Palmira Humana entutela para inscribir candidaturas al Concejo

La inscripción de candidaturas al Concejo de Palmira Humana se encuentra en riesgo.

La democracia fue convertida en un banco que sirve de caja menor a la corrupción. Aunque el calificativo de “menor” se aparta de toda realidad, pues de manos de la clase política vivimos el saqueo más despiadado y descarado que entrega la soberanía a particulares e intereses corporativos transnacionales.

Si se desea ser un demócrata ejemplar, hay que poseer el capital que permita entrar en ese círculo selecto de gobernantes “elegidos por el pueblo”. Porque es así como el sistema electoral colombiano traza las reglas del juego, tal como sucede con los comités inscriptores que recogen firmas para inscribir candidatos sin afiliarse a partido político alguno, iniciativas que son de carácter cívico, comunitario y social, pero que también fueron tomadas por la clase política corrupta para tratar de lavar su imagen al mostrarse como independientes o por fuera de la corrupción que les ha lucrado.

Para inscribir candidaturas por firmas la ley exige como garantía una “póliza de seriedad” que, para el caso de candidaturas al Concejo, oscila entre 10 y 200 salarios mínimos mensuales vigentes. En el caso de Palmira la póliza asciende a más de 80 millones de pesos (100 salarios), valor sobre el cual el sistema financiero impone a su antojo un porcentaje a modo de garantía (CDT) para expedirla.

Por esta razón el comité inscriptor de Colombia Humana Nodo Palmira (Palmira Humana), grupo significativo de ciudadanos que integra en la ciudad de Palmira el movimiento político liderado por Ángela María Robledo y Gustavo Petro, radicó el 5 de julio una acción de tutela contra La Previsora, compañía de seguros que exige una contragarantía por el 70% del valor asegurado.

Si tomamos como referente los 100 salarios mínimos mensuales, estaríamos hablando de una contragarantía de más de 57 millones de pesos, un patrimonio que ningún ciudadano del común tendría como prenda de garantía para adquirir la póliza, cuyo costo tendría un valor aproximado, además de la contragarantía, de 5 millones de pesos o más, según estudio que elabora la compañía aseguradora.

De este modo el sistema financiero, en este caso la compañía aseguradora La Previsora, aparece ejerciendo una posición de poder que condiciona la participación política electoral al exigir la multimillonaria contragarantía, conducta en la cual la Corte Constitucional, en Sentencia T-117/16, ordenó a La Previsora abstenerse de incurrir nuevamente, en tanto que viola derechos fundamentales de participación política.

Tal como explica el abogado Carlos Cardona, apoderado de Palmira Humana, “el comité inscriptor se encuentra en una condición de indefensión porque no tiene ninguna entidad a donde recurrir para garantizar sus derechos políticos y evitar que La Previsora, en ejercicio de su posición dominante, exija contragarantías que han sido expresamente prohibidas, no solamente por el Consejo Nacional Electoral, sino también por la Corte Constitucional”.

Sin embargo, la aseguradora continúa exigiendo la multimillonaria contragarantía, afirmando, a través del consultor de La Previsora Mauricio García Cortés, que el fallo de la Corte Constitucional es solo una exhortación, “y que el exhorto es una mera invitación mas no es un mandato”, afirmación alejada de la realidad, puesto que el fallo exhorta es a la Superintendencia Financiera para que informe regulando este tipo de conductas que atentan contra la participación política, mientras que a La Previsora sí ordena abstenerse de exigir contragarantías.


Estas conductas evidencian que el sistema de inscripción de candidaturas mediante recolección de firmas no cumple la función de abrir escenarios de participación política a la gente del común, puesto que se convierte en un mecanismo para que sean los grandes capitales, al igual que en el resto del sistema electoral, los que se impongan.

“En este caso, lo que está ocurriendo es que el Estado no está garantizando a las personas el acceso a una Democracia, y está trasladando este poder a las entidades privadas, y más que a las entidades privadas, al sistema financiero. Y por supuesto, el sistema financiero no está interesado en que se generen nuevos actores políticos, afirma Carlos Cardona.

Hoy la inscripción de candidaturas al Concejo de Palmira Humana se encuentra en riesgo, ya que mientras esperan el fallo contra La Previsora, puede ocurrir que los tiempos no alcancen para que cumplan con los requisitos de inscripción, para los cuales solo hay plazo hasta el 27 de julio.

El sector privado, específicamente el sector financiero, es el que en últimas va a decidir sobre quiénes participan o no en el sistema electoral, algo que atenta contra la democracia en Colombia”, expresa el abogado de Palmira Humana.

Son este tipo de situaciones, y otras discusiones más profundas, las que llevan a pensar que la democracia en Colombia, sus estructuras, reglas, controles, fantasías y promesas, fue un sistema político que, al desconocer diferentes contextos, al parecer, nació jubilado luego que siglos después saliera del ágora griega a predicar su evangelio sin importar el tipo de cultura, credo o cosmogonía de los pueblos latinoamericanos.

Por: Alexander Escobar

Publicar un comentario

[disqus][facebook][blogger]

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget