Que las personas
estén preocupadas por gastar lo poco que tienen en el pago de servicios
públicos, significa el grado de chantaje y criminalidad
de un modelo económico que privatizó derechos esenciales para la vida y
naturalizó esta infamia en la mentalidad de la población.
El problema aquí no
radica en si hay o no recursos para congelar el pago de servicios públicos, el problema radica en que, sí o sí, toca
hacerlo para garantizar la vida de la población que debe priorizar lo poco
que le queda, después de quedarse sin trabajo, para comprar alimentos.
Debido a la calamidad
social y económica, la gente dejará de pagar servicios públicos, no tendrá cómo
hacerlo luego de ser exprimidas en esta última facturación, y por tanto el
Estado tendrá que intervenir las empresas prestadoras dentro de poco. Lo hará inyectando capital, al igual que lo
ha hecho con los bancos, para garantizar su negocio y desangre de la población.
Por ello, durante el
tiempo que dure la pandemia, desde ya debe plantearse la necesidad de intervenir las empresas prestadoras de servicios públicos, pero con el enfoque
social, no mercantilista, que le permita garantizar estos servicios
fundamentales a la población, a la vez que destine los recursos y desarrolle formas
de trabajo solidario que permitan minimizar costos para congelar el pago de
servicios.
En la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca) esta exigencia ya circula. A través de un comunicado,
bajo el título “Cobrar servicios públicos es un acto contra la vida y la
dignidad”, la comunidad palmirana además plantea que existe el riesgo latente
de alteraciones del orden público que se generaría por la frustración de no
poder alimentar a sus familias.
“Esta medida de
atención evitaría la inconformidad ciudadana y la alteración del orden público,
pues no hay efecto más frustrante que el
sentimiento de engaño a una población que estará siendo obligada a pagar
servicios públicos cuando se quedará sin comida”, reza el comunicado (ver documento).
Pero mientras la
comunidad exige la única solución posible para mitigar la crisis, de manera
momentánea, el Concejo de este municipio adelanta gestión para mantener el
negocio de los servicios públicos, buscando solo rebajas en el pago, dejando a
la población endeudada en presente y futuro y sin ingresos para abastecerse de
comida.
Según comunicado oficial,
el Concejo le solicitará al Alcalde: “Que el municipio de Palmira gestione ante
la Comisión de regulación de servicios públicos para rebajar la tarifa del
servicio de Agua, Energía y Aseo en la ciudad” (ver comunicado).
Quizá haya buena
intención en la postura del Concejo, creyendo que lo hacen porque de verdad no
han dimensionado lo que significa enfrentarnos a una Pandemia que puede borrar,
y lo está haciendo en otros países, a todo un sector poblacional del municipio,
de Colombia, del planeta.
Alcaldes,
Gobernadores, Concejos municipales, Asambleas Departamentales, Congreso de la
República, si hubo un momento en la vida
donde se requirió decisiones radicales para salvaguardar la vida, es éste. Por
favor, ¡qué falta para entender que nos enfrentamos a una pandemia!
Ha echar lápiz,
proyecciones, estadísticas para presentar y exigir soluciones de emergencia al
Gobierno Nacional para congelar el pago de servicios públicos como primera
medida.
Por mi parte no pagaré recibos, hacerlo implicaría dejar de comer
en casa. Y tampoco tengo forma de pagar los que se vienen. Esta es la realidad
de la gente del común en estos momentos.
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