2021
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El 15 de julio y el 3 agosto de este año, Ana Maritza Ramírez, periodista y corresponsal en la ciudad de Popayán de nuestra Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), e integrante de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca (CPVC), fue amenazada de muerte a través de mensajes enviados a su teléfono vía WhatsApp. Este miércoles, 13 de octubre, las amenazas pasaron al plano físico, cuando un sujeto se acercó y le amenazó de forma directa.

 

Leer: Amenazan de muerte a periodista de REMAP en Popayán

 

Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la tarde en un restaurante del barrio La Pampa, donde se encontraba almorzando con la defensora de Derechos Humanos Giannina Dueñas. Al momento que procedían a cancelar la cuenta y retirarse del lugar, un sujeto se acerca y las amenaza diciéndoles: “¡Quieren que se repita la noche de los lápices y las desapariciones forzadas? Quedan advertidas, después no se anden quejando”.

 

Desde REMAP condenamos enérgicamente la persecución que sufre nuestra compañera periodista Ana Maritza Ramírez, y denunciamos al régimen colombiano que a la fecha no ha tomado medidas para protegerla, ni tiene resultados de investigación alguna sobre las amenazas sistemáticas que, cada vez, son más graves y ponen en riesgo su vida.

 

Estos hechos se dan dentro de un contexto de persecución política y exterminio de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, firmantes de paz, defensoras y defensores de Derechos Humanos, y el pensamiento crítico que se manifiesta en contra de las políticas del régimen colombiano, y cuyo descontento se profundizó desde el 28 de abril de 2021 que dio origen al estallido social en Colombia.

 

Además se dan bajo un claro amedrantamiento contra la prensa alternativa, entre ellas REMAP, pues el 24 de mayo de 2021 nuestra compañera periodista Sandra Castro también fue víctima de persecución por parte del régimen colombiano en la ciudad de Cali: la Fuerza Pública allanó su vivienda secuestrando sus equipos periodísticos y de comunicación, en un intento de montaje judicial fallido contra nuestra compañera que el 7 de mayo había sufrido un atentado mientras cubría el Paro Nacional en la capital del Valle.

 

Leer: También dispararon contra periodista de REMAP

 

Por ello denunciamos al régimen colombiano al no ofrecer garantías para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa, y llamamos a todas las organizaciones del orden nacional e internacional que creen en la vida, la justicia, la libertad de prensa y la democracia, a que tomen acciones que protejan la vida e integridad física y psicológica de nuestras compañeras periodistas Ana Maritza Ramírez y Sandra Castro, así como la de la defensora de Derechos Humanos Giannina Dueñas.

Redacción REMAP

 

Cuatro personas recibieron amenazas en Palmira este jueves, 16 de septiembre, por paramilitares de las autodenominadas ‘Águilas Negras’, a través de panfletos donde les declaran “objetivo militar”, y les informan que han puesto precio por su vida.

 

Las amenazas fueron dirigidas contra Nora Gaviria, Juan Yepes, José Ibarguen y Fredy Antía, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV).

 

En los panfletos advierten a las los sindicalistas del SUTEV que “ya los tenemos ubicados a cada uno de ellos y accionaremos nuestro brazo militar”.

 

Los paramilitares además hacen extensiva las amenazas de muerte a defensores y defensoras de Derechos Humanos, a jóvenes que participaron del paro nacional y lideres y lideresas sociales, afirmando que van a “lograr la limpieza de líderes sindicales y de izquierda y de primera línea”, y les advierten que “se van o se mueren”.

 

Al analizar las amenazas, preocupa la redacción de los panfletos, en tanto que evidencia un grado de inteligencia militar en la redacción y un lenguaje estructurado propio de comandos armados definidos para cumplir funciones del paramilitarismo urbano que ya viene operando en las ciudades del país.

 

Por estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos hacen un llamado, a nivel nacional e internacional, a brindar acompañamiento y exigir garantías al régimen colombiano para la vida de las y los sindicalistas amenazados, así como de las distintas organizaciones sociales, sindicatos, líderes y lideresas, y de las y los jóvenes de primera línea que participaron del paro nacional en la ciudad de Palmira.

Redacción REMAP

Este jueves, 15 de julio, Ana Maritza Ramírez, periodista de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) fue amenazada de muerte en la ciudad de Popayán (Cauca) junto al también periodista Juan Carlos Muñoz, integrante de la Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca.

 

Las amenazas fueron proferidas a través de mensajes enviados por WhatsApp a sus teléfonos celulares, haciéndose extensivas a defensores y defensoras de Derechos Humanos, brigadistas de misiones médicas, líderes y lideresas comunitarias, y otras organizaciones sociales que participan de manera activa del Paro Nacional que inició el 28 de abril y que mantiene actividades organizativas de diversa índole en el país.

 

Los mensajes fueron enviados a las 10:25 de la noche, y en éstos advierten que tomarán represalias contra las primeras líneas que se movilizan hacia Bogotá y contra quienes participan del Paro Nacional, y específicamente contra las actividades de la gran marcha nacional del próximo 20 de julio.

