julio 2020
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Privatizar, vender y feriar lo público en detrimento de las finanzas del país, la dignidad y la soberanía, es una política gubernamental de saqueo que se agudizó desde la década del 90 durante el Gobierno de expresidente César Gaviria Trujillo bajo la llamada “apertura económica”, que se caracterizó por desarrollar la política neoliberal que solo ha traído miseria y guerra a Colombia.

Hoy el saqueo continúa. Y Ecopetrol, una de las empresas más rentables del Estado colombiano, es la víctima más próxima.

Pero por fortuna, la resistencia de trabajadores y trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) ha impedido que esto suceda, gracias a las acciones de protesta que adelantan en todo el país. Desde el 25 de junio la USO, encabezada por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), se tomó 54  plantas de Ecopetrol para impedir su privatización, la cual empezaría por medio de la venta Cenit, empresa que tiene el control de los activos de transporte correspondientes a oleoductos y poliductos, y que aporta al país más de 4 billones de pesos anuales en ganancias.

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación, que solo sirven a las élites, familias y grupos políticos y económicos que gobiernan contra el pueblo, hoy la USO no ha desfallecido en la lucha y, por el contrario, ésta se fortalece, principalmente por medio de la Subdirectiva Única de Oleoductos que echó fuego a la llama de la resistencia desde hace más de un mes.

Para conocer de cerca esta lucha, REMAP dialogó con Fabio Díaz, quien desde hace 34 años es trabajador de Ecopetrol, y es dirigente nacional de la USO, un sindicato que ya cumple 98 años de existencia en su actividad organizativa dentro de la industria petrolera.

REMAP: Cuando pensamos en Ecopetrol, por lo regular pensamos en la Ecopetrol de antaño, como la empresa del Estado de hace unas décadas, pero sabemos que esto ha cambiado. ¿Actualmente cómo está conformada Ecopetrol? ¿Qué ha cambiado, y por qué se dieron estos cambios?

Fabio Díaz: Ecopetrol ha tenido una serie de cambios a lo largo de los últimos 20 años. Antes del 2000 era una empresa industrial y comercial del Estado, esto fue hasta junio de 2003, a partir de allí el Gobierno decide convertirla en una sociedad pública por acciones, del 26 de junio de 2003 al 2007 aproximadamente, y a partir del 2007 Ecopetrol es convertida en una sociedad de economía mixta (Grupo Empresarial Ecopetrol), esto quiere decir que pasa de ser una empresa industrial y comercial del Estado a que se permita el ingreso y la inversión de los capitales privados, situación que por supuesto nosotros los trabajadores no hemos compartido. Nosotros creemos que la industria petrolera del Estado es un modelo empresarial válido, que tal como lo ha hecho históricamente Ecopetrol genere crecimiento, desarrollo y utilidades para el país.

Han transcurrido más de un mes de protestas que buscan frenar la privatización de Ecopetrol, principalmente con el deterioro paulatino de sus finanzas que causaría la venta de la empresa CENIT. ¿Cómo se conformó esta empresa y cuál es su importancia para las finanzas de Ecopetrol?

Hoy estamos transitando por el día 36 de esta patriótica movilización que busca que el Gobierno Nacional desista de la venta del sistema de transporte por oleoductos, hoy a la cabeza de la empresa Cenit S.A, que es una empresa ciento por ciento del grupo empresarial Ecopetrol. Se busca visibilizar al pueblo colombiano a través de esta protesta esas intenciones del Gobierno de Iván Duque de poner en venta esta infraestructura.

Cenit es hoy la segunda empresa más grande de Colombia después de Ecopetrol. Es la empresa que le produce más del 30% (31% el año pasado) de las utilidades de Ecopetrol. En dinero estamos hablando de más de 4 billones de pesos. Eso quiere decir que, si se vendiese Cenit, el Estado dejaría de recibir hacia futuro un ingreso permanente, y también debilitaría enormemente a Ecopetrol. Esto llevaría a que en un futuro cercano esté en riesgo de quiebra, porque sus otros negocios como son la producción y venta de petróleo se encarecerían; la refinación también encarecería, lo que pondría en un alto grado de debilidad a Ecopetrol. Por eso los trabajadores de los oleoductos, y los afiliados a la Unión Sindical Obrera, tenemos la obligación de salir a hacer esta movilización en la vía de evitar la venta.

¿Cómo se enteraron o por qué afirman que el Gobierno pretende vender esta empresa?

La intención de vender a Cenit y otros activos de Ecopetrol no es nuevo. Siempre ha existido la intención de los gobiernos de vender sectores estratégicos rentables y, más recientemente, después de la creación del Grupo Empresarial Ecopetrol, que hoy tiene 29 empresas, consideramos que es un mecanismo creado para vender por partes a la empresa.

En el último periodo, es decir, en los últimos 15 años se ha venido consolidando el sistema de transporte por oleoductos. Se ha configurado a partir del 2012 la empresa Cenit que hace toda la actividad de transporte por oleoductos, y hoy es la segunda empresa más grande del país. Al finalizar el gobierno Santos, el ministro de Hacienda ya había manifestado que había la intención de la venta del transporte por oleoductos, y ya el Gobierno de Iván Duque lo viene señalando en su Plan Nacional de Desarrollo, y más recientemente con los decretos de emergencia, como el decreto 811 que posibilita la venta de infraestructura, donde queda mucho más nítida y más clara la intención de vender sectores estratégicos, como el sector eléctrico en Interconexión Eléctrica S. A – ISA-  y los oleoductos de Cenit. Es un pedido que viene haciendo el sector privado nacional y trasnacional, y es una lucha permanente con nosotros los trabajadores que hemos denunciado ante el país la intención de los gobiernos.

¿Cuáles son las acciones que durante las protestas han realizado para frenar la privatización de Ecopetrol?

La USO permanentemente realiza acciones para proteger el patrimonio nacional y defender a Ecopetrol. Como lo decía antes, la intención de venta ha estado durante la década de los ochenta, noventa y ahora en este siglo, siempre ha estado la intención de venta. Nos ha tocado en diferentes periodos dar luchas con las organizaciones sociales, sindicales, populares, hacer eventos por la defensa de Ecopetrol, hacer foros, hacer campañas para visibilizar este tema.

Y durante esta reciente lucha, que se dinamiza con la intención del Gobierno de vender empresas, esas 205 empresas del Estado, ha llevado a que se empiece a dar un rechazo generalizado de los trabajadores de la central obrera de organizaciones sindicales, sociales y populares, también de un sector de congresistas, senadores y representantes a la cámara, entorno a decirle al Gobierno de Iván Duque que no venda el patrimonio nacional, que no utilice la excusa de la crisis sanitaria y económica para  vender los activos, y que utilice otros instrumentos que no sea la venta de activos, lo que demuestra que en este periodo sí se han hecho muchas acciones de protesta. Desafortunadamente no han sido visibilizadas por los medios de comunicación; y también el estado de cuarentena no ha permitido la movilización general en el país, acciones que aspiramos en el tiempo se sigan mejorando.

Muy poco, o casi nada, se ha conocido de esta problemática en los grandes medios de comunicación, ¿por qué cree que no han tenido eco? 

Nosotros hemos notado un veto de los medios de comunicación corporativos. Es irónico que estando el Machín de la Resistencia, es decir, el punto en el que nos encontramos, solo a dos cuadras de uno de estos medios corporativos (RCN), después de 37 días no se hayan acercado a registrar lo que está pasando con esta lucha de contenido nacional, y de gran repercusión política.

Lo que notamos es que estos medios corporativos, una vez más, demuestran que están al servicio de los grandes capitales, del Gobierno, que no les interesa visibilizar estos temas importantes para el país; notamos que no hay libertad de información, libertad de comunicación. Se comprueba una vez más que estos medios de comunicación están al servicio de la burguesía, de la clase pudiente de este país, y al servicio de este Gobierno que no le importan los intereses de las grandes mayorías ni la defensa de las empresas nacionales.

¿Qué se ha logrado hasta el momento con esta protesta?

La protesta sí ha servido. Podemos señalar que en los 35 días de movilización uno de los intereses de los trabajadores que tiene que ver con sus derechos, los cuales Ecopetrol y la empresa Cenit se habían encargado de borrarlos, hoy ya se está hablando de que es necesario respetar los derechos a los trabajadores. Eso lo estamos discutiendo en la mesa de negociación, vamos a ver hasta qué punto es ese respeto que están manifestando. Y de otra parte la protesta ha permitido que entorno a la lucha nacionalista en contra del decreto 811 para evitar la venta de empresas, esta concentración en el Machín de la Resistencia ha posibilitado aglutinar, reactivar la protesta social, congregar a todas las personalidades y organizaciones comprometidas con la defensa de lo público. 

¿Qué acciones siguen para evitar la privatización de Ecopetrol? ¿Hasta cuándo continuarán las protestas?

Lo que sigue, nosotros lo vemos en la movilización. Desafortunadamente estos gobiernos obligan a que el pueblo colombiano tenga que volcarse a las calles con el fin de no permitir que esos decretos nefastos, por ejemplos, más de 170 decretos que en este Estado de Emergencia ha sacado el Gobierno Duque, todos en contra de los intereses de los trabajadores, el pueblo y la nación, pues prosperen. Entonces lo que sigue es movilización popular.

Lo que sigue también es que, desde el Congreso, con aquellos congresistas alternativos, con sentido patriótico, lo que puedan hacer para derogar estos decretos lesivos y proponer leyes y decretos que favorezcan los interesas del pueblo, de las empresas del Estado, del trabajo digno, de la inversión social.

Háblenos de la situación de seguridad que afrontan por estar defendiendo Ecopetrol, ¿han recibido amenazas?

En cuanto a seguridad, podemos decir que desafortunadamente, entorno a esta protesta y en torno a las protestas que desarrolla la USO en todo el país, ya se han venido dando casos que atentan contra la seguridad de los dirigentes y líderes sociales vinculados a la lucha.

La semana antepasada se registró la amenaza directa de muerte contra uno de los dirigentes sindicales de la USO en el Meta; el atentado que sufriera un líder comunitario también en Villavicencio... Y claro que tememos porque sabemos que se juegan unos intereses muy grandes en el caso del sistema de transporte por oleoductos que, de venderse, estaríamos hablando de una cifra superior a los 15 billones de pesos, intereses que se solucionan por medio de la intimidación a los trabajadores, a los activistas.

¿A veces se ha sentido desmoralizado en esta lucha? ¿Qué lo motiva en los momentos difíciles? ¿Por qué cree que vale la pena protestar en Colombia?

Nosotros sabemos que las luchas son complejas, son difíciles, sobre todo cuando estamos hablando de toda la lucha petrolera y los intereses que se mueven allí, afortunadamente estamos hablando de una USO, un sindicato que le ha tocado dar muchas luchas en este país, luchas enmarcadas en unos intereses muy grandes, largas luchas… por lo que los dirigentes y los trabajadores hemos sido formados para resistir, para no ceder ante la adversidad, ante las presiones.

Y afortunadamente esta es una lucha muy bonita, en la que los trabajadores de los oleoductos han demostrado su compromiso, vienen controlando el proceso productivo del sistema de bombeo en todo el país, y más que denotar cansancio o desmoralización, nos han demostrado en este periodo que hay una nueva faceta de este sindicato, retomando métodos de movilización y de lucha que hace un tiempo no desarrollábamos, por lo que estamos ante un escenario que nos da satisfacción.

Con estos métodos creemos podemos salir adelante en esta tarea compleja que tenemos por defender a Ecopetrol, defender a los oleoductos hoy en cabeza de Cenit y exigirle a la patronal (Ecopetrol y Cenit) que respete los intereses de los trabajadores.


Ecopetrol fue partida y feriada en 29 pedazos, 29 empresas, como estrategia para venderla por partes hasta finalmente producir su privatización. De allí nació el Grupo Empresarial Ecopetrol, donde uno de los pedazos de mayor rentabilidad es Cenit, empresa que en 2019 produjo utilidades netas por más de 4 billones de pesos, y 1.3 billones durante los primeros tres meses de este año, y la cual el Gobierno pretende vender.

 

Leer: Trabajadores se toman 54 plantasde Ecopetrol

 

“Ha sido una resistencia de los trabajadores mantener integrada Ecopetrol para evitar su venta, pero los neoliberales y los privatizadores han recurrido a esta figura de grupo empresarial para vender una a una de estas empresas”, expresó Fabio Díaz, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO).

 

Desde el 25 de junio esa resistencia se agudizó de la mano de más de 400 trabajadores y trabajadoras que se tomaron 24 plantas de Ecopetrol en todo el país. Sin embargo, el silencio del Gobierno y los medios de comunicación al servicio del neoliberalismo y la explotación, han mantenido esta situación oculta, casi en secreto a la opinión pública.

 

Pero a pesar de las mordazas puestas a la opinión pública, la lucha ha dado frutos, logrando instalar una mesa de negociación para confrontar a las directivas de Ecopetrol e impedir su venta y mantener las garantías laborales.

 

Y los avances empiezan a materializarse. Para Hernando Silva, de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la USO, “esta semana será decisiva, será una semana en la cual trabajaremos por buscar un punto de encuentro y, desde luego, que beneficie tanto al Estado, al pueblo colombiano como a sus trabajadores”.

 

No obstante, también es claro que hasta el momento no hay ningún acuerdo de relevancia dentro de la mesa de negociación, y que esta problemática requiere de una mesa que traspase el ámbito patronal e involucre al Gobierno.

 

La lucha ahora también se centra en que el Gobierno se siente a la mesa, porque “queda claro que hay otro aspecto de fondo que tiene que ver con la privatización, la venta de los oleoductos de Ecopetrol que están hoy en manos de la empresa Cenit. Se requiere que haya un diálogo con el Gobierno para definir qué va a hacer con la empresa”, agrega Fabio Díaz.


Mientras ello ocurre, trabajadores y trabajadoras de la USO, de la Subdirectiva Única de Oleoductos, se mantienen firmes completando más de un mes con las plantas del país tomadas, ganando terreno y evitando la privatización de este bien público forjado con el sudor de varias generaciones, resistiendo para que la soberanía y dignidad del país no sean burladas.

Redacción REMAP

En nuestro país, el tema agrario, en lo que concierne a la tenencia y acceso a tierras productivas, ha sido un problema de vieja data. Este es uno de los referentes del inicio del conflicto, político, social y armado de nuestro país que duró por más de 50 años. Y nuestro municipio no es ajeno a esta situación, esta problemática aún no se resuelve y, por el contrario, se está empeorando cada día más por un Estado débil en sus instituciones que no trabajan de la mano con los intereses de los pequeños y medianos propietarios, tanto de la zona plana como de la zona montañosa rural.

En este primer trabajo buscamos evidenciar la situación actual del ordenamiento territorial de nuestro municipio; tendremos referencias de documentos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como máxima autoridad en tierras de nuestro país.

Como lo dispone nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 64, es obligación del Estado colombiano promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual y colectiva. De igual manera en el artículo 65 dispone que en la producción de alimentos se deberá priorizar el desarrollo integral de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

En este orden de ideas la estrategia de transformación del campo debe tener como objetivo ordenar el territorio rural, buscando mayor acceso y tenencia sobre la tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierra o con tierra insuficiente.

Con el fin de facilitar la implementación del punto uno (1) del Acuerdo de paz (Reforma Rural Integral), el Gobierno Nacional expidió el decreto Ley 902 de 2017, el cual dispone que la ANT debe implementar y ejecutar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), estos planes “deben definir la forma de intervención en el territorio a través de la metodología de barrido predial” [1] 

En el año 2019 la Agencia Nacional de Tierras y el aliado estratégico, quien formuló el documento plan, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron entrega formal del documento “Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” a la Secretaría de Planeación del municipio de Pradera. Es importante que la comunidad pradereña conozca los resultados de este primer ejercicio realizado en la zona rural, donde se evidencia el alto grado de informalidad sobre la tierra que presenta el municipio, principalmente los sitios de uso público como casas comunales, escuelas, puestos de salud, que anteriormente fueron construidos con recursos públicos en sitios privados y que hoy en día no tienen documentación de formalidad sobre esos predios.

Se hace necesario que la Secretaría de Planeación haya hecho lectura de este documento y que el señor alcalde, doctor Justino Sinisterra, gestione de la mano con la comunidad ante la ANT la segunda etapa del barrido predial, para que en el momento de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio se tenga en cuenta las conclusiones que arroje este proceso y se le permita a los pequeños y medianos propietarios definir la situación de acceso y tenencia. La formalización de los predios permitirá avanzar en una Reforma Rural Integral verdadera.

Por: Kenedi Campo Chaves

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[1] Documento conceptual POSPR, Subdirección de planeación operativa, ANT. (Nov-2017). Pág. 5     

El proceso de constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) para el municipio de Pradera avanzó de forma importante esta semana. Así lo dio a conocer la Gobernación del Valle del Cauca, al informar que el departamento fue notificado por el Gobierno Nacional para adelantar formalmente el trámite para su conformación.

