mayo 2020
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Este jueves, 28 de mayo, REMAP dialogó con William Andrey Espinosa Rojas, personero del municipio de Palmira, sobre el cobro excesivo en servicios públicos de energía y aseo que denuncia la comunidad palmirana.

Para el caso de prestación del servicio de energía y alumbrado público, las denuncias van contra Celsia, filial en el sector energético del Grupo Argos de Colombia, y en cuanto al servicio de aseo contra Veolia, empresa transnacional francesa.

En esta época de cuarentena se han presentado, específicamente en el caso de Veolia y en el caso de Celsia, un sinnúmero de quejas aduciendo un incremento injustificado de las tarifas. Desde la Personería Municipal hemos venido haciendo el acompañamiento, haciendo uno a uno la revisión de los casos que nos han llegado; en algunos de ellos amerita hacer el respectivo reclamo”, afirma el Personero.

Según informa la Personería, de los casos denunciados, entre el 10 y 15 por ciento son denuncias que ameritan investigación que puede llevar a un proceso sansonatorio.

“De las reclamaciones que llevamos a la fecha, un 10 o 15 por ciento hemos reportado para el trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos que es la competente para llevar este tipo de sanciones”, indica Espinosa, agregando que “en cifras podríamos hablar de unas 350” reclamaciones que están en trámite para sanción.

Este tipo de labores de acompañamiento a las distintas problemáticas que afectan a la ciudadanía, se han visto afectadas por motivo de la cuarentena que vive el país, en tanto que personerías como la de Palmira tienen en su planta un amplio porcentaje de población en alto riesgo por su edad avanzada, y porque padecen algún tipo de enfermedad que se agravaría al exponerse y contagiarse de Covid-19.

A partir del primero de junio nuevamente la Personería de Palmira abrirá al público, facultada por los últimos decretos legislativos que indican que entidades públicas del orden nacional, regional y local deben funcionar con al menos con el 20% de su planta de cargos.

“Ahora después del primero de junio vamos a abrir nuevamente la atención al público y vamos a tomar algunas estrategias para seguir cumpliendo con las funciones que constitucional y legalmente tiene la Personería Municipal”, concluye el Personero.

Redacción REMAP


Hoy vemos a miles de ecuatorianos y ecuatorianas en las calles, movilizándose en contra del Gobierno de Lenin Moreno y sus políticas que buscan fortalecer a los grandes grupos económicos. La última protesta tuvo lugar este lunes 25 de mayo, en medio de la pandemia que afecta al mundo.

Para conocer de cerca lo que vive el pueblo ecuatoriano, REMAP dialogó con Indymedia Ecuador.

Sandra Castro (REMAP): Desde Colombia queremos conocer un poco lo que está sucediendo en Ecuador, las propuestas que se vienen gestando en las calles, como respuesta a las medidas del gobierno.

Indymedia Ecuador.:  La jornada del #25M en todo el territorio ecuatoriano responde a la acumulación sistemática de fuerza de los sectores sociales por una serie de atropellos y abusos que el Gobierno ecuatoriano ha venido aplicando en distintas dimensiones. Desde el espectro de los bienes y servicios públicos, los recortes de presupuesto afectarán fuertemente al sistema de salud y educación pública, que ya tenía muchas brechas desde mucho antes de que estalle la emergencia sanitaria.

El personal de salud y cientos de estudiantes se han venido manifestando en el transcurso de las semanas anteriores. La gente está indignada y no es para menos, pues detrás del gran golpe mediático que ha tenido la pandemia global, el Gobierno ha utilizado esto como "cortina de humo" para imponer los programas capitalistas del FMI (Fondo Monetario Internacional) y otras formas de imperialismo en nuestro país.

La privatización de empresas de carácter público también ha entrado en juego en este contexto para dejar en el desempleo a miles de trabajadores y trabajadoras que dependían directa o indirectamente del funcionamiento de estas instituciones. Correos del ecuador, Aerolíneas TAME, Ferrocarriles del Ecuador, son algunas de las empresas públicas que el Gobierno ha liquidado junto con sus trabajadores; a esto se suma la indiferencia que el Ministerio de Trabajo ha tenido con casos de despidos masivos en empresas privadas. En conclusión, en las calles de Ecuador caminan cientos de miles de personas desempleadas que llevan a flor de piel la indignación contra el sistema; sin olvidar que con una estrategia comunicacional maquiavélica, confusa y poco clara, el Gobierno liberó los precios de la gasolina extra y el diésel mediante Decreto Ejecutivo, burlándose de los acuerdos alcanzados en el paro de octubre, dando paso a que los precios incrementarán paulatinamente el 5% mensual, de acuerdo a el valor internacional del petróleo.


