agosto 2020
1ro de Mayo 4CongresoFEU 9 de Abril Abuso sexual ACASA AFP África agro Agropatía Alejandro Ordóñez Alexander Escobar Alternativa Popular Álvaro Leyva Álvaro Uribe Ambiente Amigos de la Paz Ana Maritza Ramírez Análisis Urbano Andrea Aldana Andrés Camacho Andrés Gil Andrés Rodas Ángela Suárez Patiño Angye Gaona ANLA Antonio García ANZORC APA Argentina Ariel Ávila Armando Palau Aldana Arte y Cultura Artistas por la paz Asamblea Constituyente Ascamcat ASTRACAVA Audiencia Pública Audios Avanza Colombia Barrial Bolivar Bolivia Boro Buenaventura Buga Byron Salazar Cabildo Abierto Cabildos Caldas Cali Campesinado y política agraria Caquetá Caravana Caravana Humanitaria Carlos Alberto Sánchez Collazos Carlos Gaviria Carlos Lozano Carlos Lugo Carlos Pedraza Carmen Elena Villacorta Carmen Rosa Aramburo Catatumbo Resiste Cauca CCVC Cenpaz Cesar César Gaviria Cese al fuego Chocó CIA Ciudades Claudia Julieta Duque Claudia Quintero CNMH COCCAM Colombia Humana Comisión de la Verdad Comosopol COMUNES Conflicto territorial Congreso de los pueblos Congreso de paz CONPI Constituyente constituyente campesina Constituyentes Contagio Radio Contienda electoral Contra el Acuerdo 2034 Contravía Convergencia Coopripaz coordinación campesina del valle del cauca Coordinación Medios Alternativos Coordinadora Estudiantil Univalle COPAN COPAN extraordinario Corea del Norte Corrupción CPDH CPV Cromatophoro Crónica Cuba Cumbre Agraria Cumbre por la paz Daniel Bajaña Daniel Coronell DAS David Albarracín David Escobar David Rabelo DEA Defendamos la Paz Deporte Derechos Humanos Desaparecidos Diálogos de Paz Diana Jaramillo Diana María Rengifo Dilián Documentales Doris Rivera Doris Suárez Econoticias Ecopetrol Ecuador Eduardo Galeano Eduardo Pizarro Educación Educación y estudiantes EFE Ejército El Campo El Espectador Elecciones 2019 Eliécer JIménez Julio ELN English Enrique Santiago Enrique Santos Entrevistas Érika Ortega Sanoja ESMAD Estado Islámico Estados Unidos Eva Golinger Evo Morales Falsos positivos Farc Fascismo Feliciano Valencia Fensuagro Fernanda Sánchez Jaramillo Fernando Vallejo festival de música campesina FEU FIPU Florida Formación Foro Social Urbano Alternativo y Popular Fotos Francisco Toloza Franco Vielma Fred Núnez Freddy Agudelo Frente Amplio Funuvida Garantías Políticas Genocidio Ginebra Giorgio Trucchi Gobierno Golpe de Estado Grupo de Energía de Bogotá Guacarí Guajira Guerra económica Haití Harold Ordoñez Hekatombe Hernán Durango Hip-Hop Horacio Duque Giraldo Hota Huber Ballesteros Hugo Chávez Hugo Ramírez Burgos Huila Ignacio Ramonet implementación INCODER Indígenas y afros Indígenas y Campesinos Inernacional INPEC INSPP Internacional Intervencionismo IPC Irak Irán Isabel López Obando Israel IX Festival J. Marcos Jaime Garzón Jamundí Jan