abril 2020
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En estos tiempos difíciles cuando la humanidad no solo se enfrenta a una pandemia mundial, sino que además queda al descubierto la absurda desigualdad social que somete a la mayoría de la población al hambre y la pobreza extrema, es cuando más se necesitan expresiones de solidaridad.

Afortunadamente estas manifestaciones se siguen evidenciando todos los días, desde diversos sectores; muchos, con múltiples necesidades, se organizan para brindar un poco de alivio a la población más vulnerable.

Un ejemplo lo encontramos en dos estudiantes universitarios, Karen Grisales y David Bernal, de quienes surge la idea de hacer panes para ayudar a calmar un poco el hambre de cientos de personas en barrios de Cali y Palmira.

Para llevar esta iniciativa adelante buscaron ayuda por redes sociales, con amigos y conocidos, y encontraron respuesta en estudiantes, egresados, comunidad, instituciones y organizaciones sociales que aportaron dinero, insumo y manos para realizar los panes.

Con estas ayudas, se pusieron los delantales, se encendieron los hornos, – dedicados normalmente a hacer pizza, que es el negocio de David–, y en un bonito trabajo colectivo realizaron más de 500 panes.

Una de las organizaciones que apoya este proceso es la Cooperativa Multiactiva Rescatando Ilusiones para la Paz (Coopripaz), escenario donde convergen reincorporados de FARC y miembros de la comunidad, quienes se vincularon con algún dinero que lograron recolectar, y aportando también sus manos para ayudar a hacer el pan en unión para esta bonita causa.

Hoy domingo, 26 de abril, integrantes de Coopripaz llevaron al sector cancha de Las Veraneras, en la comuna 18 de Cali, 150 panes acompañados de un desayuno con huevos pericos y chocolate, un alivio para la población de este sector que padece la pobreza, el hambre y el olvido estatal en estos tiempos de pandemia.

A las 6 de la mañana se dieron cita para realizar la olla comunitaria, y de casa en casa, entregar el desayuno. “Nos dimos cuenta que acá no han llegado las ayudas del Gobierno; la gente tiene hambre, y aunque con esto no vamos a solucionar, sí ayudamos un poco a hacer más llevadera la situación tan delicada en que está la gente de este sector”, afirma Leonardo, representante legal de Coopripaz.
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Durante este periodo de aislamiento obligatorio, Coopripaz ha realizado de manera permanente entregas de mercados y ollas comunitarias para ayudar y acompañar a la comunidad de la comuna 20. En esta ocasión decidieron solidarizarse con los habitantes de la comuna 18, también zona de ladera de Cali, con múltiples necesidades.

Estas iniciativas solidarias ayudan un poco a menguar la difícil situación que cientos de familias, sin garantías mínimas para vivir, deben enfrentar en este aislamiento obligatorio por el Covid-19. La solidaridad en tiempos de pandemia, una esperanza en este difícil escenario que vivimos. 



Por: David Escobar

La pregunta que da el título a esta nota la expresó Jhon Faber Ramirez, Gerente de la Red de Salud del Centro de Cali, cuando le preguntamos qué elementos de protección para la prevención de contagios del nuevo coronavirus han sido entregados a los internos de la cárcel de Villahermosa por parte de la Secretaría de Salud, que es la autoridad sanitaria y administrativa del gobierno a nivel municipal.

“Los elementos de protección personal se utilizan para personal que atiende población. No para los internos. Y toda persona que tenga sintomatología respiratoria es aislada y se manejan unos protocolos de aislamiento (...) entonces no se entregan elementos de protección personal a diestra y siniestra a toda la población carcelaria (...) cuando usted hace la pregunta pareciera que manifestara que a toda persona que esté interna se le tiene que dar un tapabocas y eso no es así”, respondió el Gerente Ramírez.

La cuestión puede parecer trivial ante una mirada banal, sin embargo hay buenas razones y jurisprudencia para hablar al respecto.

Jhon Faber Ramírez fue designado y autorizado por la Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, para responder la entrevista que la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) realizó para esta nota. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gerente Ramírez respondió en nombre de la institución.

