septiembre 2020
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Cuando el poder pierde una batalla en su propio terreno, responde de dos formas: con violencia asesina incrementado los crímenes de Estado en la guerra contra el pueblo, o negando y tergiversando los hechos que llevaron a su derrota parcial o pasajera. En Palmira (Valle del Cauca), la noche del viernes optaron por la segunda opción.

 

Pasadas las ocho de la noche, el 25 de septiembre mi teléfono recibió la primera imagen del derribo del Monumento al Soldado, un maniquí convertido, a la fuerza, en una estatua con pala, pintada de dorado, que reposaba al frente del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de Palmira. La foto me llegaba de manos de César Montoya, encargado de prensa de Palmira Humana, quien registró el hecho sin saber que su fotografía terminaría en los diversos medios del país sin darle crédito alguno.

 

Su derribo ocurría en medio del acto simbólico convocado, principalmente, por la comunidad LGTBIQ del municipio, que también fue acompañado por otros sectores de la sociedad que protestaban por la muerte de Juliana Giraldo Díaz, integrante de la comunidad trans asesinada por el Ejército el 25 de septiembre en Miranda, municipio del departamento del Cauca.


 

La foto me tomó por sorpresa, pues minuto a minuto seguía el acto de protesta y no daba indicios de desencadenar en enfrentamientos con la Fuerza Pública, y menos que hubiera intensión de derribar el maniquí. Y también tomó por sorpresa a mi colega que observó cómo de manera intempestiva alguien subía a la base del monumento y, sin mayor esfuerzo, le derribaba.

 

A pesar de ser un lugar infestado, supone uno, de cámaras de vigilancia, todo indica que hay quienes prefieren correr el riesgo de ser judicializados, a tener que pasar frente a la historia como personas tibias que no protestan de manera significativa contra símbolos institucionales que perdieron legitimidad hasta convertirse en representación de la vergüenza, el crimen y la impunidad contra el pueblo.

 

Constados los hechos y contando con una fuente confiable, la primera aparición de la foto tuvo lugar en la página de Facebook de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), afirmando que el monumento había sido derribado. Posteriormente se viralizó hasta llegar a los medios de comunicación que, amparándose en declaraciones oficiales que encubrían el derribo, publicaron versiones tan estúpidas, tan vergonzosas, que no tardaron en decir que todo se trataba de una caída accidental, producida por del peso de una bolsa que terminó desplomándole.



Tumbaron el macho

Lo que representa el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán y el muñeco de Palmira, tiene similitudes en cuanto a la confrontación y derrumbe de ídolos que tienen como misión posicionar ideologías del poder que se imponen por la fuerza sobre un pueblo dominado, tanto física (a través de las armas y la represión) como mentalmente (por medio de símbolos que encarnan sumisión, y que pasan de generación en generación hasta que son derribados).

 

Leer: De Belalcázar a la brutalidad policial

 

Sin embargo, la acción silenciosa en Palmira a cargo de las autoridades, de negación y ocultamiento, en comparación al despliegue ruidoso de protesta de las élites del país por lo ocurrido en Popayán, marcan una diferencia: la caracterización patriarcal, homofóbica, machista, que se edifica en la figura del soldado, a manera del macho fuerte como máquina asesina que no puede ser derribado por la protesta de “un grupo de maricas”.

 

El asesinato de Juliana Giraldo Díaz confirma la acción violenta y asesina del poder que no permite ser cuestionado, que tiene licencia para matar ya sea para mantener al pueblo dominado a través de la Fuerza Pública, o para decir que puede hacerlo porque, simplemente, la Fuerza Pública es representación de las élites que les autoriza para hacerlo de manera indiscriminada.

 

Leer: Política de tierra arrasada

 

Emprendiendo acciones discriminatorias, fascistas y homofóbicas, asesinan a integrantes de la comunidad LGTBIQ, violan a niñas y mujeres, golpean ancianos, así como también tienen vía libre para golpear y asesinar a jóvenes con el pelo largo. Pueden hacerlo porque es parte de su recompensa, como un botín de guerra autorizado en tiempos de la Conquista por la Corona española, al que tienen acceso por cumplir la vergonzosa y criminal tarea de sostener a una élite corrupta, mafiosa y asesina en el poder.