Farid Cheng Lugo Javier Giraldo Jeb Bush JEP Jhon Freddy Grisales Jorge Enrique Botero Jorge Pretelt José Antonio Gutiérrez José Marulanda José Salcedo Jóvenes Juan Alejandro Echeverri Juan G. Bermúdez Juan Sebastían Barragán Julian Asange Justice for Colombia Juventud Rebelde Kenedi Campo Kiko Gómez L'etincelle La Haine La Morada Feminista La Oreja Roja Lanzas y Letras Larga vida a las mariposas Lazos de Dignidad Letincelle Libardo Orejuela Libertad de Prensa Liliany Obando Liseth Montero Lucas Carvajal Lucas Restrepo Orrego Lucía Aguirre Luis Alfonso Mena Luis Eduardo Jiménez Luz Betty Jiménez Luz Emilse Romero MANE Marcela Belchior Marcha Patriótica María Alejandra Rodas Marino Grueso Medios Medios de comunicación Megaproyectos Meta México MIA Miguel Ángel Beltrán Minga Nacional Minga Social Misión Vedad Montajes judiciales Movice Movilizaciones Movimiento Carcelario Mujeres y género Nacional Carcelario Nagham Salman Narcotráfico Nariño Natalia Springer Natalia Vinasco Naya Nazareth Balbás Noam Chomsky Noticias Noticias Paro Nacional Universitario Noticias Uno OEA Omar García ONIC ONU Opinión ORIVAC Oscar Escobar OTAN Pablo Borrero Pablo Catatumbo Pablo Serrano Página Popular Palestina Palmiguía Palmira Pandemia Paola Fernández Paramilitarismo Paramilitarismo informático Paro Agrario Paro del Pacífico Paro Minero Paro Nacional Paro Nacional Universitario Partido Comunista Partido Verde Pastoral Social Patoral Social paz Paz con Justicia Social Pazífico Noticias PCPV PDET Pepe Mujica Periferia Petro Piedad Córdoba Poder Ciudadano Polo Popayán. Pradera Prisioneros políticos Proactiva Proceso de Paz protestas PUPSOC Putumayo Qantu Rapso Rastrojos Rebeca Rodríguez Recomendado Reconciliación Colombia REDDHFIC REMAP Renán Vega Resumen Latinoamericano Revista Semana Risaralda Rogelio Osorio Rompiendo Cadenas RPASur RPAZ RT Rusia Sabores y Saberes Salomón Kalmanovitz Salud San Vicente del Caguán Sancocho Fest Sandra Castro Santiago Mayor Santrich Sara Leukos Semanario Voz Sentido Real Servicios Públicos Sevilla Shameel Thair Silva Siloé Silvia Arjona Silvio Rodríguez Sin señal Sintradit Sintraemcali Sintraserviaseo Siria Smurfit Soberanía Alimentaria solidaridad Sputnik SUGOV Suroccidente Suyana Talleres Tania Ospina Taser teleSUR Tercer Canal Terrorismo de Estado Timoleón Jiménez TLC Trabajadores Transporte Trata de personas Tuluá TV Alternativa Bolivariana Unai Aranzadi UNAL Palmira Unasur UNICAUCA Unidad popular Unión Patriótica Univalle Univalle Palmira Universidad del Valle Universidad Libre UP USACA V Festival Valle del Cauca Veeduría Social Veedurías Venezuela VI Festival de Teatro Videos VII Festival Teatro Vivienda WikiLeaks William Espinosa William Whitney Jr. Wilson Sánchez X Festival XI Festival Yira Bolaños Yo te nombro Libertad ZRC