Según afirmó Ramírez, desde el inicio de la pandemia se ha mejorado la capacidad de atención en salud en Villahermosa, ampliando el personal con 6 médicos más. Durante este periodo en la cárcel se han realizado de 60 a 80 valoraciones médicas diarias. Entre la información entregada por Ramírez, hay algunos datos relevantes.

Durante la cuarentena en la cárcel de Villahermosa se han diagnosticado 9 personas con tos, 32 personas con rinofaringitis y tienen en este momento 76 pacientes diagnosticados con tuberculosis. A pesar de ello no se ha realizado ni la primera prueba de COVID-19 a los internos. Las razones, según explicó, es que primero que todo no hay pruebas rápidas disponibles en la ciudad, y segundo, que para hacerles las pruebas moleculares para detectar COVID-19, los internos deben cumplir con 2 requisitos: presentar síntomas y tener nexo epidemiológico. Además, afirmó que hasta el momento no se ha comprobado que ninguna persona que haya visitado la cárcel tenga resultado positivo para el nuevo Coronavirus. Es decir, no hacen pruebas porque no ha habido casos registrados, y viceversa: no han detectado casos porque no han hecho pruebas.

Esto deja varias preguntas: ¿acaso a los visitantes de Villahermosa se les exigió un “pasaporte de inmunidad” al ingreso a la cárcel? ¿Se realizaron pruebas de COVID-19 al ingreso antes de la suspensión de visitas? No. Un interno, quien en comunicación con REMAP pidió reserva de su nombre, afirmó que la autoridad de Villahermosa les dijo que no había internos contagiados. Sin embargo, nuestra fuente sostuvo que sí había pacientes con síntomas respiratorios que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían asociarse al nuevo coronavirus.

La fuente sostuvo que en Villahermosa suspendieron las visitas, como medida preventiva tomada por las autoridades carcelarias. Pero añadió que antes de suspenderlas, hubo visitas de personas venidas desde el exterior, entre quienes estaba una persona de Italia que fue a ver a un interno en la primera semana de marzo, cuando ya se había extendido la pandemia del nuevo coronavirus en ese país europeo. Sostuvo también que un par de semanas después aparecieron los primeros casos: cinco internos -quienes ya no se encuentran en el patio-, con dificultad respiratoria, dolor torácico, mialgia, artralgia y alza térmica (fiebre) mayor a 39 grados durante 5 días consecutivos. El diagnóstico inicial de uno de ellos fue neumonía, después tuberculosis.

Es importante traer a colación el caso de Plinio Tapiero, un recluso de 78 años, quien fue la segunda víctima mortal de Covid-19 en la cárcel de Villavicencio.  Pese a que Tapiero, según su hija Berta, nunca tuvo antecedentes de enfermedades pulmonares, el 7 de abril el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) afirmó que el recluso había muerto a causa de una supuesta tuberculosis; una enfermedad que tarda meses en desarrollarse.

Lo cierto es que en la prisión no hay posibilidades de distanciamiento social, lo cual crea las condiciones para que haya una alta posibilidad de contagio. Según conoció REMAP, la guardia del INPEC entra y sale de los patios sin ninguna restricción, e incluso a veces sin tapabocas. Además, la base de datos del INPEC reporta que esta cárcel tiene capacidad para 2.046 internos, y actualmente tiene 5.820, lo cual equivale a una sobrepoblación de 3.774 prisioneros, y un hacinamiento del 184%, aunque según el personero Municipal Harol Andrés Cortez, esta superpoblación hoy supera el 300%, lo cual es grave en la situación de pandemia que vive el país.

No hay condiciones dentro de los patios para aislar pacientes respiratorios. En algunos patios –afirma la fuente- los internos comparten colchonetas y duermen hasta en el baño. Los elementos de higiene y protección personal con los que cuentan son algunos antibacteriales y tapabocas sencillos, donados por los familiares de los internos, los cuales han tenido que reutilizar desde hace varias semanas.