La Zona de Reserva Campesina para el municipio de Pradera es una lucha que desde el 2008 lidera el campesinado vallecaucano, principalmente, a través de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), y cuya figura es una forma de ordenamiento social de la propiedad rural incorporada en la Ley 160 de 1994.

“Esta figura, que resulta de la búsqueda política exhaustiva del campesinado por la garantía de condiciones de vida digna que contribuyan al desarrollo productivo y sociocultural de su población, se configura en la actualidad como uno de los más importantes recursos de resistencia para el campesinado, además de ser una fórmula para la desconcentración de la propiedad rural”, explica Astracava.

A la decisión del Gobierno, seguidamente le acompañó el proceso de socialización, el cual se desarrolló de forma virtual este viernes, 24 de julio, con participación de representantes de la Agencia Nacional de Tierras, el alcalde de Pradera y el presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental del Valle.

De este encuentro quedaron avances importantes, al establecerse toda una ruta de trabajo, coordinación y articulación de los entes estatales para la consolidación de esta propuesta ZRC en el municipio de Pradera”, informó la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.

La Zona de Reserva Campesina de Pradera cobijará a 17 corregimientos de la zona alta y media de la ruralidad del municipio, y antes de terminar este año, 2020, se espera la realización de una Audiencia Pública que determine los últimos pasos para su constitución.

Redacción REMAP


Por David Escobar.



El día 15 de julio de 2020, en una “rueda de prensa” de la Alcaldía de Cali, la Secretaria de Salud Miyerlandi Torres, afirmó que “el tercer indicador es el porcentaje de ocupación de las camas de Cuidados Intensivos. Hoy estamos en un 87% de ocupación de la sala general, y de las 425 camas designadas para COVID, estamos también en una ocupación del 87%”.


Sin embargo, el día 16 de julio, recibí una respuesta a un derecho de petición radicado ante la Secretaría de Salud de Cali. En dicho documento el señor Nicolás Antonio Chedraui, Asesor responsable del Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Pública de la Alcaldía de Cali, afirma que según datos reportados por el Centro Regulador de Urgencias y Desastres” del Departamento, la ocupación según camas asignadas a COVID-19 era de 96% con corte al 13 de julio (ver imagen abajo).


Imagen: respuesta a Derecho de petición. Radicado # 202041450300049761


Según pude conocer, por fuentes reservadas, el nivel de ocupación de las UCI para coronavirus en Cali ha llegado al 100% en varias ocasiones en el transcurso de la última semana, llegando incluso a desenlaces fatales durante la remisión de otras ciudades. Sin embargo, basta con analizar los boletines epidemiológicos de la Alcaldía para darse cuenta de que la información suministrada al público está llena de incoherencias y contradicciones:


El Boletín epidemiológico del 14 de julio reporta que “al momento del reporte [12 de julio] se encuentran (...) hospitalizados en UCI, según la vigilancia del ERI Cali: fueron 185”. Sin embargo el boletín del 13 de julio, cuyas cifras son también del 12 de julio, sostiene que el “porcentaje ocupación camas UCI por paciente COVID-19 era de un 94%”, lo cual equivaldría a 399 camas de UCI ocupadas, del total de 425 camas para COVID que habría en la ciudad, según la cifra entregada por la Secretaria Miyerlandi Torres en la “rueda de prensa” citada. Eso significa un error de coherencia entre ambos boletines que equivale al doble de las camas de UCI ocupadas.




El mismo boletín del 14 de julio presenta un total de 11.650 casos registrados en Cali, de los cuales se habrían recuperado 4.598. También afirma que los casos activos son 4.883, y que estos equivalen al 50,7% de los casos totales, pero el 50,7% de 11.650 equivaldría a  5.905. Es decir que habría un margen de error de más de mil casos de diferencia en el número de casos activos de personas que actualmente padecen de Coronavirus. De igual forma, al tomar el número de casos totales, restarle el número de casos activos y el número de recuperados, se obtendría el número de muertes, que serían 2.169 y no 373 como afirma el boletín (11.650 - 4.598 - 5.4883=2.169).  





Del mismo modo, el boletín del 15 de julio -día de la “rueda de prensa” de la Alcaldía- afirma que el total de casos sería 12.137, y que la letalidad sería del 3.3%. Pero ese porcentaje de letalidad equivaldría a 400 muertes y no a 391 como inconsistentemente afirma el boletín. Dicho informe también afirma que el 1,3% de los casos activos está ubicado en UCI (es decir 78 casos), pero el informe se contradice afirmando que hay una ocupación del 87,4% del total de camas de UCI para coronavirus, que serían 388 camas. Es decir, un error equivalente a 5 veces más que la otra cifra indicada en el mismo documento. 