 

En las amenazas advierten a todas las personas que “soldado avisado no muere en guerra”, y reiteran el ultimátum al decirles que deben cuidarse, ya que “por dárselas de salvadores, no vayan a salir crucificados”.

 

Estos hechos se dan a menos de dos meses que otra de nuestras periodistas fuera víctima de persecución por parte del régimen colombiano en la ciudad de Cali, siendo allanada su vivienda y secuestrados sus equipos periodísticos y de comunicación por la Fuerza Pública, en un intento de montaje judicial fallido contra nuestra compañera Sandra Castro que el 7 de mayo había sufrido un atentado mientras cubría el Paro Nacional en la capital del Valle.

 

Leer: También dispararon contra periodista de REMAP

 

Por estos hechos exigimos a los organismos del Estado se investigue el número celular 3135111453, desde el cual se ejecutaron las amenazas que evidencia un trabajo de inteligencia militar previo, en un contexto donde el terrorismo de Estado, en una estrategia conjunta de implementación y fortalecimiento del paramilitarismo urbano, se ha cobrado la vida de más de 70 manifestantes desde el 28 de abril.

 

Exigimos además se proteja la vida, la integridad tanto física como psicológica, de nuestra compañera periodista Ana Maritza Ramírez, y demás personas y organizaciones amenazadas. Del mismo modo llamamos a la comunidad internacional a que se pronuncie sobre estos hechos y que utilice todos los mecanismos posibles para salvaguardar la vida de quienes protestan en Colombia.

Redacción REMAP


Camilo Serrano Corredor, Maestro en Estudios Sociales y Políticos, Universidad ICESI-Cali, Colombia, y estudiante del Doctorado en Ciencia Política-CIDE

Intento iniciar mi escrito pensando en muchas personas, familiares y amigos, que están en la lejanía en un contexto convulso. Pienso también en personas que no conocí pero que hoy son referentes de la movilización social más importante de Colombia en este siglo. Por ejemplo, en Jovita Osorio, una profesora de Cali que murió el 29 de abril cuando la policía antimotines disparó gases lacrimógenos contra su casa, en inmediaciones de uno de los puntos duros de la manifestación. También en Nicolás Guerrero, joven grafitero reconocido por sus murales en espacios públicos. Su muerte a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[1] en el nororiente de Cali fue presenciada en directo por una multitud de espectadores que seguían las protestas en una transmisión en vivo de Instagram. Tiempos anormales en donde la gente común cobra relevancia y los usos y costumbres se ponen en duda.

Los antecedentes

Toda protesta requiere un contexto. Desde 2019, el gobierno de Iván Duque enfrentaba una radicalización de las movilizaciones sociales en su contra, siendo las del Paro Nacional a finales de noviembre de 2019 las más agudas.[2] Cuando inició la pandemia del coronavirus, las medidas de cuarentena estricta y la crisis económica derivada, así como el pésimo manejo gubernamental de la política de vacunación, exacerbaron un descontento social que se podía medir en los “trapos rojos”: miles de familias de los barrios populares de las principales ciudades del país extendían pedazos de tela roja para indicar que no tenían nada que comer. Iniciativas de solidaridad popular y ollas comunitarias intentaron paliar la situación, sin mayor éxito. La vulnerabilidad de distintos sectores sociales quedó al descubierto ante la falta de respuesta gubernamental frente a la crisis derivada de la pandemia.

En ese marco, el polvorín social solo necesitaba de un detonante. Y este resultó ser la propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.[3] En ella, se gravaban con tributación directa productos de la canasta familiar—como la sal, el café o el azúcar—y se incluían dentro de la población obligada a declarar renta a sectores medios de la economía informal.[4] Una tímida convocatoria de un paro nacional para el 28 de abril por parte de las centrales obreras no se hizo esperar, pero las declaraciones de Carrasquilla a la periodista Vicky Dávila, donde demostraba el desconocimiento sobre los precios reales de un producto de consumo diario como los huevos, terminaron siendo la chispa que incendió la pradera

De los huevos a las calles

Con la rabia acumulada por la falta de empatía de un ministro y con la referencia permanente a los “huevos de Carrasquilla”, las manifestaciones del 28 alcanzaron una convocatoria nunca vista previamente, siendo Cali la ciudad más destacada por capacidad de convocatoria y de disrupción de la protesta. Las confrontaciones con el ESMAD adquirieron enormes dimensiones y la movilización se prolongó teniendo en el 1 de mayo un pico de participación ciudadana que se vio impugnado por una represión policial sin antecedentes. La presión de la movilización llevó a que finalmente el presidente retirara la propuesta de reforma en el Congreso, lo que sin embargo no logró aplacar un paro en pleno ascenso.