 

El derribo del maniquí del soldado en Palmira encarna una dignidad profunda y valerosa, en tiempos donde se te amenaza con la masacre o la cárcel para ser silenciado y doblegado. La comunidad LGTBIQ, que tantos muertos y muertas ha puesto por acción violenta de la Fuerza Pública y una sociedad formada bajo la figura del macho, debe sentirse orgullosa de este acontecimiento significativo que engrandece su lucha y la de todos los pueblos del mundo por lograr un mejor vivir, libre de tiranías como la que vive Colombia.

 

El macho asesino, sumiso y patriarcal debe caer del poder y todos los espacios de la sociedad. Haberlo tumbado en Palmira es un hecho sin precedentes. Y el ocultamiento de este hecho (que el muñeco haya sido reparado con pegamento y pintura, y vuelto a ubicar rápidamente en su sitio) es un asalto a la memoria que lucha contra símbolos e ideologías de la muerte, y única respuesta de una autoridad temerosa de la verdad y el ridículo, cuyo poder se enfoca en esconder esta derrota para que el mundo no tome ejemplo de dignidad.

Por: Alexander Escobar 

Este martes 22 de septiembre, a partir de las 8 a.m., se llevará a cabo la Caravana por la vida y la paz, como un acto de acompañamiento al NAR (Nueva Área de Reincorporación) en el sector de Mandivá, en Santander de Quilichao. Allí hombres y mujeres en proceso de reincorporación vienen apostándole a la construcción de paz a través de propuestas productivas y comunitarias, pese a los incumplimientos, a la falta de garantías y, ahora, a las amenazas de muerte que recibió la junta directiva de la Cooperativa COOMAMCE (Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Mandivá Cauca Ecomún), la cual lidera iniciativas de reincorporación en el territorio.

 

“Esta caravana surge como una forma de manifestar la solidaridad por las amenazas que le han hecho a la directiva de la cooperativa COMAMCE, como un gesto humanitario, un gesto de solidaridad, y al mismo tiempo para mandar un mensaje al Gobierno departamental y nacional de nuestro compromiso con la paz, con la reconciliación y con la reincorporación a la vida civil”, plantea Wilson Ramírez Guzmán, representante legal de la cooperativa COMAMCE

 

Y es que la situación de seguridad en la que se encuentran líderes sociales y personas en proceso de reincorporación es crítica, según el último informe de Indepaz, en lo corrido del 2020, hasta el 15 de julio habían sido asesinados 166 líderes sociales y/o defensores de DD.HH. y 36 excombatientes de Farc-Ep firmantes del Acuerdo de Paz. Uno de los departamentos con el panorama más complejo en términos de asesinatos y amenazas es el Cauca.

 

Ante este dramático panorama la respuesta del Gobierno Nacional ha sido casi nula. Además del incumplimiento y el abandono con el que deben lidiar todos los días los firmantes de paz para llevar a cabo sus proyectos productivos e iniciativas comunitarias, deben enfrentarse a amenazas de muerte sin ninguna garantía de seguridad.

 

“Es que las comunidades, y sobre todo las personas en proceso de reincorporación se encuentran en un peligro latente, por lo que han venido pidiendo protección a la UNP (Unidad Nacional de Protección). Hace más de dos meses se les aprobó un esquema de seguridad colectivo, pero este no se ha implementado, nosotros sabemos que esta no es la solución absoluta, que esto también requiere presencia del Estado, pero puede ser un disuasivo, hace parte de la seguridad de ellos, de saber que pueden entrar y salir de la zona, sabiendo que hay gente que los está cuidando, pero hasta el momento no ha sido posible su implementación”, expresa Luis Fernando Enríquez, integrante de la comisión de Derechos Humanos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

 

Con esta caravana se busca visibilizar la crítica situación que se vive en materia de seguridad en el departamento del Cauca y en el suroccidente del país, además de acompañar y solidarizarse con quienes, a pesar de todos los obstáculos, siguen empeñados en la construcción de paz desde los territorios y con las comunidades.