Tratando de entender un poco el contexto, sería importante conocer de qué forma el gobierno de Moreno enfrentó la pandemia, en tanto que fue Ecuador uno de los países más afectados del continente

Si bien, es cierto podríamos decir que el Gobierno tomó medidas de distanciamiento temprano, por otro lado, no aplicó ciertos parámetros para la detección del virus, como la implementación de pruebas masivas para así poder controlar el brote del virus. La gestión que se venía desarrollando en el Gobierno actual, y que continuó durante la emergencia sanitaria, fue la de financiar y mantener "bien pagados" a los mandos y servicios de las FFAA y Policía Nacional, incluso extendiendo presupuesto para comprar armamento y material para la represión.

Paralelamente, en los servicios y sistemas de salud pública, que ya sufrían abandono presupuestal, vimos escandalosos casos sobre los precios de implementos necesarios para hacer frente a la pandemia, orquestados desde la misma Secretaria de Gestión de Riesgos, todo esto sumado al estado de desprotección en implementos de bioseguridad que sufrían los y las trabajadoras de la salud, siendo obligados incluso a adquirir su propia indumentaria para evitar contagios en sus puestos de trabajo.

Durante la pandemia el gobierno endureció las estructuras policiales ejecutando políticas disciplinarias de toque de queda y aislamiento obligatorio, impulsando así la represión ciudadana como siempre en los lugares de estrato más popular. Hablamos de lugares de la provincia del Guayas donde ni el Municipio ni el Estado ha resuelto temas de servicios básicos, barrios y comunidades enteras donde no hay alcantarillado, ni agua potable, casas hechas de caña donde el hacinamiento es característico y donde no existe ninguna ventilación. Para esto es necesario señalar y entender que en Ecuador solo el 30% de la población económicamente activa tiene un empleo pleno, el resto de porcentajes se dividen entre todas las derivaciones del subempleo, siendo Guayaquil uno de los sectores en los cuales la economía se mueve totalmente del comercio formal e informal. ¿Cómo se les puede exigir quedarse en casa, si el Estado no puede garantizar ni si quiera salud y alimentación digna?

¿En qué consisten las nuevas medidas económicas propuestas por el Gobierno de Moreno?

Las medidas que el Gobierno ha venido planteando son claras y responden al programa planteado por el FMI; el gobierno actual para poder recibir préstamos e ingresos provenientes del Fondo Monetario Internacional debe cumplir ciertos requisitos, mayormente enfocados a despedazar a la clase trabajadora y privatizar todo lo público. En este sentido, desde hace algún tiempo el gobierno ha tratado de implementar decretos, leyes o edictos que le permitan cumplir este cometido, hoy en día la pandemia del COVID-19 ha sido la mejor excusa para llevar a la práctica todo este plan. Una ley mal llamada "humanitaria", en la cual y en resumen se plantea:

    1. Dejar sin trabajo a 8 mil funcionarios públicos;
    2. Reducir la jornada a 6 horas, con ello, el 25% del salario a todo el sector público de presidencia y ministerios;
    3. Reducir 1 hora a la jornada y también el 12,5% del salario a docentes;
    4. Se cierran 7 empresas públicas, incluido Inmobiliar, Correos del Ecuador y otros, dando paso a que estos servicios lo entreguen privados;
    5. Se anuncia la liberación de los combustibles a precios internacionales, con lo cual, en los hechos se elimina el subsidio y, si bien es cierto, por el momento, disminuyen 10 ctvs. por galón, cuando suba el precio del petróleo se dispararán los precios;
     6. Se anuncia un ahorro de USD 1300 millones por renegociación de la deuda, cuando lo que se debería hacer es declarar la moratoria, lo cual significaría un ahorro de USD 10 mil millones.

Dentro de esta ley se reduce casi por completo la autonomía laboral de los trabajadores y trabajadoras y se lleva a una precarización de las condiciones del trabajo.

¿Qué responden las organizaciones sociales y las personas del común a estas propuestas?

Organizaciones sociales, individualidades, y colectivos se han pronunciado rotundamente en contra de esta campaña neoliberal en nuestro territorio, las protestas se han hecho presentes en muchos lugares del territorio. De forma directa o indirecta las personas han estado constantemente en el reclamo por la dignidad, sin embargo, campañas comunicacionales viciadas y de noticias falsas se esparcen en la población para generar miedo, temor y, a la larga, división.

Frentes sindicales más formales como el Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), responden a sus bases lanzando convocatorias a marchas y protestas para tomar las calles e impulsar una huelga general; por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha anunciado que desarrollarán medidas de cuidado frente al COVID 19 en sus diferentes espacios y comunidades. Movimientos Sociales, estudiantiles y colectivos también se han plegado a las actividades de protesta en contra del régimen capitalista, el Estado policial y las medidas neoliberales.

¿Qué alternativas se podrían proponer para enfrentar la actual crisis económica?

Desde distintos sectores populares se pide que desde el Gobierno se deje de beneficiar con políticas de "reactivación" económica a los círculos de poder que se han aprovechado de todas las crisis y nuestros recursos humanos, naturales y económicos; por otro lado, se hace un llamado a contemplar y concebir lo público como algo de vital importancia para el desarrollo de nuestras comunidades: sin salud, educación y espacios públicos dignos no se puede acortar la brecha.

Otros espacios plantean el retorno a lo comunitario, apostar por una cadena de manejo de recursos donde el beneficiario sea el agricultor y no el empresario tramitador, generar comunidades descentralizadas sostenibles donde se pueda desenvolver lógicas comunitarias que permitan desafiar al capitalismo, como lo es el trueque o los huertos urbanos barriales.

Algunos otros planteamientos interesantes surgen en la cotidianidad y el trabajo de las diversas organizaciones que se plantean la transformación de la sociedad.

Sin embargo, entendemos que ninguna podrá ser llevada a cabo si es que no se arrebata el poder a la burguesía, ningún derecho se ha conquistado pidiendo comedidamente de favor. No se olvida la necesidad de mantener la movilización social, pues sabemos que los derechos solo se conquistan con la lucha organizada de las grandes mayorías.



La presidenta del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), Astrid Álvarez Hernández, deja el puesto en este grupo empresarial con un manto de duda oscuro y criminal, por casos como el escándalo del pago de 2.040 millones de pesos a la empresa BRG que realizó chuzadas a los pilotos de Avianca, que para mala fortuna de la justicia y la verdad, esta pandemia enterró de los medios y del radar informativo en el país que involucra a la también multinacional Enel, sumado a las chuzadas ilegales que salpican hasta Odebrecht y otros procesos hasta hoy objeto de investigación en una línea de dudosas prácticas empresariales, y con los antecedentes conjuntos con su gran amigo Enrique Peñaloza, en lo que refiere al caso también investigado de la reserva natural Van Der Hammen en la sábana de Bogotá.


La GEB también utiliza las mismas prácticas de su presidenta en los territorios de Colombia, donde a todo costo hoy se violan un sinnúmero de derechos a las comunidades indígenas, campesinas y rurales con daños o afectación a los ecosistemas y medio ambiente incalculables, con desplazamientos de familias y violaciones a los derechos humanos que nadie investiga en una sombra constante de corrupción donde Bogotá, como distrito, tiene una participación accionaria del 65%.

La GEB es también considerada la joya de la corona, llegando a un nivel de poder tal que proponen como empresa una reforma constitucional para ponerle normas y límites a las consultas previas y a las audiencias públicas, utilizando al departamento de la Guajira como idiota útil en el marco de un elefante gigantesco que la doctora Álvarez dice llamar “La gran consulta”, que de tener avance y éxito será un golpe mortal para las leyes y defensas ambientales de todo el país, abriendo la puerta al sueño que muchos empresarios y políticos quieren de nuestro país, como lo es darlo al mejor postor por encima de los cadáveres de nuestros líderes sociales y el futuro de Colombia, pero más allá de eso, de nuestro planeta por todo el daño ambiental que será mucho peor al que tenemos hoy en nuestros territorios.

Por: José Salcedo | Foto: Revista Dinero

*José Gabriel Salcedo es ambientalista e integante del Colectivo Prodefensa del Territorio y el Agua.