Lo novedoso de la movilización reciente no solo era la magnitud de la convocatoria sino la novedad de la misma. Transmitida en vivo a través de lives de Instagram y cadenas de WhatsApp, la protesta se convirtió en un referente permanente de la ciudadanía, estuviera participando en ella o no. Asimismo, lejos de estar dominado por los sectores clásicos de la protesta social en Colombia—estudiantes universitarios y organizaciones sociales rurales—en este paro convergieron gran cantidad de sectores medios—pequeños empresarios, organizaciones comunitarias, grafiteros, iniciativas culturales—y el nuevo protagonista de la coyuntura colombiana: la Primera Línea. Jóvenes de barrios populares, hombres y mujeres, sin oportunidades laborales o de estudio, sin identidades políticas definidas, contradictores del Comité Nacional de Paro y con profundos sentimientos antipoliciales. Muchos han sido barra-bravas, domiciliarios de Rappi o Uber, obreros precarizados. Mientras la intelectualidad discute si son chavs[5], lumpenproletariado o gamberros, en la práctica son quienes mantienen el Paro en las calles.

Violencia estatal, cantidad y calidad

La magnitud de la protesta es difícil de medir dada las complejidades de un suceso en curso y la multiplicidad de cubrimiento de organizaciones de derechos humanos y prensa alternativa. La Red de DD.HH. “Francisco Isaías Cifuentes”, con presencia en el suroccidente del país, reportaba que desde el 28 de abril solamente en Cali habían ocurrido: 314 lesiones graves de manifestantes, 74 desaparecidos y 27 asesinados. Por su parte, la organización no-gubernamental Temblores reportó, para el mismo periodo, un balance nacional que puede resumirse en: 278 víctimas de violencia física, 39 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, 28 personas con lesiones oculares graves, 111 casos de ataque directo con arma de fuego por parte de la fuerza pública y 12 víctimas de violencia sexual.

Una violencia de enorme magnitud, que además cuenta con agravantes en terreno de destacar. De un lado, el uso indiscriminado por parte del ESMAD de Venom, un lanzador múltiple de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno, adquirido por el gobierno en plena pandemia y cuyo uso ha sido condenado por Human Rights Watch. Del otro, la implementación en la práctica de una suerte de estado de sitio regional en Cali y el Valle del Cauca donde, de facto, el Comandante General del Ejército, Eduardo Zapateiro, quien se encarga directamente de la respuesta estatal a las protestas.

La respuesta de las élites: Toyotas blancas

Ante la prolongación del paro en Cali, han surgido iniciativas de autodefensas por parte de habitantes de los barrios de altos ingresos de la ciudad—principalmente sur y oeste—, que consideran al paro un secuestro que atenta a su derecho a la movilidad. El caso más sonado es el de Carlos Andrés Betancourth, ex edil de la Comuna 22 y militante del Centro Democrático, quien amenazó a un manifestante con que en su barrio había 25.000 armas y que estarían dispuestos a usarlas. A la amenaza del político se suman videos de pobladores de Ciudad Jardín—barrio tradicional del sur de Cali—donde señalan que contra el secuestro tienen “escoltas y Toyotas”. Precisamente las camionetas de alta gama Toyotas de color blanco son, desde la noche del 6 de mayo, la herramienta para los ataques selectivos con arma de fuego en contra de manifestantes. En Cali ya se habla de un escenario futuro de confrontación abierta entre la Primera Línea y “los Toyotas”, de consecuencias letales. De hecho, el 9 de mayo en horas de la tarde, Toyotas y policías atacaron con armas de fuego a una caravana de manifestantes indígenas que circulaban con el sector de Pance, aduciendo que estos buscaban ingresar a sus unidades residenciales.

***

El paro de 2021 se ha convertido en el evento más importante de la víspera del año electoral colombiano—en el que, por primera vez, un candidato de izquierda lidera la intención de voto. Se liga al reciente auge de la protesta social latinoamericana y reaviva discusiones sobre las desigualdades estructurales de la región, la capacidad de inclusión de los sistemas políticos y las reformas—posibles o no—a las fuerzas de seguridad. Su desarrollo ulterior será, sin duda alguna, de importancia para la reflexión de las ciencias sociales.

Quien esto escribe toma partido; apoya las reivindicaciones del paro; rechaza la violencia estatal y se solidariza con todas las familias víctimas. El actual momento pone sobre el debate no una simple reforma tributaria sino la calidad y alcances del régimen colombiano. Los escenarios de desenlace nos dirán, en últimas, qué tan diversa e incluyente puede ser nuestra sociedad, así como cuánto pesa el caso colombiano en el concierto internacional.

Publicación original en: https://www.cide.edu/pev/2021/05/11/el-paro-en-colombia-que-es-de-donde-viene-para-donde-va/

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[1] Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad especial de la Policía Nacional encargada del trato a la protesta social.

[2] Una importante crónica sobre los sucesos de 2019 ya fue publicada: Sandra Borda. 2020. Parar para avanzar: crónica del movimiento estudiantil que paralizó a Colombia. Bogotá: Crítica.

[3] Alberto Carrasquilla es economista de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Economía de la Universidad de Illinois. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Fue ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Un perfil está disponible aquí.

[4] Específicamente a ingresos mayores a cerca de 688 dólares mensuales.