En cuanto a la jurisprudencia que sustenta la entrega de la debida protección a los internos de Villahermosa, acá hay algunas notas que la oficina jurídica de la Secretaría de Salud debería conocer:

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander, al estudiar una tutela presentada en el marco de la pandemia, por la Defensoría Regional de Santander, en la que se recopila detalladamente cada llamado a las autoridades departamentales y municipales -ninguno fructífero hasta la fecha- para solucionar las condiciones en por lo menos seis cárceles de Santander, en las cuales se pedía desde hace meses tomar medidas de protección para los internos y el personal del INPEC, ordenó “que se les garantice los elementos necesarios para afrontar la crisis como tapabocas, guantes, antibacterial, jabones, límpido, entre otros, durante todo el periodo que dure la emergencia social y sanitaria”. 

2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales ordenó a “la Alcaldía y la Gobernación de Caldas, el INPEC y la USPEC  (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que deberán "continuar suministrando elementos sanitarios y de aseo, tales como jabones, gel antibacterial y tapabocas a la población privada de la libertad del EPMSC (Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad) de Manizales durante y hasta tanto se supere la pandemia del COVID-19 (...)".

Además, detalla la decisión que: “No podría afirmarse categóricamente que se han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, igualdad, integridad personal, y seguridad personal de los accionantes como tampoco del grupo poblacional al que se hecho alusión. Sin embargo, mal haría este juzgado en desconocer que una deficiencia en las actividades de prevención, control y manejo de la enfermedad del COVID-19, podría llegar a generar la vulneración de los mencionados derechos con la consecuente ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

3. El Gobierno Nacional informó que durante la fase de mitigación por la que atraviesa el país (en la que cualquier persona es potencialmente portadora del virus) será obligatorio el uso de tapabocas convencional en la población en general. El Ministerio de Salud resalta la medida en los siguientes lugares:
- En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.

ADENDA:

Mientras la situación carcelaria de Cali es una bomba de tiempo, el Alcalde Jorge Iván Ospina declara que va a enviar a prisión a los pacientes contagiados de COVID-19 que incumplan la cuarentena. ¡Es la fórmula del desastre!






Un médico muerto, tres trabajadores de la salud contagiados con diagnóstico positivo para COVID-19, y al menos 15 más esperando resultados en el Hospital Mario Correa.


Además del Dr. Jesús Antonio Cabrales -quien murió como resultado del contagio de COVID-19, siendo médico del Hospital Mario Correa de Cali-, entre el personal de salud de dicha institución hay otros tres casos de trabajadores con diagnóstico positivo. Del mismo modo hay al menos 15 trabajadores esperando resultados de la prueba, entre ellos algunos con nexo epidemiológico, presentan síntomas que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían asociarse al nuevo coronavirus.

Esto refuta las declaraciones del Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, quien aseguró en entrevista publicada el 15 de abril en la Revista Semana que “los resultados de las pruebas de covid-19 ya están al día y que los colombianos tienen que creer en el Estado (...) El ministro aclaró que la realidad hasta al (sic) momento esque la curva de contagio está aplanándose y que ya los resultados de laspruebas van al día”. La mentira y el ocultamiento están en la raíz de los problemas.

El Hospital Mario Correa no ha publicado información actualizada a la fecha, que de cuenta de la cantidad de personal de salud contagiado de coronavirus en dicha institución. Sin embargo, en el comunicado que publicó el 15 de abril a raíz de la muerte del galeno, afirma que:


Carolina Cabrales, hija del Dr. Cabrales (QEPD), cuestionó de esta forma el comunicado del Hospital:

“Mi padre llegó a Cali el 16 de feb 2020 y el mismo día empezó a trabajar en el Hospital Mario Correa Rengifo, donde se atiende a una población vulnerable. Allí trabajó hasta el 22 de marzo donde empezó a sentirse enfermo. Ese día consultó, le tomaron la prueba para el COVID-19 y 6 días después la prueba salió positiva. Durante todo este tiempo mi papá estuvo aislado en el lugar de su residencia. Mis familiares que vivían con él les hicieron la prueba y gracias a Dios salieron negativos. Una semana después mi papá ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos, por disnea, persistencia de fiebre.

