Declaración Caravana Humanitaria al Cañón del Micay

La Caravana Humanitaria exige cumplimiento e implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado Colombiano y las FARC– EP.


DOCUMENTO POLÍTICO PRIMERA CARAVANA HUMANITARIA

AL CAÑÓN DEL MICAY

 

“Las comunidades del Cañón del Micay ya no soportan más el recrudecimiento de la violencia y no quieren seguir siendo víctimas dela guerra”. 

 

La guerra en la historia política de Colombia ha sido estructural. Sus causas aún no han podido resolverse y sus consecuencias siguen siendo nefastas para la vida y la democracia de todos los colombianos, golpeando con mayor fuerza los territorios históricamente olvidados.


Video: Intervención Alcalde de Argelia 


Los sectores demócratas han hecho grandes esfuerzos por contribuir a la construcción de un mejor país, se ha tenido la opción de dirigir la nación con liderazgos como el de Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, candidatos presidenciales y periodistas como Jaime Garzón, entre otras grandes personalidades que pensaron diferente, pero fueron acallados y acalladas por las balas asesinas de las mismas personas que hoy gobiernan y promueven la violencia en nuestros territorios.

 

En el año 2016 los colombianos centramos nuestras esperanzas en el Acuerdo Final de Paz, entre el Estado colombiano y las FARC- EP, de la misma manera en el avance de los diálogos y negociaciones de paz con el ELN que el actual gobierno decide romper, e incumplir los protocolos internacionales ya pactados con el acompañamiento de países garantes. De otro lado desconoce diferentes iniciativas de paz que desde la sociedad colombiana han sido expuestas ante el estado. Todas las iniciativas incluyendo el acuerdo de paz con las antiguas FARC-EP y los diálogos con el ELN han tenido enemigos que auspician la guerra y han promovido una campaña negativa y engañosa, empezando por el plebiscito por la Paz. Para el caso del acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP; pese a las situaciones adversas, en el departamento del Cauca el 67,39% le dijo sí a la paz en el plebiscito, para el caso de Argelia el 88,54% y para el municipio del Tambo en la zona rural el 80% de la población le apostaron a la paz, es así como los habitantes del Cañón del Micay masivamente le dijeron sí a la construcción de paz en sus territorios.

 

Una vez firmados los acuerdos de la Habana, las comunidades rurales evidenciaron un gran alivio en las acciones del conflicto armado, se notó la disminución de muertes violentas, disminución de confrontaciones, de tomas guerrilleras y los hostigamientos; no obstante, a raíz del incumplimiento, e implementación de los acuerdos de paz por parte del estado, se empezaron a incrementar los homicidios, los atentados, los desplazamientos, las amenazas en contra de personas, líderes sociales, defensoras de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC EP.

 

El actual gobierno desconoce el Acuerdo de Paz y niega su implementación, rompe diálogos con el ELN y en cambio reactiva una campaña de desprestigio en contra de la JEP, niega la participación de las víctimas en el Congreso de la República, desfinancia el Acuerdo afectando a las comunidades rurales en los Programas del PDET y el PNIS, no se garantizaron las condiciones de vida digna de exguerrilleros en las zonas de concentración ZVTN y ETCR, ni se brindaron garantías para la vida, por el contrario después de la firma de los acuerdos se han asesinado 236 exguerrilleros, han sufrido 48 tentativas de homicidios y se han presentado 17 desapariciones forzadas. Los demás exguerrilleros se han visto obligados a desplazarse de manera forzada de los territorios.

 

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por la violencia. Encabeza las cifras más altas de muertes violentas con un numero de 188 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos asesinados; en el periodo de agosto de 2018 hasta octubre de 2020, se han asesinado a 40 exguerrilleros de las FARC EP y se han presentado 46 tentativas de homicidio a excombatientes en lo corrido del 2020, sumado a lo anterior se han registrado nueve (9) masacres que dejan 36 víctimas, principalmente jóvenes.

 

La violencia se concentra en el norte y el suroccidente del departamento del Cauca, siendo uno de los más afectados el Cañón del Micay que comprende los municipios del Tambo y Argelia. Si comparamos cifras y hechos violentos se repite la historia y la crueldad del paramilitarismo como se vivió en los años 2007, 2008 y 2009. Se repite, porque, desde el mes de marzo de 2020 con la llegada de grupos armados irregulares que se hacen llamar Carlos Patiño, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, que en confrontación con otros actores armados como el ELN, en disputa por el territorio, la emprenden contra la población civil inerme desatándose una serie de hechos violentos cuyo resultado es el asesinato selectivo, las masacres, el desplazamiento forzado, el despojo de bienes, el reclutamiento de menores mediante ofertas económicas, el confinamiento, sometimiento de la población campesina a sus intereses y constantes amenazas ala vida y la integridad de las personas. Solo en el 2020, las cifras de víctimas para el Cañón del Micay suman 117 entre asesinatos selectivos y masacres. Más de 400 familias han sido desplazadas forzadamente dentro del municipio y 145 tuvieron que abandonar totalmente el territorio.