[5] Término despectivo utilizado contra los jóvenes de clase obrera en Inglaterra. La discusión sobre su uso y alcance cobró relevancia con las protestas y saqueos del verano de 2011. Una reflexión a media máquina entre la academia y la crónica en: Owen Jones. 2013. Chavs. La demonización de la clase obrera. Madrid: Capitán Swing.

 

La noche de este viernes 7 de mayo, en la ciudad de Cali, grupos paramilitares atacaron con disparos de arma de fuego varios puntos de concentración del Paro Nacional, dejando hasta el momento un número indeterminado de personas heridas que protestan contra el régimen colombiano.

 

Uno de los puntos atacados fue la Misión Médica ubicada en el sector La Luna, donde también se encontraban organismos de Derechos Humanos y nuestra periodista Sandra Castro, quien por fortuna salió ilesa mientras hacia cubrimiento en el lugar de los hechos.

 

La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) denuncia la política criminal del régimen colombiano que, para evitar ser asociada con los asesinatos y masacres contra los las manifestantes del Paro, ahora emplea grupos paramilitares en las ciudades para cometer sus crímenes, como quedó ampliamente documentado en infinidad de registros audiovisuales que muestran a la Fuerza Pública reprimiendo, disparando y asesinando manifestantes.

 

Por estos hechos, solicitamos a la comunidad internacional exija al Estado colombiano el respeto a la libertad de prensa y se proteja la vida de nuestra compañera Sandra Castro, al igual que de las misiones médicas, organismos de Derechos Humanos y manifestantes del Paro Nacional.

 

De igual manera llamamos al mundo entero a que deje de considerar a Colombia como una democracia, y empiece a denominar al actual Gobierno como como lo que realmente es: un régimen que ahora seguirá tomando represalias contra la oposición política, los medios alternativos y prensa independiente, a través del paramilitarismo y terrorismo de Estado en las ciudades.

A través de cadenas de WhatsApp, 10 jóvenes líderes de la ciudad de Palmira fueron amenazados de muerte este miércoles, 5 de mayo.

 

La acción terrorista fue realizada por un grupo paramilitar que se autodenomina ‘Mano Negra’, el cual publicó un panfleto con las fotos y nombres de los jóvenes, a quienes amenaza declarándoles “objetivos militares”, a la vez que anuncia que serán desaparecidos a partir de la “media noche”.

 

En la amenaza puede evidenciarse un claro trabajo de inteligencia militar, pues en el panfleto además aparece el barrio y corregimiento donde los jóvenes realizan trabajo social con la comunidad. Estos son las y los jóvenes amenazados:

 

1. Breidy Ríos

2. Juan Camilo Gonzáles Padilla

3. Katerin Julieth López (además amenazan a su familia)

4. Víctor ‘El Loco’

5. David Fernández

6. Daniela Soto

7. Jesús Elías Hernández Montánchez

8. Angello Perlaza

9. Liliana ‘La Estilista’ (además amenazan a su hijo)

10. Danna Montes

 

Por estos hechos, que ocurren bajo el contexto del Paro Nacional que inició el 28 de abril, distintas organizaciones de Derechos Humanos hacen un llamado a la comunidad internacional para que proteja la vida de estos jóvenes, del mismo modo que exija al Gobierno colombiano que pare la represión y el asesinato sistemático, adelantado por la Fuerza Pública, contra quienes se oponen a este régimen criminal encabezado por el presidente Iván Duque.

 

A la fecha se registran 1.708 casos de violencia policial, que incluyen 37 asesinatos, 10 víctimas de violencia sexual, y 831 detenciones arbitrarias contra los y las manifestantes.

Redacción REMAP

El 30 de abril, organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la ciudad de Cali, posteriormente de realizar una rueda de prensa sobre los asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos de protestantes en Cali, denunciaron que fueron interceptados por personas de civil que dispararon contra los vehículos de los esquemas de seguridad de diversas organizaciones que documentan la represión de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril.

 

Los hechos ocurrieron en horas de la noche, al terminar la rueda de prensa donde denunciaban el accionar de la Fuerza Pública que, al día de hoy, deja una cifra de detenidos, heridos y muertos indeterminada, mientras se desplazaban a la altura del colegio Santa Librada.

 

Denuncian las organizaciones de Derechos Humanos que fueron interceptadas por sujetos desconocidos, “quienes desde el puente vehicular de la calle 5 que cruza la carrera 15, nos piden hacer un alto y posteriormente solicitan apagar la luces, adicionalmente lanzan una roca contra el primer vehículo de la caravana y ordenan retroceder los carros, accionan un arma contra los vehículos en 4 ocasiones, uno de los impactos lo recibe la primera camioneta del esquema de protección del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, los vehículos empiezan a retroceder y se escuchan aproximadamente 6 disparos más”.  

 

Posterior a estos hechos, la defensora de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Darnelly Rodríguez, recibe videollamadas donde se observa a dos hombres que se burlan por el atentado que acaban de perpetuar.

