“¿Por qué razón deberíamos entregar elementos de protección a los internos?”

Por: David Escobar

La pregunta que da el título a esta nota la expresó Jhon Faber Ramirez, Gerente de la Red de Salud del Centro de Cali, cuando le preguntamos qué elementos de protección para la prevención de contagios del nuevo coronavirus han sido entregados a los internos de la cárcel de Villahermosa por parte de la Secretaría de Salud, que es la autoridad sanitaria y administrativa del gobierno a nivel municipal.

“Los elementos de protección personal se utilizan para personal que atiende población. No para los internos. Y toda persona que tenga sintomatología respiratoria es aislada y se manejan unos protocolos de aislamiento (...) entonces no se entregan elementos de protección personal a diestra y siniestra a toda la población carcelaria (...) cuando usted hace la pregunta pareciera que manifestara que a toda persona que esté interna se le tiene que dar un tapabocas y eso no es así”, respondió el Gerente Ramírez.

La cuestión puede parecer trivial ante una mirada banal, sin embargo hay buenas razones y jurisprudencia para hablar al respecto.

Jhon Faber Ramírez fue designado y autorizado por la Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, para responder la entrevista que la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) realizó para esta nota. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gerente Ramírez respondió en nombre de la institución.

Según afirmó Ramírez, desde el inicio de la pandemia se ha mejorado la capacidad de atención en salud en Villahermosa, ampliando el personal con 6 médicos más. Durante este periodo en la cárcel se han realizado de 60 a 80 valoraciones médicas diarias. Entre la información entregada por Ramírez, hay algunos datos relevantes.

Durante la cuarentena en la cárcel de Villahermosa se han diagnosticado 9 personas con tos, 32 personas con rinofaringitis y tienen en este momento 76 pacientes diagnosticados con tuberculosis. A pesar de ello no se ha realizado ni la primera prueba de COVID-19 a los internos. Las razones, según explicó, es que primero que todo no hay pruebas rápidas disponibles en la ciudad, y segundo, que para hacerles las pruebas moleculares para detectar COVID-19, los internos deben cumplir con 2 requisitos: presentar síntomas y tener nexo epidemiológico. Además, afirmó que hasta el momento no se ha comprobado que ninguna persona que haya visitado la cárcel tenga resultado positivo para el nuevo Coronavirus. Es decir, no hacen pruebas porque no ha habido casos registrados, y viceversa: no han detectado casos porque no han hecho pruebas.

Esto deja varias preguntas: ¿acaso a los visitantes de Villahermosa se les exigió un “pasaporte de inmunidad” al ingreso a la cárcel? ¿Se realizaron pruebas de COVID-19 al ingreso antes de la suspensión de visitas? No. Un interno, quien en comunicación con REMAP pidió reserva de su nombre, afirmó que la autoridad de Villahermosa les dijo que no había internos contagiados. Sin embargo, nuestra fuente sostuvo que sí había pacientes con síntomas respiratorios que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían asociarse al nuevo coronavirus.

La fuente sostuvo que en Villahermosa suspendieron las visitas, como medida preventiva tomada por las autoridades carcelarias. Pero añadió que antes de suspenderlas, hubo visitas de personas venidas desde el exterior, entre quienes estaba una persona de Italia que fue a ver a un interno en la primera semana de marzo, cuando ya se había extendido la pandemia del nuevo coronavirus en ese país europeo. Sostuvo también que un par de semanas después aparecieron los primeros casos: cinco internos -quienes ya no se encuentran en el patio-, con dificultad respiratoria, dolor torácico, mialgia, artralgia y alza térmica (fiebre) mayor a 39 grados durante 5 días consecutivos. El diagnóstico inicial de uno de ellos fue neumonía, después tuberculosis.

Es importante traer a colación el caso de Plinio Tapiero, un recluso de 78 años, quien fue la segunda víctima mortal de Covid-19 en la cárcel de Villavicencio.  Pese a que Tapiero, según su hija Berta, nunca tuvo antecedentes de enfermedades pulmonares, el 7 de abril el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) afirmó que el recluso había muerto a causa de una supuesta tuberculosis; una enfermedad que tarda meses en desarrollarse.

Lo cierto es que en la prisión no hay posibilidades de distanciamiento social, lo cual crea las condiciones para que haya una alta posibilidad de contagio. Según conoció REMAP, la guardia del INPEC entra y sale de los patios sin ninguna restricción, e incluso a veces sin tapabocas. Además, la base de datos del INPEC reporta que esta cárcel tiene capacidad para 2.046 internos, y actualmente tiene 5.820, lo cual equivale a una sobrepoblación de 3.774 prisioneros, y un hacinamiento del 184%, aunque según el personero Municipal Harol Andrés Cortez, esta superpoblación hoy supera el 300%, lo cual es grave en la situación de pandemia que vive el país.

No hay condiciones dentro de los patios para aislar pacientes respiratorios. En algunos patios –afirma la fuente- los internos comparten colchonetas y duermen hasta en el baño. Los elementos de higiene y protección personal con los que cuentan son algunos antibacteriales y tapabocas sencillos, donados por los familiares de los internos, los cuales han tenido que reutilizar desde hace varias semanas.

En cuanto a la jurisprudencia que sustenta la entrega de la debida protección a los internos de Villahermosa, acá hay algunas notas que la oficina jurídica de la Secretaría de Salud debería conocer:

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander, al estudiar una tutela presentada en el marco de la pandemia, por la Defensoría Regional de Santander, en la que se recopila detalladamente cada llamado a las autoridades departamentales y municipales -ninguno fructífero hasta la fecha- para solucionar las condiciones en por lo menos seis cárceles de Santander, en las cuales se pedía desde hace meses tomar medidas de protección para los internos y el personal del INPEC, ordenó “que se les garantice los elementos necesarios para afrontar la crisis como tapabocas, guantes, antibacterial, jabones, límpido, entre otros, durante todo el periodo que dure la emergencia social y sanitaria”. 

2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales ordenó a “la Alcaldía y la Gobernación de Caldas, el INPEC y la USPEC  (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que deberán "continuar suministrando elementos sanitarios y de aseo, tales como jabones, gel antibacterial y tapabocas a la población privada de la libertad del EPMSC (Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad) de Manizales durante y hasta tanto se supere la pandemia del COVID-19 (...)".

Además, detalla la decisión que: “No podría afirmarse categóricamente que se han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, igualdad, integridad personal, y seguridad personal de los accionantes como tampoco del grupo poblacional al que se hecho alusión. Sin embargo, mal haría este juzgado en desconocer que una deficiencia en las actividades de prevención, control y manejo de la enfermedad del COVID-19, podría llegar a generar la vulneración de los mencionados derechos con la consecuente ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

3. El Gobierno Nacional informó que durante la fase de mitigación por la que atraviesa el país (en la que cualquier persona es potencialmente portadora del virus) será obligatorio el uso de tapabocas convencional en la población en general. El Ministerio de Salud resalta la medida en los siguientes lugares:

- En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.

ADENDA:

Mientras la situación carcelaria de Cali es una bomba de tiempo, el Alcalde Jorge Iván Ospina declara que va a enviar a prisión a los pacientes contagiados de COVID-19 que incumplan la cuarentena. ¡Es la fórmula del desastre!