 

Haciendo un llamado, quienes vienen acompañando los procesos de reincorporación y construcción de paz, invitan a participar este martes 22 de septiembre de la Caravana:

 

“Invitamos a toda la comunidad, a los líderes a las lideresas, a comunidades indígenas y afros a que nos acompañen, que podamos estar presentes en el acto simbólico demostrando nuestro apoyo al proceso de paz y nuestra preocupación por las vidas de excombatientes”.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinación de formas asociativas del suroccidente “Wilson Saavedra”

Coordinación "Wilson Saavedra"

Derrumbar ídolos es derrumbar ideologías o, por lo menos, confrontarlas. Es fácil entender entonces por qué grupos económicos y pequeñas élites políticas se rasgan las vestiduras al conocer que en Popayán, indígenas del Pueblo Misak, derribaron el monumento de Sebastián de Belalcazar, cuya imagen rinde culto a la barbarie perpetrada por la Corona de España contra los pueblos indígenas.

Estos grupos y sectores no contemplan que se cuestione su poder, su dominación sobre clases oprimidas, masacradas y explotadas. Para ellos, la estatua de Sebastián de Belalcázar deriva en símbolos de represión, autoritarismo y fascismo que necesitan promoverse para que toda forma de brutalidad sea aceptada bajo la excusa de “mantener el orden”, es decir, sostener la barbarie con ríos de sangre provocados por la Fuerza Pública.

Puede verse, de este modo, que la estatua de Sebastián de Belalcázar, como muchas otras del país, llevan consigo una doctrina de clases elitistas que se otorgan el derecho de asesinar y reprimir para conservar el poder, así como mantener sus privilegios obtenidos a través de masacres contra pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

De las masacres y barbarie perpetradas durante las épocas de la conquista y la colonia, a las perpetradas por el paramilitarismo, podemos encontrar coincidencias entre el modelo monárquico y el modelo neoliberal, pues la instauración de estas formas de dominación, con todas sus diferencias, se imponen por la vía de la aniquilación, el amedrentamiento y sometimiento de quienes no pertenecen a clases sociales y grupos económicos, tanto nacionales como trasnacionales, que históricamente han sido excluidos de la política.

Para que el neoliberalismo lograra avanzar y posicionarse en Colombia en la década del noventa, bajo el gobierno de César Gaviria, necesitó arremeter salvajemente contra la oposición política y cualquier forma organizada que defendiera el patrimonio público, la soberanía nacional y luchara por derechos sociales. Para ello recurrió a la estrategia paramilitar que, combinada con el narcotráfico, el crimen organizado y bandas sicariales, tiene como misión reducir al máximo cualquier brote de inconformismo.

Amedrantando, asesinando y masacrando imponen control territorial, donde rebelarse contra la injusticia es un hecho valiente y digno que resiste en el tiempo, aunque sin ninguna contundencia en las calles para sacar del poder a las élites que gobiernan.

Cada vez que la lucha y el movimiento social tienden a fortalecerse, de igual manera la barbarie paramilitar reaparece modificando algunas de sus formas operativas, pero jamás cambiando sus objetivos: mantener a una clase elitista y ciertos grupos económicos en el poder, cobijados bajo el modelo neoliberal que expropia lo público, la soberanía y el buen vivir.

Por tanto no es de extrañarnos que esta clase privilegiada se escandalice cuando los ídolos de la barbarie son confrontados y derribados, puesto que Sebastián de Belalcázar encarna la ideología de la dominación, represiva y asesina, que justifica el uso de la fuerza contra quienes se oponen a la injusticia. Esa ideología es la que hoy gobierna en la Fuerza Pública bajo la doctrina de la sumisión que obedece al poder reinante.