Las últimas masacres vividas en Colombia no son el incremento de la violencia, simplemente son la cara escandalosa del posicionamiento de la barbarie que opera desde tiempo atrás y ahora decide alardear, anunciar su poderío, con la tranquilidad del verdugo que minutos después de masacrar a ocho jóvenes en Nariño, tranquilamente enciende un cigarrillo en señal de un ritual de sangre cotidiano.

Masacres, líderes y lideresas de todo tipo y excombatientes de la Farc asesinados sin pausa alguna, poblaciones enteras amedrentadas y secuestradas por el paramilitarismo que opera abiertamente, o que se camufla bajo modalidades del narcotráfico y el sicariato para cumplir su fin, es el signo claro de una política de tierra arrasada que se complementa con el robo y saqueo del patrimonio público, y la entrega de la soberanía para desestabilizar a Venezuela, una estrategia integral de la barbarie que se aceleró al quedar el movimiento social en una crisis, aún mayor de la que venía, por causa de los efectos socio-económicos de la pandemia.

La sangre y el saqueo no se van a detener. Nuestros verdugos jamás han desaprovechado su posición privilegiada dentro de la guerra para asesinar y empobrecer al pueblo colombiano. La barbarie seguirá en sus formas más crudas porque ya se definió que el uribismo no va más en el poder. Y por ello será utilizado para atentar contra cuanto liderazgo social les sea posible acabar durante su Gobierno, una medida calculada para luego dar paso a la cara amable del neoliberalismo que estará encarnada, principalmente, en el rostro de Sergio Fajardo.

Recordemos que esta dinámica no es nueva. A finales de la década de los noventa tuvimos en la Presidencia a Andrés Pastrana hablando de paz, luego a Uribe hablando de guerra, después a Santos invocando nuevamente la paz, y actualmente tenemos a Duque cumpliendo lo prometido por la ultraderecha: hacer “trizas” los acuerdos que pusieron fin a la guerra con las FARC.

A Duque le seguirá una cara fresca que pueda administrar el saqueo neoliberal, que a su vez pueda lavarse las manos de los ríos de sangre del pasado Gobierno. Para esto cuentan con una cara como la de Sergio Fajardo, quien en el poder ofrecerá procesos de desmovilización y rebaja de penas para “pacificar” el país, y para cuyo cometido gozará del apoyo cómplice de Jorge Enrique Robledo, quien ya traicionó al país en 2018 al votar en blanco para que Petro no fuera Presidente.

Mientras esto se prepara, el paramilitarismo que opera principalmente en zona rural, se disparará en las urbes, porque para ello ha sido implementada la estrategia de mexicanizar las estructuras del narcotráfico en Colombia, pues esto les permitirá, a medida que las redes del microtráfico se extiendan, fortalecer bandas sicariales en las ciudades para asesinar a líderes y lideresas sociales que escapan del radar de la ruralidad.

Bajo esta cruda realidad el movimiento social y popular colombiano requiere una lectura muy aterrizada de la situación que le permita aceptar que, a pesar de la resistencia que pueda desarrollar o mantener dentro de sus dinámicas ya establecidas, es muy poco lo que podrá mitigar de esta política de tierra arrasada. De igual manera, deberá asumir que a través de la movilización social no está en capacidad de invertir la correlación de fuerzas que tiene en su contra y que aumentó debido a los efectos socio-económicos de la pandemia.

Si bien las calles son un escenario de lucha que no se abandona, y que la toma de vías por parte del movimiento indígena, afrodescendiente y campesino sirven para el logro de reivindicaciones, y mantener los lazos de los procesos organizativos, esta dinámica no está en capacidad de frenar políticas que requieren la toma del poder o, por lo menos, ser Gobierno para entrar en otro tipo confrontación, bajo otras circunstancias y motivaciones, contra un régimen que, de igual manera, no se quedará de brazos cruzados si llegase a perder la Presidencia en 2022.

En este sentido, es necesario centrar la mirada en la posibilidad de cambiar las dinámicas de la confrontación pensando en las elecciones presidenciales de 2022, donde la única posibilidad de llegar al Gobierno está encarnada en la figura de Gustavo Petro. No existe otra posibilidad de candidatura. Es la única con capacidad de reconocimiento masivo en el imaginario de la sociedad para cambiar los planes presidenciales del neoliberalismo en Colombia.

Puede que existan diferencias en algunas posturas y actitudes que llegan a no gustar de Petro, provocando que se romanticen y propongan desacertadamente otras candidaturas, algo que se suma a la postura de algunos sectores que, de manera aún más romántica, piensan que la situación del país cambiará por medio de la movilización social, o porque esperan que las falencias estructurales de los procesos organizativos serán suplidas por alguna chispa hipotética –o mágica– que aparecerá y encenderá la inconformidad en las calles, posturas descabelladas en momentos que requieren acciones medibles que nos permitan contener a mediano plazo esta política de tierra arrasada.