 

Leer denuncia

 

Actualmente la situación de Colombia se encuentra en un estado crítico, con manifestaciones populares en todo el país contra el régimen represivo de ultraderecha que encabeza del Presidente Iván Duque que, como única forma de perpetuarse en el poder, optó por reprimir y asesinar al pueblo movilizado que valerosamente resiste en las calles, un pueblo que desde el 1 de mayo, además, debe resistir a la orden de militarizar las ciudades dada por el Presidente Duque, responsable del baño de sangre que lo sostiene en el poder.

Redacción REMAP

El movimiento feminista crece en Colombia, y gana espacio en debates que antes estaban vedados por una sociedad conservadora y oscurantista. Todo ha sido parte de su lucha. Sin ésta, sin rebeldía, debates, investigación, teorización, y acciones de hecho, esos espacios jamás habrían sido ganados.

 

Sin embargo, el patriarcado, aunque ahora es cuestionado y confrontado, y sufre algunas fisuras, realmente sigue intacto dentro de las estructuras de la sociedad.

 

Y es claro que quebrar el actual orden patriarcal, además de adelantar procesos de transformación cultural, implica una lucha por el poder político, escenario fundamental a la hora de adelantar cambios sustanciales en la sociedad.

 

Esa lucha ha llevado al movimiento feminista en Colombia, entre otras cuestiones, a tomarse en serio la participación en la contienda electoral a la Presidencia del país. Así sucedió durante la Convención Nacional Feminista organizada por el movimiento Estamos Listas, realizada los días 5 y 6 de abril en Honda (Tolima), donde las candidaturas presidenciales de Francia Márquez y Angela María Robledo fueron aplaudidas y apoyadas durante el evento.

 

Pero más allá de tener claro que el feminismo necesita disputar el poder político, en este caso, en la forma del poder expresado en la posibilidad de ser Gobierno, es necesario analizar el contexto en que esto ocurre.

 

¿Petro y Fajardo son lo mismo por ser hombres?

 

“¿Qué tenemos qué hacer? Tú ganarle a Petro, y yo ganarle a Fajardo”

Palabras de Ángela María Robledo a Francia Márquez durante la Convención Nacional Feminista

 

Una de las prioridades para defensa de la vida radica en la necesidad de derrotar a la ultraderecha enquistada en el poder. No obstante, las palabras de Ángela María Robledo dirigidas a Francia Márquez centran la atención en una confrontación que puede parecer normal, dada en buenos términos en una disputa sana por el poder, pero que en el fondo despolitiza la realidad del país, en tanto que Sergio Fajardo representa el reencauche de la derecha, y Gustavo Petro una posibilidad de cambio moderado.

 

Aunque se hable de candidaturas alternativas encarnadas en el Pacto Histórico, con Petro a la cabeza, y la Coalición de la Esperanza, donde se encuentra Fajardo, lo cierto es que el calificativo “alternativo” no aplica para ambos espacios, los cuales definirán candidaturas a la Presidencia a través de una consulta popular.

 

Lo uno y lo otro no son lo mismo. La Coalición de la Esperanza, a pesar de contar con gente valiosa, se configuró para posicionar la nueva cara de la derecha, la cara del neoliberalismo representada por Sergio Fajardo que irremediablemente ganará la consulta popular; y el Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas donde indudablemente su candidato será Gustavo Petro, defensor del Estado Social de Derecho, de la vida de las personas por encima de los intereses del capital.

 

En este sentido, igualar en el escenario político a Petro y Fajardo, como hombres a vencer por las mujeres, es un mensaje peligroso que despolitiza el debate sobre la situación del país porque no toma en consideración lo que cada uno representa.

 

Y aunque, si bien es cierto Francia Márquez ha sido crítica y marcado su distanciamiento de Fajardo, por otro lado, Angela Robledo justifica estar junto a él en coalición, mientras algunos sectores del feminismo omiten este debate y centran su atención solo en presentar dos candidaturas que reivindican la agenda de las luchas feministas.

 

Existen diferencias, pero prima la defensa de la vida

 

Cuando de pensar en una candidatura a la Presidencia se trata, hay dos factores mínimos a ser considerados: el primero, la propuesta política de país y sociedad, y lo segundo, una cuestión matemática, de ojo frío y calculador, es decir, cuánta votación se puede llegar a obtener.

 

El problema aquí radica en lo segundo, porque tanto Francia como Ángela María, como candidatas alternativas, tienen luchas sociales y acumulados importantes en su vida política, sin embargo, ello no tiene grado de comparación frente al acumulado y posicionamiento ganado por Gustavo Petro en el imaginario de la sociedad, tanto así que es un candidato fácilmente identificable por cualquier persona en la tienda de cualquier esquina de barrio, algo que no ocurre en igual medida con las dos candidatas feministas.

 

Lo anterior es fundamental al momento de realizar un análisis, puesto que es donde la izquierda ha fallado históricamente. Y cuando nos referimos a fallar, hacemos alusión a los desaciertos cuando de posicionar un candidato o candidata se trata, sin tener clara una propuesta de propaganda que impacte, que genere recordación en la población y le permita identificarse en una persona a quien se le delegó ser vocero o vocera de un proyecto político.