Es así como Belalcázar constituye el mejor ejemplo para comparar la brutalidad policial en Colombia, puesto que representa el guerrero sin ética, que no cuestiona las órdenes de sus mandos y que aplica la barbarie para cumplir la misión encomendada por el poder: masacrar y reprimir poblaciones y grupos humanos para obtener por la fuerza un territorio, o para mantenerlo bajo su poder de forma indeterminada para favorecer a una élite mafiosa, asesina y privilegiada.

Al poder asesino no se cuestiona, al igual que no se cuestiona la estatua de Belalcázar que termina representando, en el contexto actual, el monopolio de las armas, su uso represivo y salvaje, contra un pueblo que debe permanecer dominado. De este modo la brutalidad policiaca en Colombia es continuación de esos símbolos, esas estatuas y monumentos que en plazas y sitios emblemáticos del país, sin ningún tipo de ocultamiento, nos miran desde arriba como Sebastián de Belalcázar, escupiéndonos en la cara y recordándonos que nuestros opresores continúan en el poder, en firme como las estatuas que defienden e imponen para colonizar los territorios mentales de la sociedad.

Dejar de decir “arte” para justificar la barbarie

El arte puede evocar lo cotidiano, la historia y memoria de una sociedad en un momento determinado. Cuando obras como la estatua de Belalcázar, que reposaba en el Morro de Tulcán de Popayán, son vaciadas de contenido y analizadas solo bajo una función estética, de historia de una técnica o trayectoria de un autor, éstas se convierten en meros adornos decorativos funcionales al ego de una civilización sin memoria, que muestra su fachada pero que no abre la puerta porque teme que el mundo conozca sus atrocidades y estupideces.

La estatua de Belalcázar no puede ser vaciada de los significados, simbologías y contextos en que se realiza y se mueve para permanecer en el tiempo, del mismo modo que no puede desprenderse de su función estética.

La estatua de Sebastián de Belalcázar indudablemente es una obra artística (una que de ser escultor jamás hubiera hecho), pero al igual que otros símbolos y monumentos que son sinónimo de enaltecimiento de la barbarie y la opresión, debe ubicarse en un lugar para tal fin, quizá un museo con un recorrido guiado donde el contexto, la historia, memoria y lucha de nuestros pueblos indígenas y afrodesciendes que resistieron al genocidio de la Corona española, no se pierda ni se agreda bajo la excusa, intelectauloide y acomodada al poder, de conservar, restaurar y proteger una obra artística.

Los símbolos de la barbarie deben reemplazarse por un arte de la memoria y la dignidad, fruto de convocatorias artísticas y encuentros con comunidades que deben dar vida a nuevas estatuas y monumentos que ocupen el lugar de ídolos de la muerte y la opresión. Mientras esto no ocurra, y se carezca de voluntad para adelantar este tipo de procesos, toda estatua de Belalcázar y demás asesinos y opresores deben caer, porque debemos heredar a las generaciones futuras y presentes un modelo de sociedad que enaltezca la vida y no la muerte, que promueva la libertad y no la represión, que avive la lucha y no la sumisión.

Por: Alexander Escobar



Diferentes procesos y comunidades vienen gestando en Cali iniciativas para la defensa del derecho a una vivienda justa y digna para poblaciones que, históricamente, han sido despojadas de sus tierras por actores estatales, empresariales y paraestatales.

Muchas de estas expresiones organizativas se encontraron el pasado lunes 14 de septiembre de 2020 en las afueras del Hotel Cosmos sobre la Avenida del Río, entre las que se destacan el movimiento de los Sin Techo Cali, la comunidad del sector de la Viga en Pance (desalojada violentamente por el ESMAD de la Policía Metropolitana de Cali al mando del Alcalde Jorge Iván Ospina) y la comunidad de Abosqueceres del sector contiguo al Cementerio Metropolitano del Sur,  las cuales realizaron un plantón pacífico por el derecho a la vivienda y en rechazo a las actuaciones violatorias de los Derechos Humanos llevadas a cabo por la Policía en todo el país, especialmente en Bogotá, en donde asistimos a una semana de represión y asesinatos cometidos por esta fuerza del Estado contra manifestantes indefensos.