La posibilidad de cambiar el país por medio de la movilización social está lejana. Y seguirá alejándose, y cada vez sumando más muertos, si desde ya no se centra en la agenda del movimiento social y popular, del mismo modo que se da prioridad a buscar estrategias para su fortalecimiento o subsistencia en tiempo de crisis, emprender acciones para llevar a Gustavo Petro a la Presidencia.

Por: Alexander Escobar

Omar David Sarmiento Salguero, identificado con cedula 80.246.250, es el agente de inteligencia militar que durante más de 15 días realizaba labores de seguimiento, registro fotográfico e identificación de manifestantes, sectores sociales y dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) que protestan contra la privatización de Ecopetrol.

Ver video: USO identifica agente infiltrado

Las labores de inteligencia las desarrollaba en la ciudad de Bogotá, en la Plazoleta del Machín, ubicada en inmediaciones de la sede de Ecopetrol, donde los sindicalistas y sectores sociales permanecen de forma permanente realizando acciones en contra de la venta de Ecopetrol


Ante la mirada complaciente de la Fuerza Pública, el individuo operaba impunemente, hasta que fue identificado plenamente luego de ser confrontado por escoltas de los dirigentes sindicales y la Comisión de Derechos Humanos de la USO, quienes obligaron a que la Policía actuara exigiendo su identificación.

Sin embargo, lo más grave de los hechos, según denuncia la USO, es que el sujeto fue ingresado por la Policía a las instalaciones de Ecopetrol, como si se tratase de alguien conocido por las directivas de la empresa, y con quienes estaría coordinando las labores de inteligencia militar.

Por estos hechos, la USO hace un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, en tanto que la vida de dirigentes corre grave peligro y, además, pueden llegar a ser víctimas de montajes judiciales por parte del Estado colombiano. Del mismo modo han exigido al Ministro de Defensa y al Comandante del Ejército que “expliquen cual es el propósito de estas operaciones de inteligencia contra la actividad sindical”.

Leer: Pronunciamiento de la USO

“Hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH., a la Procuraduría General de la Nación, al Congreso de la República, a las altas Cortes para que exijan al Estado Colombiano y Ecopetrol que atienda con carácter urgente la grave situación de los dirigentes de la USO y brinde todas las garantías políticas y de protección para el ejercicio sindical y el derecho legítimo a la protesta”, solicita la USO.

Redacción REMAP

 

Dentro de poco se completarán dos meses de protestas de la Unión Sindical Obrera (USO) que se oponen a la venta de Ecopetrol, algo que podría materializarse después que el Gobierno promulgara el decreto 811 que permite la venta de aproximadamente 104 empresas del Estado.

 

Una de las primeras víctimas de esta medida privatizadora sería la empresa Cenit, filial del Ecopetrol, que produce ganancias anuales para el pueblo colombiano por más de 4 billones de pesos.

 

Además de la USO, distintos procesos organizativos, sectores sociales y populares, se han unido a esta lucha impulsada principalmente por la Subdirectiva Única de Oleoductos (USO) de este sindicato petrolero.

 

Desde el Congreso de la República también se adelantan acciones para evitar su privatización. Las y los congresistas que adelantan esta lucha se encuentran articulados en lo que se conoce como la Bancada Alternativa.

 

Para conocer qué acciones se adelantan desde el Congreso, REMAP dialogó con el Senador del Polo Democrático Wilson Arias, uno de los integrantes de la Bancada Alternativa.

 

REMAP ¿Cuál es la posición de Wilson Arias frente al decreto 811?

 

Wilson Arias: Bueno, nuestra posición es de rechazo y de denuncia, empezando porque desde la época de Juan Manuel Santos se intentó vender una parte de Ecopetrol, argumentando responder a la emergencia invernal, que también fue económica y social. Por entonces la Corte Constitucional tumbó el decreto gubernamental, precisamente porque consideraba que era una medida de gravísimas consecuencias para el país, ya que, aunque hubiera pretendida conexidad del decreto con la situación de emergencia, el tramite no debía ser el de un decreto de emergencia, sino un debate ordinario en el Congreso de la República.