Expreso indignación por la forma en que los medios de comunicación están tratando al personal de salud (...) que no hablan de la negligencia administrativa, y que no se están haciendo las investigaciones adecuadas. Por esto yo exijo al gerente del Hospital Mario Correa, que muestre las evidencias que tiene para decir que mi papá tuvo un contagio externo. En las imágenes de un noticiero vemos pacientes y familiares en uno de los pasillos sin ningún tipo de protección ¿Serían estos casos asintomáticos? Le dejo la respuesta al gerente del Hospital. 

Mi papá durante ese tiempo que estuvo laborando atendió más de 700 pacientes. ¿A todos estos pacientes se les hicieron pruebas de COVID-19, para que el gerente saque un comunicado y diga que mi padre tuvo un contagio externo? (...) Espero que el hospital saque un comunicado con todas las evidencias que tiene”.

Actualmente, el personal de salud del Hospital Mario Correa se encuentra amordazado por orden de sus directivas. Desde el 16 de abril -al día siguiente del comunicado sobre la muerte del Dr. Cabrales-, enviaron otro comunicado (esta vez interno), con el que le impiden a los trabajadores de este centro de salud dar declaraciones ante los medios de comunicación e informar a través de sus redes sociales personales acerca de la situación interna del Hospital, lo cual incrementa la desinformación y el riesgo.

Por miedo a perder el puesto y por lo tanto el sustento, muchos trabajadores no hablan al respecto,  aseguró una fuente, quien pidió reserva de su nombre, en comunicación con REMAP. Nuestra fuente también afirmó que el Hospital Mario Correa entregó a sus empleados mascarillas N95 y los Elementos de Protección Personal (EPP), adecuados para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus SARS-CoV-2, apenas hace un par de semanas, cuando ya se habían presentado los primeros casos positivos de COVID-19, y más de una semana después de que en Colombia se hubiera decretado la cuarentena como medida de contención de la pandemia.

El Equipo de REMAP obtuvo copia del comunicado enviado por las directivas del Hospital en el que censuran a los trabajadores, el cual se publica junto a esta nota.





Requiem

En la clínica Cristo Rey en Cali, actualmente han sido confirmados, mediante prueba diagnóstica, 8 casos de personal de salud contagiado con COVID-19. En un contexto donde, en menos de una semana han muerto 5 trabajadores del área de la salud (cuatro médicos y un conductor de ambulancia) por el nuevo coronavirus, urge poner la lupa sobre las medidas tomadas por las instituciones médicas, la protección a sus trabajadores y pacientes, y la responsabilidad social para tratar focos de contagio en la segunda ciudad con más casos registrados a nivel nacional.

Al respecto realicé una entrevista a una fuente reservada, la cual transcribo en este artículo. La reserva de la fuente se debe al temor a las represalias que pueden tener las fuentes, por contravenir un lineamiento de la Asociación Colombiana del Hospitales y Clínicas (ACHC), en la circular ACHC 016 – Marzo 6 de 2020,  el cual establece que “la información hacia la opinión pública sobre casos sospechosos y confirmados la hará directamente el Ministerio de Salud. Las IPS deben evitar difundir comunicados sobre casos confirmados o sospechosos”. Considero que dicho lineamiento ejerce una censura velada sobre información de interés público y por tanto sería inconstitucional.

¿Cuáles son las medidas que ha tomado la clínica para la prevención [del COVID-19]?

El 18 de marzo nos dieron un tapabocas N95 que nos debía durar un mes. Estamos esperando a ver si el 18 de abril nos renuevan el tapabocas.

Además del tapabocas que debía durar un mes, ¿qué otras medidas han tomado en la clínica para prevenir los contagios?

Nos enviaron a aislamiento después de que se dieron cuenta que la enfermera jefe había dado positivo para COVID. La cuestión es que la jefe tenía síntomas desde el 14 (de marzo) y los tapabocas los dieron el 18 (de marzo). También se adecuó un piso exclusivo para pacientes con diagnóstico de COVID que requirieran UCI u hospitalización, y un servicio para pacientes con síntomas respiratorios. La verdad desconozco si al personal que está en esas áreas les están dando los implementos EPP (Elementos de Protección Personal).