Esta lucha por la vivienda en Cali reivindica la dignidad como elemento esencial del ser humano y la ciudadanía. Lucha que no es nueva. En la historia, las migraciones de poblaciones esencialmente provocadas por la violencia política en las zonas rurales, principalmente del suroccidente del país durante el Siglo XX, ha generado asentamientos, y con ellos luchas por la vivienda como un derecho humano fundamental y necesario para disminuir las brechas sociales, la falta de acceso a la tierra; y tal como ocurre ahora, los pobladores siguen siendo vulnerados por las élites mafiosas, políticas y económicas de la ciudad y la región.

Durante la jornada, estos movimientos y procesos por el derecho a la vivienda en la ciudad de Cali, llevaron a cabo una audiencia con autoridades administrativas como la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali. Allí se esperaba la presencia del alcalde Jorge Iván Ospina, quien no llegó a dialogar con estas comunidades y tramitar directamente sus justas exigencias de vivienda digna con salud, educación y oportunidades de trabajo en el marco de una Política Pública de Vivienda construida democráticamente con estas poblaciones históricamente excluidas y vulneradas por una institucionalidad alejada de sus realidades.

A manera de balance, voceros del movimiento de Los Sin Techo Cali manifestaron que "se logró comprometer a estas secretarías a visitar a la comunidad de Abosqueceres, quienes actualmente se encuentran amenazados de ser desalojados violentamente, como pasó en días anteriores con la comunidad de La Viga. También se logró sacar adelante la intención de conformar una mesa de concertación y acuerdo con todos los procesos que están en amenaza por el tema de desalojos y con todas las organizaciones de viviendistas de la ciudad, donde la Secretaría de Vivienda se compromete a que se formalice este espacio, con el objetivo de revisar los protocolos en materia de derechos humanos en los desalojos con previas alternativas de vivienda digna".

Finalmente, se resalta que las comunidades amenazadas de ser desalojadas de sus viviendas, las organizaciones de viviendista y Los Sin Techo de Cali, expresan que “continuarán esta lucha ardua por el legítimo derecho a la vivienda digna y se solidarizan con las diferentes luchas sociales en la ciudad y el país que permitan confluir en un gran movimiento ciudadano que lidere y promueva las necesarias transformaciones que la ciudad, la región y el país necesitan y anhelan”.

Por: Anthony Garcés


Sin cambio es los factores que originaron una política criminal, no existe posibilidad de reconciliación, solo formas protocolarias de apaciguar ánimos y descontentos para esconder una problemática y lavar la imagen de una tiranía. Colombia es experta en estos modelos de disuasión que primero dispara y asesina, y luego hace que el olor a sangre, plomo y pólvora parezca fragancia de jazmines.


La función paramilitar de la Policía alcanzó su mayor visibilidad el 9 y 10 de septiembre, cuando en Bogotá la indignación ciudadana se tomó las calles para reclamar por el abogado Javier Ordoñez, a quien la Policía asesinó torturándole con descargas eléctricas y golpeándolo en la cabeza hasta matarlo.

Más de una decena de personas masacradas, en su mayoría jóvenes, y cerca de doscientos manifestantes heridos, setenta y dos por arma de fuego, es el balance criminal dejado por la policía en solo 48 horas, donde cifras oficiales reportan 119 casos de abuso policial documentados, y hora y media de video como prueba.

Pero a pesar de estas cifras, y otras anteriores que incluyen hasta violaciones a niñas menores de edad, el Gobierno llama a “no generalizar”, y habla de “individualizar” a las manzanas podridas porque “la institución no tiene la culpa”. No, todo lo contrario. Hay que individualizar es a la gente buena que trabaja en la Policía, porque el resto, la institución, es la podredumbre.