 

En el caso de Petro, la recordación en la población es un hecho de contundencia, esto debido, entre otras cuestiones, a dos décadas de figurar en la discusión nacional en medios de comunicación, a su experiencia constatada de llenar plazas públicas y posicionamiento en redes sociales, y a su creciente grado de controversialidad creado por los mismos medios de comunicación que ferozmente le atacan y nunca salen victoriosos.

 

Es en este punto donde no se puede improvisar si ya existe una candidatura alternativa con amplias posibilidades de lograr la Presidencia. Lanzar otras candidaturas, a la espera de recoger resultados en el camino, resulta un desacierto que puede posicionar un nombre, un sector en particular durante una campaña electoral, pero que resta a un proceso y una necesidad más amplia que requiere sumar fuerzas contra la ultraderecha que desangra al país.

 

Existen diferencias con Petro. Y Francia y Ángela no son las únicas personas que las tienen. Muchas y muchos también las tenemos. No obstante, sabemos que detener el desangre del país está por encima de nuestra “pulcritud” ideológica que nos lleva a realizar una mala lectura de la realidad del país, por lo menos, en lo electoral, ubicando en primer lugar un ego ideológico o sectorial que nos enceguece.

 

También sabemos que con Petro en la Presidencia el desangre del país no se detendrá de un momento a otro, pero sí propiciará mejores espacios para defender la vida y fortalecer el movimiento social colombiano. El no pensar en ello sería repetir el desenlace fatal producto de quienes promovieron el voto en blanco en las pasadas elecciones a la Presidencia, dando ventaja a la ultraderecha que continuó con su política de hambre, saqueo y muerte para el pueblo.

 

El voto en blanco fue un victimario más. Y quienes lo promovieron con pleno conocimiento de causa, entre los que se destacan Jorge Robledo y Sergio Fajardo, hoy candidatos de la Coalición de la Esperanza, con algún grado de responsabilidad tienen sus manos manchadas de la sangre y el hambre que trajo la mafia que se enquistó en el poder.

 

Acompañar la candidatura de Petro representa hacerlo a pesar de nuestras diferencias, porque la vida lo reclama en momentos de barbarie, entendiendo que es la única posibilidad real de llegar a la Presidencia, sin otorgar ventajas con discursos de otras candidaturas que, a veces sin saberlo, crean fracturas, envían mensajes confusos, y ponen en riesgo el resultado electoral que requiere el país.

 

Es por ello que algunos procesos de mujeres y género también le apuestan a la candidatura de Gustavo Petro, entre éstos se encuentra Feministas y Plebeyas que, sin abandonar las contradicciones y críticas que tienen al interior de sus movimientos como Colombia Humana, saben que en este momento prima asegurar espacios para defensa de la vida y construcción de otro tipo de sociedad.

Por: Alexander Escobar 

Hace unos años, cuando se llegó a posicionar en la academia y la opinión pública el término “postconflicto”, se consideró como una cuestión anhelada pero profundamente cuestionada en su significado. Hoy en día, la realidad nos da un duro golpe que da razón a dichos cuestionamientos. En el Cauca, difícilmente se pudo decir que llegó a un postconflicto, puesto que la salida de las FARC-EP de la arena político-militar implicó una oportunidad para que los grupos armados que permanecían en la zona, incluso integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz, intentaran tomar control de los territorios vaciados.

 

El día 26 de marzo, la realidad de la guerra se hizo evidente una vez más en dicho departamento: un carro bomba puesto a las afueras de la Alcaldía de Corinto, hostigamientos en Caldono, Inzá y Belalcázar, y combates entre estructuras armadas post-desmovilización denominadas “Carlos Patiño” e integrantes del Frente José María Becerra del ELN en la jurisdicción de El Plateado (Argelia). Esta última situación, sin embargo, no contó con la visibilización necesaria ante la opinión pública. De ahí la necesidad de ubicar un breve contexto para dar cuenta de estos hechos.

 

Argelia se encuentra ubicada en el costado sur del departamento del Cauca, un territorio colonizado en las postrimerías de la Violencia Bipartidista, bañado por las aguas del Rio Micay. A lo largo de su corta historia -fundada en 1967-, su dinámica se encuentra atravesada por la dinámica organizativa de sus habitantes, la presencia histórica de las FARC-EP con sus Frentes 8 y 60, como también la economía cocalera surgida, como en muchas otras partes del país, producto de la falta de oportunidades para el desarrollo de las economías campesinas, sumado a la ausencia de una presencia estatal efectiva en el territorio. Estas tres situaciones han generado todo un fenómeno de estigmatización a su población, y frente a ello, la respuesta histórica del Estado se ha centrado en colmar el territorio de Ejército, glifosato y batallones para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, una fórmula que ha conllevado a una crisis de Derechos Humanos donde el campesinado ha resultado sumamente afectado por la senda de muerte y atraso que deja, tras su paso, la dinámica de la guerra.