¿Cuál es la hipótesis de contagio?

Aparentemente la jefe se contagió por fuera. Para esa época no se habían recibido pacientes respiratorios.

¿Y los demás se contagiaron a partir del nexo con la jefe?

Sí, ella estaba muy sintomática e iba a trabajar así. A ellas les ponen mucho problema para faltar.

¿En qué fecha diagnosticaron a las 8 personas contagiadas?

La primera semana de abril más o menos.

El aislamiento al que les mandaron tras los diagnósticos ¿fue a todo el personal o solo a los diagnosticados?

A los que presentaban algún síntoma respiratorio en el momento y que cumplían con el criterio de contacto estrecho.

¿En qué fecha les mandaron el aislamiento?

El 25 de marzo [11 días después de que la enfermera jefe empezara a presentar síntomas].

¿Cuántos días habían pasado desde los diagnósticos hasta cuando decidieron aislarles?

No han querido decir bien cuando fue la fecha en que se dio el resultado de la jefe. A nosotros nos informaron el 24 a las 11 de la noche, y el 25 ya no volvimos por el aislamiento.

¿El aislamiento fue en casa?

Sí.

¿Las personas contagiadas de qué áreas eran?

Cirugía

¿Todos y todas?

Todos, incluyendo a la jefe, que fue la primera.

¿Esta área fue cerrada, suspendida o clausurada temporalmente?

Sólo quedó un quirófano, máximo dos, por la falta de personal que estaba en aislamiento.

¿Y esto se debió a la falta de personal o fue un cierre total por la situación de riesgo? Me refiero a si el área como tal paró su funcionamiento totalmente, o quedaron algunos trabajadores ahí ejerciendo sus labores.

Quedaron trabajadores ejerciendo su labor. La clínica es de trauma, cirugía es uno de los servicios que más dinero le proporciona, no iban a parar del todo.

¿Y estaban dotados de equipos de protección personal de acuerdo a los lineamientos de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) [1]?

Sólo el tapabocas y guantes para procedimientos y contacto con los pacientes.

¿Máscara de acrílico les dieron?

Hay dos en cada quirófano

¿Dos máscaras para cuantos trabajadores por quirófano?

En cada quirófano hay 5 personas, pero al ingresar a trabajar nos dan a cada uno unas monogafas que debemos devolver al acabarse el contrato o renunciar.

Además de eso, ¿les dan trajes desechables?

A nosotros no.

¿Se han confirmado más casos de personal de salud contagiado, o de particulares contagiados, desde el aislamiento?

No

De los contagiados en aislamiento ¿hay alguien en UCI?

Ninguno

¿La clínica ha emitido algún comunicado al respecto?

No, ninguno.

¿Esta clínica atiende particulares?

No, sólo urgencias.

Me comuniqué con la Clínica Cristo Rey, y confirmé que el área de Urgencias estuvo funcionando sin interrupción durante toda la cuarentena. Esto contrasta con el anuncio de cierre temporal de la UCI del Centro Policlínico del Olaya por brote de COVID-19, hecho por la  Secretaría Distrital de Salud (Bogotá), desde el 12 de abril, tras detectar un brote activo y cadena de transmisión del COVID-19 en profesionales de la salud de esa institución médica.

El 15 de abril, mientras escribía esta nota, fui informado del caso de un auditor médico quien se habría contagiado de COVID-19 junto a una auxiliar de enfermería, tras haber asistido a una entrevista laboral en la clínica Santa Sofía, Buenaventura. El auditor médico se encuentra en la UCI de la Fundación Valle del Lili, y su madre, también contagiada, se encuentra en otra UCI en Buenaventura.

El mismo 15 de abril, el Ministerio de Salud informó acerca de la muerte de 2 médicos en la ciudad de Cali, debido a COVID-19: “Lamentamos informar el fallecimiento, a causa de coronavirus, de dos médicos en la ciudadde Cali. Quienes mueren luchando por la vida de otros merecen todo el reconocimiento. Expresamos nuestras condolencias a sus familias y personas cercanas”. Los médicos fallecidos, a quienes hace referencia el comunicado, son Oscar González de Comfenalco, y Jesús Antonio Cabrales del Hospital Mario Correa.

