Por: José Marulanda
El sábado 21 de marzo internos de los
principales centros penitenciarios del país, entre ellos la Cárcel La Modelo y
La Picota en Bogotá, se amotinaron en algunos de los patios de esas cárceles
buscando fugarse de las mismas. Según la denuncia del Defensor de Derechos
Humanos David Ravelo, quien está privado de la libertad sin haber iniciado su
juicio, la guardia del Instituto Nacional Penitenciario INPEC disparó contra
los internos de los patios 4 y 5 de la Cárcel La Modelo, y que según el balance
entregado por la Ministra de Justicia Margarita Cabello, dejó un saldo trágico
de 23 internos muertos y más de 83 heridos. Aunque los internos afirman que
fueron más de 40 los reclusos asesinados.
Desde que llegó el Covid-19 los
privados de la libertad en Colombia le han pedido al Gobierno Nacional que
declare la Emergencia Carcelaria, medida que acaba de ser tomada luego de la
masacre al interior de La Modelo, pero que tiene reivindicaciones claras que
ayudarían según lo internos de los centros penitenciarios a mejorar un poco la
difícil situación. Las exigencias de los presos van encaminadas a dejar en
libertad de los internos que ya han pagado las 3 quintas partes de su condena,
ya han hecho los cursos de resocialización, conceder la casa por cárcel a las
personas mayores de 60 años para que puedan recibir tratamientos médicos
adecuados y evitar que sean contagiados por el Coronavirus, deportar a los
detenidos a sus países de origen que hayan cumplido la mayoría de sus penas,
pero sobre todo piden garantías de salud para que puedan ser tratados con
dignidad frente a la posibilidad de que se contagien de este virus.
Todas estas exigencias de los
reclusos han estado acompañadas de los deficientes servicios de salud que se
les presta a los internos en Colombia, según reveló la periodista Diana López
Zuleta en el portal La Nueva Prensa, en cada una de las cárceles del país solo
hay un médico y un enfermero, y no todas cuentan con agua potable, la reportera
incluso asegura que en las 134 cárceles del país hay 124.188 presos, no
obstante, según el Instituto Penitenciario, la capacidad es de solo 80.156, es
decir, el hacinamiento es del 54,9%.
La Fiscalía General de la Nación debe
esclarecer lo sucedido, y las autoridades deben aprovechar la declaratoria de
Emergencia Carcelaria para tomar medidas urgentes, informarles a las familias
de los asesinados y a los heridos que fue lo que pasó, porque las denuncias
contra el INPEC son muy graves y no pueden quedarse en letra muerta y mucho
menos bajarle el perfil a la grave crisis humanitaria que se vive en Colombia
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