El mismo boletín del 15 de julio afirma que los casos recuperados serían el 47,2% (es decir 5.728), y que los casos activos serían el 49,4% del total de casos (es decir 5.995 casos de personas que aún padecen la enfermedad). Haciendo cálculos nuevamente, si al total de casos registrados en dicho boletín le restamos los recuperados y activos, eso daría un total de 414 muertes por coronavirus, y no 391 como afirma erróneamente dicho boletín. Una diferencia de 23 muertes ¡el triple de lo reportado!. No siendo esto suficiente, el boletín del 15 de julio reporta 10 fallecimientos nuevos, dentro del total de 391, sin embargo el boletín del día anterior reportaba 373 muertes, lo cual implicaría que las muertes nuevas no serían 10 sino 28, nuevamente casi el triple.




Como si lo anterior fuera poco, el día 19 de julio llamé al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud del Valle, ya que según la Ley 715 de 2001 se delega la responsabilidad de los servicios de mediana y alta complejidad a las Secretarías Departamentales de Salud, y según el artículo 4 del decreto 538 de 2020 del Minsalud “los prestadores de servicios de salud que oferten estos servicios deberán reportar la disponibilidad de camas de los mismos al CRUE del Departamento o Distrito”. En la llamada al CRUE pregunté la cifra actualizada de camas disponibles de UCI para COVID-19, y tras identificarme como periodista obtuve como respuesta “esa información no te la podemos dar acá”. Al cuestionar en qué norma se basaban para no darme la información solicitada, que es información pública, obtuve como respuesta “esa información no estamos autorizados para darla”. El audio de la llamada se puede consultar en este link.


Hace un par de semanas (6 de julio), el Alcalde de Cali afirmó a la Revista Semana que no está de acuerdo en llevar a cabo una nueva cuarentena total "En ese sentido tengo una línea de pensamiento más cercana al presidente, que otras que piensan una cuarentena total sin identificar cómo financiarla para evitar el colapso económico. Yo estoy en la línea de medidas más pedagógicas para ‘codvivir’, vivir con la COVID-19”, aseguró Ospina, quien apoya el manejo de Iván Duque. El día de esa entrevista el boletín epidemiológico publicado por la Alcaldía reportaba 275 muertes por coronavirus en Cali. Hoy 19 de julio, el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta  442 muertes por coronavirus, un aumento del 60% en el número de muertes en tan solo dos semanas.



Imagen: Cifras de coronavirus en Cali. Fuente: INS. Consultada el 19 de julio de 2020.


Metiendo la cabeza en un hueco de cifras improvisadas, el gobierno local minimiza ante la opinión pública el nivel de afectación actual del sistema de salud, causado por la pandemia y las decisiones basadas en cifras erradas. Es una espiral que profundiza la crisis al generar una falsa sensación de normalidad que hace que se pierdan las dimensiones de la emergencia sanitaria. Pero cuando suben la cifras, sale la autoridad sanitaria y el Alcalde con su gabinete a decir, en una “rueda de prensa”, que es problema de la gente indisciplinada y de los jóvenes por su baja percepción de riesgo. ¿Asumen alguna responsabilidad las autoridades? Próximamente estaremos viendo las consecuencias más graves de su razón cínica y su negligencia.


Todos los días son domingo, pero sin descanso. No importa que la Biblia o la legislación impongan por decreto o mandato divino lo contrario. “Sin descanso” es la realidad de saber que la comida es escasa, la incertidumbre de si habrá qué comer mañana. 

Durante el confinamiento solo se escucha el televisor, el teclado del computador, alguna serie o película pirateada que visitamos en algún rincón de Internet, a la que acudimos evadiendo anuncios porno y propaganda que invita a “reinventarse”, propaganda de superación personal traducida en cómo multitudes reinventan maneras de esconder y aguantar el hambre, la locura, la desesperación.


Ser de estrato tres, es ser de un estrato hecho a base de humo, que lo define la casa o el lugar que se habita, que se formula castrando lo vivido, que omite memorias de angustia o alegría, algunas silenciosas y clandestinas, otras públicas y ruidosas, pero todas, al fin y al cabo, imposibles de computar, de estratificar.

Así nació la clase media, de una fórmula sin posibilidad de reinvención, como una maldición levantada por la humareda de la inequidad, una fábrica de injusticias que despliega su crudeza contra quienes no existimos para ayudas o auxilios estatales. Somos la tragedia negada, dejada a su suerte por conveniencia, para ocultar el rumbo estúpido de una sociedad cobarde, arrodillada y fracasada.


De asa humareda se llegó a presumir. Muchos vivieron el enamoramiento de un espejismo que resquebrajó y estratificó la vida, y que murió cuando el dinero mostró su verdadera cara: solo arena escurriéndose entre manos plagadas de alcohol y gel desinfectante. Porque la pandemia llegó, sopló el humo, y solo dejó el tizne de la desigualdad social, y bajo éste, los intereses asesinos de bancos, matones y déspotas que siempre están turnándose el poder, con o sin vacuna, y perpetuamente con las manos bañadas en sangre.




Con el tizne también llegaron ritos que desafían la cordura. Sin importar lo absurdo de la rutina, a diario digitamos nuestro número de cédula en una búsqueda infructuosa, sabiendo que el Gobierno nunca fijará su mirada en ella con alguna de sus migajas. Luego viene la recriminación más cruel, la más implacable cuando de nosotros mismos se trata. Aún así, intentamos dar consuelo a nuestro ego inventando justificaciones, culpando a la necesidad y la rabia, a la impotencia que nubla la mente con engaños que nos lleva a imaginar situaciones e inventar historias, y que a veces terminamos contando o escribiendo.

Ya son las dos de la mañana. Por décima vez, la misma frase aparece en Facebook: “No, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas, y otros nadando con todas sus fuerzas”.


Cada mañana, una suma de complejidades para sobrevivir. Cada noche, alguna jugada del corazón nos salva el día, palpitando entre almas clandestinas que conspiran para doblegar la escasez, la distancia y el encierro, y que se agitan trenzando luchas que, hilando memorias, tejen un mundo distinto, aunque la adversidad ahora nos obligue a pausar el camino mientras subsistimos, mientras se enhebra la resistencia que hoy no permite improvisaciones. 

Y sabemos que vamos nadando, pero también sabemos que vamos abrazados, en solidaridad hasta que la victoria sobre la tiranía desencadene la utopía y cure a la sociedad.

Por: Alexander Escobar

Palmira, mayo 14 de 2020

Por David Escobar.


El domingo 12 de julio de 2020, la ocupación de camas de UCI para COVID-19 en la ciudad de Cali llegó al 100%. No había camas de UCI para COVID en ninguna clínica para remitir pacientes. Las cifras de la alta afectación de la pandemia en la capital y el departamento del Valle del Cauca, dan cuenta de que el sistema de salud está colapsado, en una región pujante que merece una mejor suerte.  

Las cifras entregadas al público por las autoridades en salud presentan incoherencias. Según publicó el 9 de julio LA FM “En la ciudad de Cali fueron destinadas 397 camas para pacientes COVID-19, de las cuales 380 están ocupadas”. Lo cual significa que la ocupación exacta de camas UCI para Coronavirus llegó al 95,7%. No obstante, en el mismo artículo Miyerlandy Torres, Secretaria de Salud de Cali, afirmó que “Ya estamos en el 90% de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos".

El boletín epidemiológico de la Alcaldía de Cali, subido a internet el día 11 de julio, dice ser del 10 de julio, pero contiene cifras de “últimos casos reportados del día 9 de julio”. Según este boletín, las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID-19 positivos o sospechosos de serlo llegaban ese día a un 54,4%. Al analizar el documento en profundidad se pueden ver inconsistencias y un margen de error enorme. El boletín citado sostiene que de 10.402 casos positivos para COVID-19 registrados en la ciudad, el 52,4% son casos activos (es decir 5.450 casos) y que de estos el 1% está en cuidados intensivos, es decir 54 casos. Sin embargo, 54 casos equivale al 8,1% de la capacidad total instalada para la prestación de servicios de salud en Cali, pues según el Ministerio de Salud en la ciudad hay 660 camas de cuidados intensivos. Al mismo tiempo esos 54 casos equivalen al 13,6% del total de las camas UCI para COVID-19 instaladas, que según La FM, hasta la fecha de publicación del boletín eran 397 en la ciudad. 