A la luz de las muertes del personal de salud, los lamentos suenan vacíos, teniendo en cuenta el contexto en el que ocurren estos graves hechos. Ya Noticias UNO había informado, en la nota “Asociaciones médicas denuncian amenazas de despido por expresar opiniones diferentes a la oficial”, que del personal de salud en Colombia, “el 93 % no tiene trajes de bioprotección, el 89% no tiene escudo facial y el 88% no tiene tapabocas”.

Por varios medios intenté comunicarme con la Secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, para preguntarle en qué ha consistido la vigilancia y supervisión de las medidas de protección de los trabajadores de la salud en la Clínica Cristo Rey, Comfenalco, Hospital Mario Correa y en general en los centros de salud de la ciudad. También quería saber qué porcentaje o cuántos de los casos de contagiados en Cali corresponden a personal de salud; cuántas y cuáles áreas de las clínicas que han sido foco de contagio han sido suspendidas temporalmente; pero hasta la publicación de esta nota no obtuve respuesta.


En Cartagena, Zarzal y otras ciudades del país, se vienen presentando renuncias masivas de médicos, por no contar con elementos de protección para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus.

En el marco de estas luchas por las condiciones necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus, más de 200 clínicas (con cerca de 2.000 UCI) agrupadas en UNips, se opusieron a asumir la responsabilidad que les trasladó el Gobierno de dotar de elementos de protección al personal de salud, dada la crisis económica que afrontan. Según una nota que realizó Noticias RCN al respecto, “muchas de las instituciones están con menos del 30% de ocupación y las EPS les deben millonarias cifras que dicen no les permite atender la emergencia. Asegura que no pueden aceptar la responsabilidad de dotar de elementos de protección al personal de salud. Según estas instituciones, no han recibido un peso de los desembolsos anunciados por el Gobierno y con las bajas ocupaciones que tienen en estos momentos por culpa de la pandemia, no tienen recursos para atenderla”.

Requiescat in pace Sistema de Salud colombiano. Nuestros gobernantes no han soñado con un sistema de salud como el de Inglaterra, Canadá, o Cuba. Desde la creación de la Ley 100, han soñado con la réplica del modelo neoliberal de la salud de los Estados Unidos, epicentro de la pandemia que a la fecha tiene registrados 619.607 personas contagiadas de Covid-19, de las cuales 27.760 han muerto.





[1] Ver “Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID 19 en establecimientos de atención de la salud. Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia”. Publicado en: 





La Asociación de Familiares de los Presos de las cárceles del Suroccidente Colombiano se pronuncian por la preocupante situación que viven sus seres queridos; responsabilizan al Gobierno colombiano de las muertes que han ocurrido y las que puedan ocurrir en el contexto de la propagación del Covid 19 y advierten que no se quedarán en sus casas mientras sus familiares mueren en prisión. 

A continuación, reproducimos el comunicado de la Asociación de Familiares de los Presos del Suroccidente Colombiano (AFAPRESUC).

La asociación de familiares de los presos del Suroccidente Colombiano AFAPRESUC a través de ésta carta abierta dirigida al Presidente de la República y demás entes, tanto de justicia como de control comunica al mundo lo siguiente:

Primero: Que desde ya hacemos responsable al Estado Colombiano representado por el gobierno nacional y su institucionalidad por la muerte de todos los presos de Colombia ocurridas desde el 21 de marzo hacía acá, donde muchos de ellos murieron masacrados por el INPEC y los otros han muerto por el COVID 19 en las cárceles la modelo de Bogotá y Villavicencio respectivamente.