Este martes, 12 de mayo, excombatientes de la FARC que adelantan su proceso de reincorporación en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) en el municipio de Miranda (Cauca), denunciaron a través de un comunicado público que la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad adscrita a la Presidencia de la República, obstaculiza el desarrollo del proyecto Fondo para la consolidación de la paz, que se adelanta en la finca La Elvira, ubicada en Miranda.


La denuncia fue realizada por la Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (Ceprodet), conformada por 52 excombatientes que, a causa de ausencia de opciones de vida, en 2017 abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporacion (ETCR) de Monterredondo (Miranda), y conformaron una Nueva Área de Reincorporación (NAR) en la finca La Elvira.


“En la finca La Elvira viven 25 familias campesinas, quienes hacen uso del terreno y nosotros, organizados en la corporación, somos 52, la mayoría con nuestras familias. Trabajamos en conjunto. De los socios de la corporación cada uno aporta 10.000 pesos mensuales”, cuenta Oscar Echeverry (Carlos Antonio), uno de los excombatientes quien lidera el proceso. 


Sin embargo, el trabajo que adelantan en la finca La Elvira se ha visto obstaculizado por decisiones de la  ARN, de las  que los integrantes de   CEPRODET se enteraron el 11 de mayo a través de CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) que plantean que el proyecto Fondo para la consolidación de la paz, que desde octubre de 2019 se articula con cooperativas de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, no podía implementarse.


“Nosotros fuimos beneficiados con el programa PBF, que es el Programa para la Consolidación de la Paz, este proyecto lo venimos trabajando desde el año pasado con PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con CNR (Consejo Nacional de Reincorporación), presentamos toda la documentación necesaria, se han hecho visitas a la finca La Elvira que es donde se supone se iba a implementar, avalaron las condiciones y se creó un comité de impulso. Cuando se iba supuestamente a desembolsar el dinero se da lo de la pandemia, y ahora la ARN nos dice que ellos consideran que en el predio de La Elvira no se puede desarrollar el proyecto”, explica Echeverri.


Para desarrollo del proyecto, 210 millones de pesos debían desembolsarse para invertirse en ampliación de “la producción de ganadería y leche”, pero la decisión de la ARN deja a los excombatientes en proceso de reincorporación en la incertidumbre, agravando la situación de los firmantes de la paz, quienes padecen el incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.


“Estamos instando al partido FARC, al CNR, a las instituciones del Estado para que se establezca una Mesa de Tierras, y allí se solucione esta situación. Y que se redefina la política de la ARN, porque para nosotros no está clara en el territorio, lo que ha hecho es convertirse en un obstáculo para el proceso de reincorporación. Creemos que estos temas deben revisarse con seriedad, ya que afectan a todas las cooperativas. El tema de tierras, comercialización, acceso a créditos, productividad, asistencia técnica, soberanía alimentaria, son temas sin solucionar, no solo para nosotros, es una deuda histórica con las comunidades rurales del país”, concluye Echeverri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Por David Escobar

El Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud de Colombia, publicó en su página web oficial el documento “Estimaciones del modelo de trasmisión de Coronavirus COVID-19 para Cali”. Este documento plantea dos escenarios al día 300 de epidemia por infección por COVID-19.

En el primer escenario, con una cuarentena implementada entre el 25 de marzo y el 26 de abril, y un 11% de casos asintomáticos sobre el total de infectados, Cali tendría 1’890.723 personas contagiadas, de las cuales morirían 19.200. Las camas habilitadas para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) necesarias en el pico serían 21.357, y el día del pico sería el 28 de junio de 2020.

En el segundo escenario, con la cuarentena también hasta el 26 de abril, y un 80% de asintomáticos, habría 378.145 casos sintomáticos, de los cuales habría 17.769 críticos (en UCI), y 4.319 muertes.

En ambos casos el Observatorio toma como tasa de letalidad el 1,14%. Sin embargo, según el Boletín Epidemiológico #53, del 1 de mayo de 2020, de la Alcaldía de Cali, la tasa de letalidad en la ciudad es del 5,59%, es decir 5 veces más letal que la tasa que el Instituto había calculado para los dos escenarios, lo cual implicaría 5 veces más muertos en ambos casos.