 

Dentro de los líderes asesinados resaltamos la memoria de: Pompilio Narvaez, Alberto Ruis Leiton, Uberney Muños (Cuellar), Carlos Navia, Yeferson Muñoz, Segundo Imabachí Gómez, Sabino Angulo, Jesús Albeiro Riascos, Andrés Casimanse, Teodomiro Sotelo Anacona, Fabio Andrés Gómez Grande, Natalio Torres, Eider Riascos, José Antonio Riascos, Víctor Calvo, Armando Suarez, Pola Del Carmen Mena Ortiz, Feliz María Riascos. Sumado a estos asesinatos existen amenazas colectivas a las asociaciones campesinas de ASOCOMUNAL y ASCAMTA, a reincorporados de las FARC-EP y servidores públicos/as del Municipio, incluyendo al alcalde del municipio.

 

Si revisamos el panorama nacional, el número de víctimas en el periodo del actual gobierno, suman 618 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos asesinados, en su mayoría pobladores de zonas rurales (indígenas, campesinos y afrodescendientes). En el año 2019 ocurrieron 33 masacres, mientras que en el año 2020 se incrementaron a 65 evidenciando un incremento cerca del 100% de estos lamentables hechos.

 

Si comparamos las muertes por pandemia del COVID-19. En Argelia han muerto cinco (5) personas por este virus, mientras que por las balas asesinas de paramilitares han muerto 90 personas hasta la fecha.

 

Frente a tan lamentable panorama las comunidades del Cañón del Micay se fortalecen y surgen cientos de líderes y lideresas que luchan por la vida, la permanencia y la defensa del territorio.

 

La Caravana Humanitaria “Por la vida y la defensa del territorio en el cañón del Micay” busca visibilizar, acompañar y requerir a todos los acompañantes. Rodear a las comunidades, sus organizaciones, sus líderes y a la vez plantearle al gobierno y al resto de colombianos y colombianas:

 

1. Desde todos los extremos del país. Las organizaciones sociales, ONG defensoras de DDHH, organismos internacionales y demás acompañantes; queremos extender un mensaje fraterno de hermandad y solidaridad a todas las víctimas de los hechos violentos ocurridos en el cañón del Micay. 

2. Rechazar la presencia de grupos armados paramilitares en el territorio y los hechos violentos causados en contra de campesinos, afrodescendientes y ex guerrilleros de las FARC EP en proceso de reincorporación. 

3. Exigirles a estos grupos armados, cesar el asesinato y el reclutamiento forzado de jóvenes, niños y niñas en el territorio, bien sea por ofertas económicas u obligadamente.

 

La Caravana le exige al Gobierno Nacional

 

1. Garantizar el cumplimiento y la implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado Colombiano y las FARC– EP. Para esto se requiere la asignación de recursos por parte de la nación que permitan la materialización práctica, e integral de dichos Acuerdos.

 

2. Reanudar los diálogos de Paz con el ELN, indispensables para lograr la salida política al conflicto social y armado que vive el país. 

3. Frenar la intención de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato y todas las formas de erradicación forzada que empeoran la crisis, no solo social sino ambiental y económica. 

4. Implementar el Acuerdo Colectivo de Sustitución firmado en Argelia por comunidades y gobierno nacional el 17 de marzo de 2018 en el marco del punto 1 Reforma Rural Integral y el punto 4 principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución PNIS. 

5. Exigirle al Presidente Duque y a su ministro de defensa que cambien los discursos incendiarios de guerra por un llamado a la  reconciliación, la convivencia y la paz de todos los colombianos. 

6. Exigirle a este gobierno, dar trámite al Reconocimiento del campesinado como sujeto político de Derechos y de especial protección. 

7. A la fuerza pública, actuar en el marco de la constitución y la ley, respetando los DDHH, el DIH, los tratados internacionales y a desistir de cualquier connivencia con grupos armados ilegales en el territorio. 

8. A la Fiscalía General de la Nación y a los altos mandos Militares y policiales, investigar los hechos que denuncian las comunidades de una estrecha convivencia entre miembros de la fuerza pública con actores armados.

 

A los acompañantes, organismos garantes defensores de derechos humanos nacionales e internacionales: 


1. Insistir ante los organismos internacionales hacer veeduría sobre la efectiva implementación de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP. 

2. Hacer incidencia para la reactivación de las negociaciones entre el gobierno actual y el ELN. 

3. Elevar ante organismos Internacionales y Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Corte Penal Internacional CPI, los graves hechos en materia de violación de DDHH que vienen sucediendo en el territorio del Cañón del Micay y en Colombia, como política implementada por el actual gobierno. 

4. Mantener el acompañamiento, seguimiento y requerimiento permanente al accionar de la fuerza pública y los actores armados en contra de los líderes y defensores de DDHH, las organizaciones sociales y la población en general que habita estos olvidados territorios.

 

5. Verificar por que en un municipio tan militarizado suceden homicidios de líderes sociales, constantes hechos de expropiación y despojo.

 

6. Brindar garantías de protección a los líderes amenazados

 

7. Cesar el ejercicio de estigmatización y persecución a exguerrilleros reincorporados, que ejercen trabajo de liderazgo social y enfocarse en los actores armados que hacen daño a la población.

 

Cañón del Micay octubre 31 y noviembre 1 de 2020

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