Segundo: que hacemos responsable al gobierno del Presidente Iván Duque y a todo su gabinete, al director general del INPEC, al Fiscal General de la Nación y a la Ministra de Justicia por si alguno de nuestros familiares recluidos en las cárceles de Colombia llegase a ser contaminado o muerto por el Coronavirus. Sepan que ustedes cargarán con el peso de sus muertes por no evitarlas a tiempo tomando las medidas y protocolos que impidieran el contagio.
Tercero: Que de continuar extendiéndose a otras cárceles del país el contagio del COVID 19 sin que el Presidente de la República, la señora ministra de justicia y los entes de control garanticen la salud y la vida a nuestros familiares presos, nosotros como familiares vamos a romper la cuarentena para en una sola voz de protesta tomarnos las cárceles en busca de nuestros seres queridos porque no los vamos a dejar morir allá bajo la mirada indolente de ustedes y la represión del INPEC.

Cuarto: Invitamos al cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC a sumarse a nuestra justa causa por el derecho a la vida, porque ayudar a nuestros familiares presos es ayudarse ustedes mismos y ayudar a sus propias familias, porque el COVID 19 no está mirando si es pobre o es rico, o si es preso o es guardián, a todos ataca por igual; entiendan que ustedes son la correa transmisora del virus a la cárcel; y miren que ustedes están trabajando al servicio del Estado y ni implementos de bioseguridad les tienen garantizado.

Quinto: Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para que exija al gobierno nacional la excarcelación por razones humanitarias a toda la población reclusa que cumple con los requisitos y que ante tal crisis sanitaria y por ley se les debe conceder la prisión domiciliaria.

Sexto: Exigimos la expedición del decreto de excarcelación YA; y, que para los demás presos que no son beneficiados de dicha excarcelación, se les conceda una rebaja de penas de un 20% sin ninguna exclusión. De esta forma, muchos de nuestros familiares que ya llevan años en la cárcel podrían aliviar sus penas o recuperar su libertad.

Finalmente convocamos a todos los familiares de los presos de Colombia a que rompamos el silencio, a que nos pronunciemos, a que denunciemos y que si nos toca romper la cuarentena en algún momento para tomarnos las cárceles en busca de nuestros familiares presos lo hagamos, porque no podemos dejar que se nos sigan muriendo en prisión.

" La libertad y la vida de ellos, también es nuestra libertad".


Asociación de Familiares de los Presos del Suroccidente Colombiano

Carta abierta dirigida a:
CARTA ABIERTA
Señores:
Iván Duque Márquez
Presidente.
Ministerio de justicia y del Derecho.
Fiscal General de la Nación.
Procurador General de la Nación.
Defensor Nacional del Pueblo.
Director General del INPEC.
E.S.D


El 23 de marzo de 2020, mediante el decreto 464 el Gobierno colombiano declaró como “servicios públicos esenciales” los servicios de telecomunicaciones y televisión. Sin embargo, el decreto solo estableció reglas para los planes de telefonía móvil prepago y pospago, dejando excluido los servicios de internet, telefonía y televisión residencial.

Al percatarse de ello, Alexander Escobar, periodista de REMAP, elevó consultas buscando proteger la prestación de estos servicios esenciales en tiempos de cuarentena, preguntando si su prestación en las residencias podía suspenderse cuando un usuario presentara retraso en el pago de las facturas.

Una de las primeras instituciones del Estado en responder fue la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, organismo que, por su respuesta, deja claro que no hay protección alguna en medio de esta crisis y tragedia que afronta el pueblo colombiano durante su confinamiento.

Explica la Defensoría del Pueblo que, “según informan los operadores, pueden los operadores por ahora suspender el servicio”, agregando que esto sucederá hasta que “no se pronuncie el Gobierno mediante Decreto y les den otras directrices”.


“Según la respuesta de este organismo, estamos gobernados por estas transnacionales, pues son las que son consultadas y las que deciden sobre nuestros destinos en tiempos donde la sociedad colombiana sobrevive a una pandemia, en medio de un confinamiento sin garantías donde el lucro se antepone a la vida. Si un servicio público es declarado como esencial no puede ser cortado. Esto no tiene presentación y debe indignar a todo el pueblo colombiano”, declaró Alexander Escobar frente a la respuesta.

La consulta también fue elevada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Presidencia de la República. Dentro de pocos días se espera respuesta.

Redacción REMAP


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