Infograma Covid en Cali. Fuente: Instituto Nacional de Salud

Se podría contraargumentar que -en el papel- la cuarentena se extendió hasta el 25 de mayo, y que por ende las proyecciones deberían cambiar. La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) envió desde el 22 de abril un cuestionario a la Secretaría de Salud de Cali, a través del comunicador Marcelo Carmona, encargado de las comunicaciones de la Secretaria Miyerlandi Torres, quien es además prima de la “baronesa de la salud” y exgobernadora, Dilian Francisca Toro. En dicho cuestionario le preguntamos cuál sería la cifra de contagios y muertes probables para el escenario actual de prórroga de la cuarentena, cuántas nuevas camas de UCI se han conseguido, de qué forma se ha ampliado la capacidad hospitalaria de cara al pico epidemiológico. Todo esto teniendo en cuenta que la ciudad cuenta apenas con 635 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y que según el informe Cali Como Vamos, de hace dos semanas, Cali tendría la tasa de contagios de Covid-19 más alta del país, frente a otras ciudades capitales, así como una letalidad mayor que Bogotá.

Capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en Cali. Fuente Minsalud
Capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en Cali. Fuente Minsalud

También le preguntamos a la Secretaría de Salud en qué ley o jurisprudencia se fundamentan los comunicados -como el del Hospital Mario Correa-, que le impiden al personal de salud dar declaraciones a medios de comunicación o expresarse en sus redes sociales respecto a las situaciones que se viven al interior de dichos hospitales. Esto sería ilegal, si se tiene en cuenta que los funcionarios y contratistas del sector público están regidos por la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).

Hasta la fecha la Secretaría no ha respondido las preguntas. El comunicador Marcelo Carmona se ha limitado a decirnos que son preguntas muy técnicas, y que por eso no tienen las respuestas.

Lo cierto es que en este contexto fue peligrosa y negligente la decisión de reactivar desde la semana pasada las industrias de la construcción y la manufactura -decisión avalada por Minsalud, ejecutada por el Presidente, pero ordenada por el Consejo Gremial, y acatada por el Alcalde de Cali-, así como permitir, desde el próximo lunes, la apertura del comercio al por mayor de textiles, muebles, enseres, calzado, químicos y automotores. En Cali esto implica movilizar alrededor de cuatrocientas mil personas, que van a exponerse al contagio y a contagiar el coronavirus.

En el Congreso de la República, la bancada de la oposición hizo una propuesta viable de garantizar un mínimo vital a los trabajadores, sin embargo el Gobierno decidió exponer a los obreros a todos los riesgos, con tal de que la élite no tenga que redistribuir la riqueza acumulada.

¿Cómo están distribuidos los riesgos de contagio entre la población trabajadora en el momento de levantar la cuarentena? Número de empleados a reactivarse oficio según nivel de riesgo de contacto social. Fuente: Boletín #5 del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad (CIEC) de la Alcaldía de Cali. 22 de abril de 2020

Mientras el Alcalde Jorge Iván Ospina le recomienda al Presidente Duque que no levante la cuarentena, en las calles de Cali se escuchan vendedores de mango, piña, mazamorra, champús, pollo, aguacate, y megáfonos de quienes arreglan la olla de presión, ponen soldadura y compran chatarra. En algunos puntos del centro de Cali se ha documentado un casi retorno a la normalidad, y se ha reportado que las normas de distanciamiento social no se están cumpliendo en el transporte masivo. 

La decisión del Gobierno de reabrir la economía no obedece a que disminuyeran los casos, porque todos los días aumentan los infectados y los muertos. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud (Gráfico 1), hasta el 6 de mayo en Cali habían confirmado 895 personas contagiadas, y hasta el 29 de abril -según el documento “Analisis del comportamiento del personal de salud positivo para COVID-19 en el Municipio de Santiago de Cali”- había 89 casos de personal de salud contagiado de COVID-19. ¡el 10% de los casos actuales!

Le es difícil al Gobierno disimular su propia ineptitud, pero se esfuerza a través de un programa de televisión dirigido diariamente a la nación por todos los canales, en el cual el subpresidente Duque se promociona como un prócer sanitario. En realidad, todo ese discurso oficial obedece a la necesidad que tienen los dominantes de elegir en la lucha contra la pandemia una necropolítica, y así obstaculizar lo menos posible el funcionamiento de la actividad económica y de sus beneficios, aunque también a la necesidad de ocultar tanto las consecuencias que esto conlleva, como su desprecio de clase.

MKRdezign

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