 

De ahí que, con la firma del Acuerdo de Paz, en el municipio emergieron anhelos de esperanza, pues se esperó que, con su implementación, atendiendo puntos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y los Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito PNIS, se solventaría la deuda histórica del Estado con el campesinado argeliano. De hecho, en el municipio se respiró un ambiente de paz durante tres años, entre 2016 y 2018, quebrando con ello la supuesta tesis que afirma “donde hay coca, hay violencia”. Sin embargo, al municipio llegaron actores armados como el Frente José María Becerra del ELN, quienes decidieron bajar de El Tambo para expandir su influencia en Argelia y, posteriormente, el autodenominado “Frente Carlos Patiño – FARC-EP”.

 

Este último grupo, como una estrategia de crecimiento en sus tropas, buscaron a las y los excombatientes, en proceso de reincorporación, que conformaron una Nueva Área de Reincorporación en el municipio, más concretamente en el sector de Santa Clara, donde adquirieron una finca para el desarrollo de sus proyectos productivos. Al encontrar el rechazo del grupo de excombatientes frente a la propuesta de retomar las armas, el “Carlos Patiño” arremetió contra dicha población, ubicándola como objetivo militar, persiguiéndolas e, incluso, organizando una campaña mediática en contra de sus, entonces, comandantes, Caliche y Pocillo, acusándolos de organizar un nuevo grupo armado en el municipio. Mientras tanto, estas dos personas, junto con un segmento de la población excombatiente -pues mucha de esta población tuvo que salir desplazada- permanecen en el municipio, cumpliendo con los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.

 

Estos grupos, desde el año 2019 hasta la fecha, se encuentran enfrentados por el control territorial del Cañón del Micay. Y no es para menos, pues en este Cañón se encuentra un enclave cocalero que, de acuerdo con el Informe SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC, hay alrededor de 9.000 hectáreas de coca sembradas, sin embargo, la comunidad de la zona afirma que el número de hectáreas puede superar las 15.000 hectáreas. De igual forma, en el Cañón se encuentra la ruta de salida de la cocaína para el Océano Pacífico.

 

No obstante, lo anterior no es el único factor de disputa territorial, puesto que, desde hace años, existen intereses minero-energéticos que hacen del municipio un botín estratégico y geopolítico de grandes dimensiones: por un lado, existen solicitudes para la explotación de minerales como oro, cobre y derivados, por parte de empresas como Anglo American Colombia Exploration, y otras que suman, aproximadamente, 19.000 hectáreas que representan el 28% del territorio argeliano.

 

Por otro lado, desde la década de los 80 existen intereses de construir una represa sobre el río Micay, denominada “Arrieros del Micay”. A pesar de que se hicieron estudios de prefactibilidad en 1988, el proyecto pretende retomarse desde el año 2016, lo cual afectaría social y ambientalmente la región, teniendo en cuenta las tragedias ocurridas en otras represas como El Quimbo e Hidroituango.

 

Estos enfrentamientos han sumido a Argelia en un recrudecimiento de las dinámicas de violencia similar a lo ocurrido en la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la operación Espada de Honor I, II y III, como también el escenario de violencia que sacudió, especialmente, al corregimiento de El Mango en el año 2015, lo que conllevó a que la población civil sacara a la Policía de la zona.

 

El otro factor, el último de tantos, es el mencionado al inicio del escrito, cuando integrantes del Grupo “Carlos Patiño” y el ELN, se enfrentaron en el casco urbano de El Plateado, desencadenando un desplazamiento forzado de más de dos mil personas que terminaron refugiándose en el coliseo de la cabecera municipal de Argelia, y en otros corregimientos como Puerto Rico.

 

Hoy en día, la gran mayoría retornaron al corregimiento, quedando tan solo un grupo de cincuenta personas asentadas en el coliseo, esperando que se cuenten con garantías reales para el retorno. Sin embargo, esto parece lejos de consumarse, pues se escuchan rumores de que la “Carlos Patiño” se reforzará con las demás estructuras del “Comando Coordinador de Occidente”, con el fin de desplazar al ELN de la ecuación y tomar control total de Argelia, tanto de su territorio como de su población.

 

Por su parte, el ELN continúa actuando bajo una lógica autónoma, federada, lejos de la expectativa que sería la retoma de los Diálogos de Paz con el Gobierno de Iván Duque, quien descartó dicha posibilidad de tajo, y de la cual las organizaciones sociales continúan en la tarea de solicitar la continuidad de lo iniciado en Quito y La Habana.

 

De esta forma, lo que ocurre en Argelia no puede entenderse desde visiones simplistas ni superficiales, tanto las motivaciones como la caracterización de los actores armados presentes en el municipio. Lo que sí es cierto es que en Argelia la inversión social, a raíz del Acuerdo de Paz, es muy poca. Por ejemplo, aspectos como la implementación del PDET y el Acuerdo de Sustitución de Cultivos en el municipio, firmado por más de 11.000 familias en marzo del 2018, se recargaron bajo la total responsabilidad de la Alcaldía Municipal, y no se han materializado por falta de voluntad política del Gobierno de Iván Duque. Además, afectando en forma contraria a la implementación de estos puntos del Acuerdo de Paz, a través del discurso gubernamental de “Paz con Legalidad”, se sigue con la misma fórmula de siempre: aumento de la Fuerza Pública y erradicación forzosa, incluso, bajo la preocupación de la retoma del uso del glifosato, suspendido desde el año 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En este territorio, sus habitantes consideran que el Gobierno Nacional hizo realidad la premisa de su partido político, Centro Democrático, al proponer “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana producto, entre otras cosas, de la movilización social protagonizada por las víctimas de la guerra. Mientras tanto, la población civil sufre con los ataques de los diversos actores armados, ante la mirada pasiva de la Fuerza Pública que, siquiera, adelantan acciones contundentes para controlar la escalada violenta.

 

En este rincón del Cauca y, en general en el territorio nacional, la Paz se ha reducido a una mera cuestión de “supervivencia” y el anhelado “postconflicto” en un término que carece de significado en este territorio. 

Por: Cristian Castaño*

 

 

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*Cristian Castaño es Trabajador Social de la Universidad del Valle, Especialista en Educación en Derechos Humanos – Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos, Modalidad Investigación – Universidad ICESI. Integrante del Equipo Coordinador de La Cartilla – Educación para la Paz y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle del Cauca.

Vivimos atravesados por afectos efímeros y otros que perduran o son permanentes. Y lo que sentimos está aferrado a la fuerza de las emociones que se ligan a la memoria. De este modo los sentimientos, atravesados por un flujo de afectos que entrañan pasiones y abismos, elevan la memoria más allá de un sistema de datos, sucesos, cifras y acontecimientos que marcan un periodo de tiempo o experiencias particulares, o vivencias de comunidades que son estudiadas por las ciencias humanas.

 

La memoria es sentimiento de permanencia que nutre nuestros cuerpos con historias afectivas de vida, que transforman miradas en mapas que a veces delatan y trasparentan lo que somos, o brújulas que esconden pasos marcados por la espera que habita tras cada puerta, tras cada umbral: trochas zigzagueantes con tropiezos, una aventura en picada o en subida que camina gracias a nuestras experiencias.

 

Sin embargo, el cuerpo –esa bella mezcla de biología, decisiones y memorias– no es eterno, al final se desvanece. Su desaparición no siempre ocurre por los ciclos cambiantes, en movimiento, de la vida, por aquello que llamamos “de forma natural”. Muchos cuerpos son borrados a la fuerza, pretendiendo arrastrar con ello memorias que afectan el orden establecido, el statu quo.

 

Pero la memoria es un sentimiento terco, ligado a la dignidad, donde los afectos toman un lugar político. No hay acciones que no las mueva una emoción, una pasión, una memoria afectiva de dignidad. No hay calle tomada ni consigna contra el poder que no emane de un corazón abierto.

 

Y así como se ama el aliento cercano, las cotidianidades compartidas, de igual modo, en algún momento, se odia y se maldice, o se busca venganza contra lo que desde el poder asesina y nos arrebata cuerpos, vidas que fueron luchas y memorias de dignidad que heredamos.

 

Dentro de ese trasegar puede suceder que nos ocultemos a sentimientos que producen ira, negar la rabia que genera la injusticia. Esta es una situación que refleja un alma que, por vergüenza o prejuicio de lo “políticamente correcto”, niega sus intensidades, provocando el aplazamiento de una responsabilidad afectiva que tramite emociones que pueden terminar en tragedia y desilusión.

 

Sucede también que ello desencadene escenarios donde personas profesan una vida bañada por una luz permanente, un estado de tranquilidad perpetuo, siendo esto una sutil forma de ocultar que al final escogieron el exilio para su alma, una máscara que oculta su decisión de preferir huir del dolor que produce la impotencia, un artificio para tapar con una luz cegadora nuestra incapacidad de cambiar el orden establecido, ya y para siempre. Así sus vidas se convierten en faroles que profesan iluminación para cegarse a ellos mismos y a quienes les rodean y siguen.

 

Está bien el sentirse agotado y querer abandonarlo todo en algún momento, el asilarse y darse un tiempo a solas, porque nuestras vidas son crisis permanentes de tramitar emociones que incluyen la desilusión y el dolor, y las formas en que podemos vivir a pesar de ello.

 

Lo que no está bien es entregarnos a la desesperanza, el profesar una derrota inexistente que se olvida de quienes se encuentran dándolo todo, hasta su vida, como sucede desde hace siglos, desde cuando nuestros pueblos indígenas fueron masacrados al estar en desventaja frente al poderío militar de los españoles.

 

Muy a pesar de las masacres vividas en tiempos de la Conquista, y tiempos de repetidas configuraciones del terrorismo de Estado, de repetidas masacres del paramilitarismo que perpetúa a una clase social en el poder, es importante recordar que a veces somos el camino, la trocha que se transita, pero no siempre la llegada.

 

Y se habrá de llegar porque hay una memoria digna cuya herencia afectiva nos lleva a luchar a las calles, y a todos los escenarios de la vida donde haya que combatir hasta derrotar a la tiranía.

 

Por: Alexander Escobar

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