 

De otra parte, hay que resaltar del decreto su contenido económico, que afecta empresas como Cenit, parte de Ecopetrol, hoy en trance de venta, y que aporta más del 30% de las ganancias permanentes. Ya se ha dicho muchas veces que esto es como vender una gallina de los huevos de oro, so pretexto de una crisis.

 

Aparte de eso, hay que decirle al país que en el proyecto de presupuesto que empieza a discutirse ahora aparecen dos fuentes de financiación muy principales para el Gobierno, una de ellas, la venta de activos, probablemente Cenit, Isa, y empresas de servicios públicos de carácter regional; y el IVA de otra parte, del cual se espera aumentar el 42% de recaudo en este periodo, de modo que se trata de una política integral, antinacional y profundamente antisocial.

 

¿Qué acciones viene adelantando la Bancada Alternativa para frenar la intención del Gobierno de vender el patrimonio nacional?

 

Recordarles que el Senado de la República ya hizo un primer llamado, aprobado en plenaria, donde se le conmina al Gobierno a no utilizar estos decretos para vender, particularmente, Ecopetrol, Cenit y, en fin, el patrimonio nacional.

 

De otra parte, he radicado un proyecto, con el acompañamiento de la Bancada Alternativa, pidiendo la derogatoria del decreto que permite las privatizaciones, y creo que es muy importante explicar que hemos propuesto otras fuentes de financiación para hacerle frente a la crisis, que no sean la venta del patrimonio nacional, ni aumentar el IVA.

 

Hemos propuesto que haya una reforma tributaria, que grave solamente a unas 400 familias, las más súper, súper ricas del país. No a la gente del común, no a sus clases medias. De igual manera que se desmonten los beneficios tributarios que tiene el sector minero energético y el sector financiero en Colombia, que dan cuantías billonarias que servirían para la crisis.

 

También hemos dicho que hay que abandonar la política de austeridad, el sesgo de austeridad que impone el Fondo Monetario Internacional, para pensar en una política expansiva desde el Banco de la República, en otras palabras, que el Banco de la República no le dé liquidez a los bancos privados, sino que se la dé a las micros, pequeñas y medianas empresas, y a las gentes del común.

 

¿Qué acciones proyectan para seguir visibilizando esta situación?

 

Yo creo que desde el Congreso podemos ayudar en dos maneras: por una parte, dando argumentos, razones, explicando y dando debates legislativos, es decir, en el momento de la votación, creo que hemos venido haciendo una buena correlación de fuerzas en defensa de Ecopetrol, de Cenit, del patrimonio nacional; pero creo que el otro aspecto es el extraparlamentario, ir a explicarle al país, a la ciudadanía, desde nuestra función, pero en compañía de las organizaciones sociales y del mundo sindical, la academia, las organizaciones juveniles, en fin, todas las organizaciones sociales pendientes, y acompañar la movilización, porque además del debate parlamentario y la explicación, es importante poner fuerza en la calle en rechazo de tan regresiva política.

 

Un mensaje al pueblo colombiano para que acompañe esta importante lucha

 

La invitación a la población es a que entendamos estas políticas como parte integral de un todo, impuesto por las multilaterales de crédito, lo que llamábamos antes el paquetazo del Fondo Monetario, que produjo movilización en Ecuador, que produjo la gran movilización y explosión social en Chile, que produjo la movilización del 21 de noviembre, que sigue ahora, y peor, en momentos de la crisis. Y creo que hay que levantar una consigna franca y categórica, que la crisis la paguen los súper ricos y no el pueblo y las clases medias.

Redacción REMAP

 

La pretensión del Gobierno de vender empresas rentables del Estado encontró resistencia en las trabajadoras y trabajadores de Ecopetrol. Fue así como desde el 25 de junio la Unión Sindical Obrera (USO), impulsada por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), se tomó 54 plantas de la empresa.

