Hace unos años, cuando se llegó a posicionar en
la academia y la opinión pública el término “postconflicto”, se consideró como
una cuestión anhelada pero profundamente cuestionada en su significado. Hoy en
día, la realidad nos da un duro golpe que da razón a dichos cuestionamientos.
En el Cauca, difícilmente se pudo decir que llegó a un postconflicto, puesto
que la salida de las FARC-EP de la arena político-militar implicó una
oportunidad para que los grupos armados que permanecían en la zona, incluso integrantes
de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz, intentaran tomar control
de los territorios vaciados.
El día 26 de marzo, la realidad de la guerra se
hizo evidente una vez más en dicho departamento: un carro bomba puesto a las
afueras de la Alcaldía de Corinto, hostigamientos en Caldono, Inzá y
Belalcázar, y combates entre estructuras armadas post-desmovilización
denominadas “Carlos Patiño” e integrantes del Frente José María Becerra del ELN
en la jurisdicción de El Plateado (Argelia). Esta última situación, sin
embargo, no contó con la visibilización necesaria ante la opinión pública. De
ahí la necesidad de ubicar un breve contexto para dar cuenta de estos hechos.
Argelia se encuentra ubicada en el costado sur
del departamento del Cauca, un territorio colonizado en las postrimerías de la
Violencia Bipartidista, bañado por las aguas del Rio Micay. A lo largo de su
corta historia -fundada en 1967-, su dinámica se encuentra atravesada por la
dinámica organizativa de sus habitantes, la presencia histórica de las FARC-EP
con sus Frentes 8 y 60, como también la economía cocalera surgida, como en
muchas otras partes del país, producto de la falta de oportunidades para el
desarrollo de las economías campesinas, sumado a la ausencia de una presencia estatal
efectiva en el territorio. Estas tres situaciones han generado todo un fenómeno
de estigmatización a su población, y frente a ello, la respuesta histórica del
Estado se ha centrado en colmar el territorio de Ejército, glifosato y
batallones para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, una fórmula
que ha conllevado a una crisis de Derechos Humanos donde el campesinado ha
resultado sumamente afectado por la senda de muerte y atraso que deja, tras su
paso, la dinámica de la guerra.
De ahí que, con la firma del Acuerdo de Paz, en
el municipio emergieron anhelos de esperanza, pues se esperó que, con su
implementación, atendiendo puntos como los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial PDET y los Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso
ilícito PNIS, se solventaría la deuda histórica del Estado con el campesinado
argeliano. De hecho, en el municipio se respiró un ambiente de paz durante tres
años, entre 2016 y 2018, quebrando con ello la supuesta tesis que afirma “donde
hay coca, hay violencia”. Sin embargo, al municipio llegaron actores armados
como el Frente José María Becerra del ELN, quienes decidieron bajar de El Tambo
para expandir su influencia en Argelia y, posteriormente, el autodenominado
“Frente Carlos Patiño – FARC-EP”.
Este último grupo, como una estrategia de
crecimiento en sus tropas, buscaron a las y los excombatientes, en proceso de
reincorporación, que conformaron una Nueva Área de Reincorporación en el
municipio, más concretamente en el sector de Santa Clara, donde adquirieron una
finca para el desarrollo de sus proyectos productivos. Al encontrar el rechazo
del grupo de excombatientes frente a la propuesta de retomar las armas, el
“Carlos Patiño” arremetió contra dicha población, ubicándola como objetivo
militar, persiguiéndolas e, incluso, organizando una campaña mediática en
contra de sus, entonces, comandantes, Caliche y Pocillo, acusándolos de
organizar un nuevo grupo armado en el municipio. Mientras tanto, estas dos
personas, junto con un segmento de la población excombatiente -pues mucha de
esta población tuvo que salir desplazada- permanecen en el municipio,
cumpliendo con los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.
Estos grupos, desde el año 2019 hasta la fecha,
se encuentran enfrentados por el control territorial del Cañón del Micay. Y no
es para menos, pues en este Cañón se encuentra un enclave cocalero que, de
acuerdo con el Informe SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito UNODC, hay alrededor de 9.000 hectáreas de coca sembradas,
sin embargo, la comunidad de la zona afirma que el número de hectáreas puede
superar las 15.000 hectáreas. De igual forma, en el Cañón se encuentra la ruta
de salida de la cocaína para el Océano Pacífico.