La tortura y la muerte, asesinar con sevicia, no son efectos descontrolados del régimen uribista, son prácticas comunes de instituciones policiales cuya función es sostener a déspotas en el poder. Sangre y dolor para quienes desafían la autoridad, es la práctica paramilitar en manos de la Policía que obedece a su amo: la ultraderecha comandada por el uribismo.


No obstante, no hay de qué preocuparse, la sangre se lava y el dolor se adormece con seudopactos de convivencia y perdón entre la comunidad y la Policía que se televisan en directo, con acompañamiento de mandatarios cuya única preocupación es el futuro de un neoliberalismo que pueda continuar saqueando con tranquilidad, cuando el uribismo ya no esté en el poder.

A esta canallada hoy le llaman “reconciliación”, una posición tibia que dice sí pero no, que dice que la Policía es culpable, pero luego lava su imagen dando espectáculos que solo son el ocultamiento de la barbarie, pues no habrá cambio en la estructura y doctrina de los cuerpos policiales que cumplen funciones represivas y paramilitares.

Así se convierte la reconciliación en un show de la impunidad que, además, se utiliza para estigmatizar a quienes no acceden a dar la mano al victimario, porque no estar a favor de estos juegos de la infamia es quedar crucificado ante la opinión pública como un “vándalo” que atenta contra la convivencia.

Manipulando el discurso de la reconciliación se pretende despojar al pueblo del derecho a indignarse, y de mantener esa indignación hasta que las estructuras y doctrinas de la Fuerza Pública cambien, algo que solo será posible cuando la indignación haga posible que caiga la ultraderecha, o cuando logremos un Gobierno que permita reconciliarnos bajo acuerdos basados en el cambio de esas estructuras (políticas, económicas, sociales y policiales) que oprimen y asesinan al pueblo con balas y miseria.

Por: Alexander Escobar

Desde el mes de julio se adelantan talleres del proyecto Memoria y saberes con voz de juventud, una iniciativa que, a través del periodismo escrito, busca afianzar saberes, tradiciones y, en últimas, la cultura y memoria de Palmira.

En su primera fase, el proyecto comenzó de manera virtual con jóvenes que habitan el sector urbano, y desde este sábado, 5 de septiembre, inició de manera presencial en zona rural del municipio.

El proyecto fue formulado y es coordinado por el periodista y documentalista Alexander Escobar, y hace parte de las iniciativas cofinanciadas por el Programa Municipal de Concertación Cultural de Palmira.


“Arrancamos este fin de semana talleres presenciales en el corregimiento de Tienda Nueva. Tanto en su modalidad virtual y presencial, el proceso de formación se extenderá hasta finales de este mes. Y ya para mediados de octubre, el proyecto dará sus frutos: escritos de la juventud palmirana que rescatan la cultura, los saberes y memoria del municipio”, afirmó Alexander Escobar, coordinador de la propuesta.

La iniciativa, que también es apoyada por la Junta de Acción Comunal de Potrerillo, la Fundación Escénica y Cultural El Teatro Vive, y la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), ha sorteado dificultades que llenan de experiencias los procesos de formación.


“Ha sido difícil adelantar el componente virtual del proyecto. Cuando se realizan convocatorias abiertas, no siempre quienes se inscriben tienen la disponibilidad de tiempo mínima que requieren este tipo de procesos, o porque su interés y prioridades reposan en otros lugares. Muchas personas se inscriben por curiosidad, y se termina con cifras infladas de participación, un globo que se revienta durante el transcurso de los talleres”, explicó el coordinador.

De la virtualidad también hay aprendizajes porque “es una experiencia nueva a la que llegamos por necesidad, tanto económica como creativa, en el sentido de no dejar que muera el arte, en este caso, los procesos de escritura y recuperación de saberes. Y al igual que lo experimentó el sistema educativo, se deben duplicar días y más encuentros virtuales de los que se tenían propuestos, ya que las personas están lidiando con una pandemia que altera su vida y sus ritmos de sobrevivencia y desenvolvimiento social”, concluyó Alexander.