 

Leer: Trabajadores se toman 54 plantas de Ecopetrol

 

La amenaza directa de privatización vino a partir de la promulgación del decreto 811, el cual permite al Gobierno vender activos de empresas rentables como Ecopetrol, teniendo como objetivo más próximo su filial Cenit, que genera más de cuatro billones de pesos anuales de ganancias al país.

 

Leer: la lucha contra la privatización de Ecopetrol

 

A 43 días de resistencia, hoy la USO reporta un balance positivo, representado en los avances de la movilización social, la firmeza de las trabajadoras y trabajadores en la lucha, y el trabajo conjunto con el sector alternativo parlamentario que trabaja para derogar en el Congreso de la República el decreto 811.

 

Sin embargo, a la fecha, después de instalada una mesa de negociación con las directivas de Ecopetrol, no se ha llegado a ningún acuerdo, y tampoco con el Gobierno que tiene vía libre para vender, además de Ecopetrol, los activos de 104 empresas del Estado.

 

En cuanto a derechos laborales, los riegos se mantienen, en tanto que “Ecopetrol intenta cambiar los contratos de los trabajadores para obligarlos a que firmen con la empresa filial Cenit, donde se pierden muchos o la gran mayoría de sus derechos”, afirma Fabio Díaz, dirigente nacional de la USO.

 

No obstante, los avances de la movilización social han detenido las pretensiones del Gobierno, y “vemos cómo más organizaciones sociales, populares, sindicales, se suman a esta lucha nacionalista; vemos cómo un contingente importante de congresistas hoy le da la razón al movimiento sindical, a los trabajadores de Ecopetrol y afiliados a la USO (Unión Sindical Obrera)”, informa Díaz.

 

Para ello, ya “desde el Congreso vienen haciendo proyectos para derogar el decreto 811, y de esta manera evitar la venta de los activos del Estado, entre ellos Ecopetrol, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y muchos otros de empresas importantes para los colombianos”, agrega el dirigente sindical.

 

Con el desenvolvimiento y afianzamiento de la lucha social, la relación con el movimiento social y popular, y el trabajo conjunto con parlamentarios que defienden lo público y la soberanía nacional, la USO espera ganar esta batalla

 

“Esperamos que con esas acciones pronto podamos decirle al Gobierno de Iván Duque que respete los derechos de los trabajadores y de la población, no poniendo en venta los activos del Estado, ya que para resolver el tema financiero del déficit fiscal el Gobierno cuenta con otros instrumentos importantes como moratoria de la deuda, el uso de las reservas internacionales y la misma emisión de moneda. Entonces lo que siguen son luchas y por esta vía aspiramos a tener un mejor país un corto plazo”, concluye Díaz.

Redacción REMAP



Por David Escobar



Se llamaba James Solarte y su caso es uno de los muchos que podrían ocurrir en el contexto de esta crisis sanitaria y social por la que atraviesa la ciudad de Cali. A sus 63 años era habitante de calle. Este relato no da cuenta de necesidades insatisfechas, sino de derechos vulnerados.

 

A las 3:02 de la tarde del día 04 de agosto del 2020, los bomberos recibieron una llamada de auxilio que reportaron así: “hombre adulto mayor, en condición de habitante de calle, descompensado sobre vía pública, sale la ambulancia AM2 (...) donde nos encontramos con dificultad respiratoria”. Según refieren los bomberos, su dificultad respiratoria no le permitía hablar, tuvieron que ponerle una máscara de oxígeno, sin poder establecer si tenía familiares, con quien vivía o si era beneficiario de algún programa social del Estado.

