívico,
comunitario y social, pero que también fueron tomadas por la clase política
corrupta para tratar de lavar su imagen al mostrarse como independientes o por
fuera de la corrupción que les ha lucrado.
Para
inscribir candidaturas por firmas la ley exige como garantía una “póliza de
seriedad” que, para el caso de candidaturas al Concejo, oscila entre 10 y 200 salarios mínimos mensuales vigentes. En el
caso de Palmira la póliza asciende a más de 80 millones de pesos (100 salarios), valor sobre
el cual el sistema financiero impone a su antojo un porcentaje a modo de
garantía (CDT) para expedirla.
Por
esta razón el comité inscriptor de Colombia Humana Nodo Palmira (Palmira
Humana), grupo significativo de ciudadanos que integra en la ciudad de
Palmira el movimiento político liderado por Ángela María Robledo y Gustavo
Petro, radicó el 5 de julio una acción de tutela contra La Previsora, compañía
de seguros que exige una contragarantía por el 70% del valor asegurado.
Si
tomamos como referente los 100 salarios mínimos mensuales, estaríamos hablando
de una contragarantía de más de 57
millones de pesos, un patrimonio que ningún ciudadano del común tendría como
prenda de garantía para adquirir la póliza, cuyo costo tendría un valor
aproximado, además de la contragarantía, de 5 millones de pesos o más, según estudio que elabora la compañía
aseguradora.
De
este modo el sistema financiero, en este caso la compañía aseguradora La
Previsora, aparece ejerciendo una posición de poder que condiciona la
participación política electoral al exigir la multimillonaria contragarantía,
conducta en la cual la Corte Constitucional, en Sentencia T-117/16, ordenó a La Previsora
abstenerse de incurrir nuevamente, en tanto que viola derechos fundamentales de
participación política.
Tal
como explica el abogado Carlos Cardona, apoderado de Palmira Humana, “el comité inscriptor se encuentra en una
condición de indefensión porque no tiene ninguna entidad a donde recurrir para
garantizar sus derechos políticos y evitar que La Previsora, en ejercicio de su
posición dominante, exija contragarantías que han sido expresamente prohibidas,
no solamente por el Consejo Nacional Electoral, sino también por la Corte
Constitucional”.
Sin
embargo, la aseguradora continúa exigiendo la multimillonaria contragarantía, afirmando,
a través del consultor de La Previsora Mauricio García Cortés, que el fallo de la
Corte Constitucional es solo una exhortación, “y que el exhorto es una mera invitación mas no es
un mandato”, afirmación alejada de la
realidad, puesto que el fallo exhorta es a la Superintendencia Financiera para
que informe regulando este tipo de conductas que atentan contra la
participación política, mientras que a La Previsora sí ordena abstenerse de
exigir contragarantías.
Estas
conductas evidencian que el sistema de inscripción de candidaturas mediante
recolección de firmas no cumple la función de abrir escenarios de participación
política a la gente del común, puesto que se convierte en un mecanismo para que
sean los grandes capitales, al igual que en el resto del sistema electoral, los
que se impongan.
“En
este caso, lo que está ocurriendo es que el Estado no está garantizando a las
personas el acceso a una Democracia, y
está trasladando este poder a las entidades privadas, y más que a las entidades
privadas, al sistema financiero. Y por supuesto, el sistema financiero no está
interesado en que se generen nuevos actores políticos, afirma Carlos
Cardona.
Hoy la
inscripción de candidaturas al Concejo de Palmira Humana se encuentra en
riesgo, ya que mientras esperan el fallo contra La Previsora, puede ocurrir que los tiempos no alcancen
para que cumplan con los requisitos de inscripción, para los cuales solo
hay plazo hasta el 27 de julio.
“El sector privado, específicamente el
sector financiero, es el que en últimas va a decidir sobre quiénes participan o
no en el sistema electoral, algo que atenta contra la democracia en Colombia”,
expresa el abogado de Palmira Humana.
Son
este tipo de situaciones, y otras discusiones más profundas, las que llevan a
pensar que la democracia en Colombia,
sus estructuras, reglas, controles, fantasías y promesas, fue un sistema
político que, al desconocer diferentes contextos, al parecer, nació jubilado
luego que siglos después saliera del ágora griega a predicar su evangelio sin importar el tipo de cultura, credo o cosmogonía de los pueblos latinoamericanos.
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