No obstante, lo anterior no es el único factor
de disputa territorial, puesto que, desde hace años, existen intereses
minero-energéticos que hacen del municipio un botín estratégico y geopolítico
de grandes dimensiones: por un lado, existen solicitudes para la explotación de
minerales como oro, cobre y derivados, por parte de empresas como Anglo
American Colombia Exploration, y otras que suman, aproximadamente, 19.000
hectáreas que representan el 28% del territorio argeliano.
Por otro lado, desde la década de los 80 existen
intereses de construir una represa sobre el río Micay, denominada “Arrieros del
Micay”. A pesar de que se hicieron estudios de prefactibilidad en 1988, el
proyecto pretende retomarse desde el año 2016, lo cual afectaría social y
ambientalmente la región, teniendo en cuenta las tragedias ocurridas en otras
represas como El Quimbo e Hidroituango.
Estos enfrentamientos han sumido a Argelia en un
recrudecimiento de las dinámicas de violencia similar a lo ocurrido en la
Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la operación
Espada de Honor I, II y III, como también el escenario de violencia que
sacudió, especialmente, al corregimiento de El Mango en el año 2015, lo que
conllevó a que la población civil sacara a la Policía de la zona.
El otro factor, el último de tantos, es el
mencionado al inicio del escrito, cuando integrantes del Grupo “Carlos Patiño”
y el ELN, se enfrentaron en el casco urbano de El Plateado, desencadenando un
desplazamiento forzado de más de dos mil personas que terminaron refugiándose
en el coliseo de la cabecera municipal de Argelia, y en otros corregimientos
como Puerto Rico.
Hoy en día, la gran mayoría retornaron al
corregimiento, quedando tan solo un grupo de cincuenta personas asentadas en el
coliseo, esperando que se cuenten con garantías reales para el retorno. Sin
embargo, esto parece lejos de consumarse, pues se escuchan rumores de que la
“Carlos Patiño” se reforzará con las demás estructuras del “Comando Coordinador
de Occidente”, con el fin de desplazar al ELN de la ecuación y tomar control
total de Argelia, tanto de su territorio como de su población.
Por su parte, el ELN continúa actuando bajo una
lógica autónoma, federada, lejos de la expectativa que sería la retoma de los
Diálogos de Paz con el Gobierno de Iván Duque, quien descartó dicha posibilidad
de tajo, y de la cual las organizaciones sociales continúan en la tarea de
solicitar la continuidad de lo iniciado en Quito y La Habana.
De esta forma, lo que ocurre en Argelia no puede
entenderse desde visiones simplistas ni superficiales, tanto las motivaciones
como la caracterización de los actores armados presentes en el municipio. Lo
que sí es cierto es que en Argelia la inversión social, a raíz del Acuerdo de
Paz, es muy poca. Por ejemplo, aspectos como la implementación del PDET y el
Acuerdo de Sustitución de Cultivos en el municipio, firmado por más de 11.000
familias en marzo del 2018, se recargaron bajo la total responsabilidad de la
Alcaldía Municipal, y no se han materializado por falta de voluntad política
del Gobierno de Iván Duque. Además, afectando en forma contraria a la
implementación de estos puntos del Acuerdo de Paz, a través del discurso
gubernamental de “Paz con Legalidad”, se sigue con la misma fórmula de siempre:
aumento de la Fuerza Pública y erradicación forzosa, incluso, bajo la
preocupación de la retoma del uso del glifosato, suspendido desde el año 2015
por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
En este territorio, sus habitantes consideran
que el Gobierno Nacional hizo realidad la premisa de su partido político,
Centro Democrático, al proponer “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, firmado en La
Habana producto, entre otras cosas, de la movilización social protagonizada por
las víctimas de la guerra. Mientras tanto, la población civil sufre con los
ataques de los diversos actores armados, ante la mirada pasiva de la Fuerza
Pública que, siquiera, adelantan acciones contundentes para controlar la
escalada violenta.
En este rincón del Cauca y, en general en el
territorio nacional, la Paz se ha reducido a una mera cuestión de
“supervivencia” y el anhelado “postconflicto” en un término que carece de
significado en este territorio.
Por:
Cristian Castaño*
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*Cristian
Castaño es Trabajador Social de la
Universidad del Valle, Especialista en Educación en Derechos Humanos –
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Estudiante de la Maestría en
Estudios Sociales y Políticos, Modalidad Investigación – Universidad ICESI.
Integrante del Equipo Coordinador de La Cartilla – Educación para la Paz y del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle del Cauca.