Los trabajos finales serán dados a conocer en la página web del proyecto. De igual manera también quedarán consignados en una revista virtual para libre descarga. De esta forma se garantizará el acceso a cualquier persona del mundo que tendrá oportunidad de conocer más de Palmira y su cultura.

Redacción REMAP


En las sociedades actuales es común sentir una constante vigilancia en todos los espacios que frecuentamos. Al salir de nuestros hogares, lo primero que encontramos en la calle es al celador de la cuadra, una cámara en lo alto de un poste de luz, las cámaras de fotomultas, las señales de tránsito que nos indican qué hacer y en qué momento hacerlo. Llegamos a nuestros lugares de trabajo o estudio y somos monitoreados por dispositivos de video que registran hasta la manera como masticamos el chicle. Si al terminar la jornada, pasamos por el supermercado, hay un número “imperceptible” de ojos puestos sobre nosotros: personal de vigilancia, cámaras, espejos convexos, etc. Todos nuestros comportamientos están determinados por la supervisión de un gran ojo que todo lo ve, pero que muchas veces no puede ser visto.

La innovación de los sistemas de vigilancia con dispositivos cada vez más avanzados, ha permitido que incluso en lugares como los centros educativos se instalen cámaras para monitorizar a sus estudiantes en distintos espacios de los planteles, aquellos que se adaptan para el aprendizaje, el esparcimiento, la práctica científica y deportiva, hoy disponen de cámaras que, a consideración de muchos, invaden la privacidad de los custodiados.  

Tal como lo expresó Foucault en su obra “Vigilar y castigar”, existe un sistema que rige conductas y para ello se vale de técnicas que controlan las actividades cotidianas de los individuos. Bajo la justificación de garantizar una “buena disciplina”, se utilizan medios de control como la vigilancia jerárquica que, para este caso, se materializa en cámaras que hacen las veces de ese ente que todo lo ve. No obstante, la instalación de dichos aparatos no es el único dispositivo de vigilancia presente en las escuelas y colegios, pues, al igual que en los centros penitenciarios, la estructura arquitectónica es el panóptico, un modelo heredado del medioevo monástico al que se refería Foucault en su obra más conocida. Es decir, que desde la forma como fueron diseñados y construidos, hasta las últimas medidas de seguridad impuestas, los centros educativos y penitenciarios guardan similitudes; ello resulta una paradoja, teniendo en cuenta el propósito de cada uno y la población que asiste.

Con lo anterior no quiero decir que un colegio es igual a una cárcel, pero sí que sus sistemas de vigilancia y control tienden a usar los mismos métodos y herramientas. Así, se tienen jóvenes obedeciendo normas solo porque se sienten permanentemente vigilados, y no porque exista una convicción auténtica y real de las conductas correctas e incorrectas.  Además, los comportamientos naturales de los estudiantes, como correr por un pasillo, jugar con agua en el baño, o incluso darle un beso al novio en algún rincón del salón de clases, ya son pensados dos veces, porque no faltaría el llamado de atención por el ojo ‘sapo’ de una cámara de vigilancia.

El problema no radica en que los planteles educativos tengan monitorizados a sus estudiantes comiendo papitas en el descanso, sino que detrás de ese hecho, existe todo un sistema social, político y cultural, aquel que nos dio a conocer George Orwell en “1984”, una entidad que controla y vigila tanto como le sea posible.

Por: Tania Ospina* 

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*Tania Ospina es comunicadora social y participa de los talleres de periodismo escrito del proyecto Memoria y saberes con voz de juventud, iniciativa seleccionada por el Programa Municipal de Concertación Cultural de Palmira, que dirige el periodista Alexander Escobar, integrante de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP).

**El título del artículo, El Gran Hermano, hace referencia al personaje de la novela 1984 de George Orwell, un gobernante autoritario que solo es visto a través de sistemas de vigilancia y control conocidos como la "telepantalla" (Nota de REMAP).

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