 

Lo encontraron tirado en la calle, al lado del centro comercial Carulla de la calle 4B con carrera 34, en el barrio San Fernando, a menos de medio kilómetro del Hospital Universitario del Valle (HUV).  Los bomberos fueron direccionados por el Sistema Integrado de Comunicaciones (SICO) de la Alcaldía de Cali a dicho hospital, al cual llegó somnoliento. En el triage les dijeron que no había cupo, ni aislamiento, ni Unidad de Cuidados Intensivos disponible para un paciente con coronavirus. También les dijeron que estaba estable y orientado, a pesar de que su presión arterial media era aproximadamente 55, es decir que estaba “inestable hemodinámicamente” y su frecuencia respiratoria estaba también por fuera de los rangos de normalidad. Su cuerpo empezó a presentar sacudidas involuntarias -movimientos mioclónicos- y a ponerse rígido o “tónico”, siguiendo el léxico usado por el personal de salud.

 

James había sido valorado en el triage por una enfermera y no por un médico, y a la ambulancia se le estaba acabando el oxígeno que lo mantenía aún en este mundo. Los bomberos estuvieron una hora y media afuera del HUV, sosteniendo su respiración, hasta que el paciente fue valorado por un médico, quien les informó que requería una UCI. Otra ambulancia de apoyo le trasladó oxígeno a la ambulancia de bomberos.

 

Alrededor de las 6:00 pm los Bomberos se comunicaron con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), donde reciben la instrucción de remitir a James al Hospital San Juan de Dios (ubicado a 4 km de distancia) para garantizarle oxigenación y estabilizarlo, mientras esperaban 2 camas de UCI para COVID-19 que estarían disponibles en el Hospital  Mario Correa después de las 7pm.

 

El personal de salud del San Juan de Dios había llevado a cabo un plantón tan sólo 5 días antes, acompañados por los sindicalistas de Sintrahospiclínicas, del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali y de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social (ANTHOC). La razón del plantón, según conoció este periodista, es que los trabajadores de este Hospital llevan 7 meses sin recibir su remuneración salarial, y por ende la seguridad social integral (pago a EPS, pago a pensión, etc), así como el no pago de cesantías ni la entrega de elementos de protección personal para manejo de pacientes con el nuevo coronavirus. Ante estas circunstancias, los médicos especialistas (ginecólogos, anestesiólogos, entre otros) habían entrado en cese de actividades 10 días atrás (ver comunicado al final).


El San Juan de Dios, como se afirma en su página, “es un una entidad privada, sin ánimo de lucro, que se asemeja en todo su funcionamiento a una entidad pública”, es decir que recibe recursos públicos. La Secretaría de Salud Departamental, dirigida por la señora Maria Cristina Lesmes Duque, hace parte de la Junta Directiva de ese Hospital. Igualmente participa la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de Miyerlandi Torres Agredo. La planta de dicho centro de salud está conformada por alrededor de 800 trabajadores, que no reciben su salario, a excepción del gerente Ivan Gonzales Quintero (nombrado por Angelino Garzón desde hace 2 décadas), y los 23 integrantes de su grupo administrativo, que tienen su salario y prestaciones sociales al día.

 

Tanto ese día, como los anteriores, no había camas de UCI disponibles en el San Juan de Dios, ni tampoco en el resto de la ciudad, de acuerdo a documentos oficiales que este periodista pudo conocer (ver imagen 1). Sin embargo, según las cifras publicadas por la Secretaria de Salud Municipal de Cali, la ocupación de camas exclusivas para COVID-19 ese día en Cali era de 79.4% (ver imagen 2). ¿El 20% de UCI’s que estaban desocupadas no era suficiente para recibir a este hombre en una situación tan vulnerable?.

 

“¡Uy murió!”. Con esas frías palabras Radio Reloj transmitió en vivo el momento definitivo en que los párpados de James se cerraron despacio, con su último sorbo de aire. Murió sin poder ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos de ningún Hospital, según informó a dicho medio el Cabo Marco Gómez, de la central de telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali.

 

 

Imagen 1. Fuente: reservada.

 


Imagen 2. Fuente: Twitter de la  Miyerlandi Torres, Secretaría de Salud Municipal.

 

 


Imagen 3: Comunicado del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget