FARC exige gratuidad de servicios públicos por tres meses

Decreto 440 de 2020 descongeló recursos del Estado colombiano sin saber de qué modo serán invertidos. Hasta el momento el Gobierno ha preferido salvar el sector financiero, los bancos, y no salvar la vida de la población.


Este miércoles, 25 de marzo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) exigió al Gobierno colombiano un “Plan de Choque Social por 100 días”, a través de un documento que contiene nueve puntos para salvaguardar la vida y dignidad de la población.


Las exigencias se dan luego de no existir ninguna medida social estructural que mitigue el impacto causado por la pandemia que amenaza al mundo, y después de la expedición del decreto 444 de 2020 que descongeló recursos del Estado sin saber de qué modo serán invertidos. Hasta el momento el Gobierno ha preferido salvar el sector financiero, los bancos, y no salvar la vida de la población.

“Las respuestas del Gobierno Nacional, más allá de decretar el aislamiento, son tímidas y tienden a privilegiar los negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos, así en su retórica se afirme lo contrario”, afirma la FARC

Algunas de las exigencias del Plan de Choque de la FARC incluyen la gratuidad de servicios públicos por tres meses (incluido internet); protección del empleo mediante subsidio de nóminas asumido por el Estado; subsidios para quienes no tienen empleo y para el trabajo informal; provisión gratuita de medicinas y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.


Para la FARC estas medidas de choque están formuladas para atender “las condiciones de injusticia e iniquidad” creadas por el sistema político y económico capitalista que privilegia el lucro desmedido por encima de la vida, la salud y la dignidad. Para su implementación existen “numerosas posibilidades”.

“La organización productiva no puede tener como finalidad exclusiva la generación de ganancias, sino la eliminación de las condiciones de injusticia e inequidad. La Política fiscal y monetaria, moviéndose en el marco del orden constitucional vigente, ofrece numerosas posibilidades para ello, que hoy poseen plena vigencia y deben ser consideradas”, indica el documento.

Redacción REMAP


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