Las cifras del boletín epidemiológico de la Alcaldía no cuadran, y dichas inconsistencias no tienen presentación, tanto más cuanto que son avaladas por personas que afirman tener títulos como Master en ciencias y Doctorado, pues dice ser “editado  por: Maryory Galvis Pedraza,MSc.; German Ávila Rodriguez; Silvio Duque Rodriguez, MSc.; Carlos Javier Bolaños, Claudia Patricia Abreu, MSc.;, Ingrid Minotta Díaz, MSc.; Lilia Antonia Mattos, MSc.; Nayibe Valencia, MSc, Andrés Castillo, PhD”. No sé a ciencia cierta quienes sean esas personas, pero el estilo y la concepción de dicho boletín los delata como retrasados mentales que carecen por completo del sentido de la estadística, que deshonran un oficio noble con su lógica de oligofrénico, y que razonan como alguien que no tiene ni la menor idea de cuán arduo y comprometedor es el trabajo que están realizando, para la toma de decisiones de todos los sectores afectados.




“CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” en Cali. Fuente: MINSALUD. Consultada el 13 de julio de 2020



Boletín epidemiológico de la Alcaldía de Cali del Julio 10 de 2020. Fuente  https://www.cali.gov.co/salud/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=46555


El 25 de junio de 2020 la Alcaldía de Cali publicó en su página oficial una declaración de la Secretaria de Salud Miyerlandi Torres, quien afirmaba que “Se están esperando 300 ventiladores del Departamento y aproximadamente 300 ventiladores del Ministerio de Salud; nos han informado que el próximo lunes o martes llegarían 50 ventiladores del Ministerio, llegando a una capacidad instalada esperada de alrededor de 1175 camas de UCI para la ciudad”. Cuando la Red de Medios Alternativos y Populares publicó hace dos meses el artículo “Defender el Statu Quo”, consultó la base de datos de Minsalud, en la cual se informaba que la capacidad instalada de camas UCI para la ciudad de Cali era en ese entonces de 635. Sin embargo hoy (13 de julio), pasadas más de dos semanas de la declaración de la Secretaría de Salud, el Ministerio afirma que actualmente la capacidad instalada de UCI’s en la ciudad es de 660, es decir casi la mitad de las que afirmaba la Secretaria. Es grave que en la ciudad tan sólo hayan aumentado en 25 la cantidad de camas UCI, luego de dos meses de emergencia sanitaria, y tras cuantiosos recursos destinados a la atención de la pandemia. Tan sólo en la adecuación de la Clínica Unida Por la Vida de Cali, inaugurada esta semana, se destinaron -según cifras oficiales- 10.000 millones de pesos, con el propósito de ampliar el número de camas UCI para pacientes con el nuevo coronavirus. 


En cuanto a las cifras departamentales, el boletín epidemiológico de la Gobernación dice que hay 903 camas de UCI habilitadas en el Departamento. Sin embargo, al contrastar esa cifra con la información consolidada de “CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” publicada en el sitio web del Minsalud, vemos que en el departamento hay 880 camas de cuidados intensivos, y 351 camas de cuidados intermedios. Nuevamente las cifras de las autoridades no coinciden. Además, en la emisión del mediodía del noticiero de Telepacífico del 11 de julio, informaban que “en el departamento del Valle del Cauca hay habilitadas 903 camas de cuidados intensivos para todo tipo de enfermedades, todo tipo de patologías, sin embargo hay 475 camas que en estos momentos están disponibles para unidades de cuidados intensivos, y hay alerta y hay preocupación en el departamento, porque en este momento solamente hay disponibles para unidad de cuidados intensivos un 3% de habilitación de estas camas”.


Todo este panorama de cifras alegres no sólo causa dudas respecto a la veracidad de la información que se está suministrando al público, sino que es una de las causas de que la capacidad de respuesta médica de la ciudad sea deficiente para preservar las vidas de los pacientes. Según conoció este medio, por falta de camas de UCI se están remitiendo pacientes de Cali a otras ciudades, y de otras ciudades hacia Cali, y al menos uno de esos casos ha llegado su cadáver al centro de remisión, pues murió en la ambulancia durante el traslado.


Boletín Epidemiológico Gobernación del Valle, 9 de julio de 2020. Fuente: https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=43817


“CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD” en el Valle del Cauca. Fuente: MINSALUD. Consultada el 10 de julio de 2020









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