Prisioneros denuncian delicada situación en las cárceles del país





Por:  José Marulanda


El sábado 21 de marzo internos de los principales centros penitenciarios del país, entre ellos la Cárcel La Modelo y La Picota en Bogotá, se amotinaron en algunos de los patios de esas cárceles buscando fugarse de las mismas. Según la denuncia del Defensor de Derechos Humanos David Ravelo, quien está privado de la libertad sin haber iniciado su juicio, la guardia del Instituto Nacional Penitenciario INPEC disparó contra los internos de los patios 4 y 5 de la Cárcel La Modelo, y que según el balance entregado por la Ministra de Justicia Margarita Cabello, dejó un saldo trágico de 23 internos muertos y más de 83 heridos. Aunque los internos afirman que fueron más de 40 los reclusos asesinados.

Desde que llegó el Covid-19 los privados de la libertad en Colombia le han pedido al Gobierno Nacional que declare la Emergencia Carcelaria, medida que acaba de ser tomada luego de la masacre al interior de La Modelo, pero que tiene reivindicaciones claras que ayudarían según lo internos de los centros penitenciarios a mejorar un poco la difícil situación. Las exigencias de los presos van encaminadas a dejar en libertad de los internos que ya han pagado las 3 quintas partes de su condena, ya han hecho los cursos de resocialización, conceder la casa por cárcel a las personas mayores de 60 años para que puedan recibir tratamientos médicos adecuados y evitar que sean contagiados por el Coronavirus, deportar a los detenidos a sus países de origen que hayan cumplido la mayoría de sus penas, pero sobre todo piden garantías de salud para que puedan ser tratados con dignidad frente a la posibilidad de que se contagien de este virus.

Todas estas exigencias de los reclusos han estado acompañadas de los deficientes servicios de salud que se les presta a los internos en Colombia, según reveló la periodista Diana López Zuleta en el portal La Nueva Prensa, en cada una de las cárceles del país solo hay un médico y un enfermero, y no todas cuentan con agua potable, la reportera incluso asegura que en las 134 cárceles del país hay 124.188 presos, no obstante, según el Instituto Penitenciario, la capacidad es de solo 80.156, es decir, el hacinamiento es del 54,9%.

La Fiscalía General de la Nación debe esclarecer lo sucedido, y las autoridades deben aprovechar la declaratoria de Emergencia Carcelaria para tomar medidas urgentes, informarles a las familias de los asesinados y a los heridos que fue lo que pasó, porque las denuncias contra el INPEC son muy graves y no pueden quedarse en letra muerta y mucho menos bajarle el perfil a la grave crisis humanitaria que se vive en Colombia


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