Crisis humanitaria y “postconflicto” en Argelia (Cauca)

Argelia en medio de la confrontación de grupos armados

Hace unos años, cuando se llegó a posicionar en la academia y la opinión pública el término “postconflicto”, se consideró como una cuestión anhelada pero profundamente cuestionada en su significado. Hoy en día, la realidad nos da un duro golpe que da razón a dichos cuestionamientos. En el Cauca, difícilmente se pudo decir que llegó a un postconflicto, puesto que la salida de las FARC-EP de la arena político-militar implicó una oportunidad para que los grupos armados que permanecían en la zona, incluso integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz, intentaran tomar control de los territorios vaciados.

 

El día 26 de marzo, la realidad de la guerra se hizo evidente una vez más en dicho departamento: un carro bomba puesto a las afueras de la Alcaldía de Corinto, hostigamientos en Caldono, Inzá y Belalcázar, y combates entre estructuras armadas post-desmovilización denominadas “Carlos Patiño” e integrantes del Frente José María Becerra del ELN en la jurisdicción de El Plateado (Argelia). Esta última situación, sin embargo, no contó con la visibilización necesaria ante la opinión pública. De ahí la necesidad de ubicar un breve contexto para dar cuenta de estos hechos.

 

Argelia se encuentra ubicada en el costado sur del departamento del Cauca, un territorio colonizado en las postrimerías de la Violencia Bipartidista, bañado por las aguas del Rio Micay. A lo largo de su corta historia -fundada en 1967-, su dinámica se encuentra atravesada por la dinámica organizativa de sus habitantes, la presencia histórica de las FARC-EP con sus Frentes 8 y 60, como también la economía cocalera surgida, como en muchas otras partes del país, producto de la falta de oportunidades para el desarrollo de las economías campesinas, sumado a la ausencia de una presencia estatal efectiva en el territorio. Estas tres situaciones han generado todo un fenómeno de estigmatización a su población, y frente a ello, la respuesta histórica del Estado se ha centrado en colmar el territorio de Ejército, glifosato y batallones para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, una fórmula que ha conllevado a una crisis de Derechos Humanos donde el campesinado ha resultado sumamente afectado por la senda de muerte y atraso que deja, tras su paso, la dinámica de la guerra.

 

De ahí que, con la firma del Acuerdo de Paz, en el municipio emergieron anhelos de esperanza, pues se esperó que, con su implementación, atendiendo puntos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y los Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito PNIS, se solventaría la deuda histórica del Estado con el campesinado argeliano. De hecho, en el municipio se respiró un ambiente de paz durante tres años, entre 2016 y 2018, quebrando con ello la supuesta tesis que afirma “donde hay coca, hay violencia”. Sin embargo, al municipio llegaron actores armados como el Frente José María Becerra del ELN, quienes decidieron bajar de El Tambo para expandir su influencia en Argelia y, posteriormente, el autodenominado “Frente Carlos Patiño – FARC-EP”.

 

Este último grupo, como una estrategia de crecimiento en sus tropas, buscaron a las y los excombatientes, en proceso de reincorporación, que conformaron una Nueva Área de Reincorporación en el municipio, más concretamente en el sector de Santa Clara, donde adquirieron una finca para el desarrollo de sus proyectos productivos. Al encontrar el rechazo del grupo de excombatientes frente a la propuesta de retomar las armas, el “Carlos Patiño” arremetió contra dicha población, ubicándola como objetivo militar, persiguiéndolas e, incluso, organizando una campaña mediática en contra de sus, entonces, comandantes, Caliche y Pocillo, acusándolos de organizar un nuevo grupo armado en el municipio. Mientras tanto, estas dos personas, junto con un segmento de la población excombatiente -pues mucha de esta población tuvo que salir desplazada- permanecen en el municipio, cumpliendo con los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.

 

Estos grupos, desde el año 2019 hasta la fecha, se encuentran enfrentados por el control territorial del Cañón del Micay. Y no es para menos, pues en este Cañón se encuentra un enclave cocalero que, de acuerdo con el Informe SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC, hay alrededor de 9.000 hectáreas de coca sembradas, sin embargo, la comunidad de la zona afirma que el número de hectáreas puede superar las 15.000 hectáreas. De igual forma, en el Cañón se encuentra la ruta de salida de la cocaína para el Océano Pacífico.

 

No obstante, lo anterior no es el único factor de disputa territorial, puesto que, desde hace años, existen intereses minero-energéticos que hacen del municipio un botín estratégico y geopolítico de grandes dimensiones: por un lado, existen solicitudes para la explotación de minerales como oro, cobre y derivados, por parte de empresas como Anglo American Colombia Exploration, y otras que suman, aproximadamente, 19.000 hectáreas que representan el 28% del territorio argeliano.

 

Por otro lado, desde la década de los 80 existen intereses de construir una represa sobre el río Micay, denominada “Arrieros del Micay”. A pesar de que se hicieron estudios de prefactibilidad en 1988, el proyecto pretende retomarse desde el año 2016, lo cual afectaría social y ambientalmente la región, teniendo en cuenta las tragedias ocurridas en otras represas como El Quimbo e Hidroituango.

 

Estos enfrentamientos han sumido a Argelia en un recrudecimiento de las dinámicas de violencia similar a lo ocurrido en la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la operación Espada de Honor I, II y III, como también el escenario de violencia que sacudió, especialmente, al corregimiento de El Mango en el año 2015, lo que conllevó a que la población civil sacara a la Policía de la zona.

 

El otro factor, el último de tantos, es el mencionado al inicio del escrito, cuando integrantes del Grupo “Carlos Patiño” y el ELN, se enfrentaron en el casco urbano de El Plateado, desencadenando un desplazamiento forzado de más de dos mil personas que terminaron refugiándose en el coliseo de la cabecera municipal de Argelia, y en otros corregimientos como Puerto Rico.

 

Hoy en día, la gran mayoría retornaron al corregimiento, quedando tan solo un grupo de cincuenta personas asentadas en el coliseo, esperando que se cuenten con garantías reales para el retorno. Sin embargo, esto parece lejos de consumarse, pues se escuchan rumores de que la “Carlos Patiño” se reforzará con las demás estructuras del “Comando Coordinador de Occidente”, con el fin de desplazar al ELN de la ecuación y tomar control total de Argelia, tanto de su territorio como de su población.

 

Por su parte, el ELN continúa actuando bajo una lógica autónoma, federada, lejos de la expectativa que sería la retoma de los Diálogos de Paz con el Gobierno de Iván Duque, quien descartó dicha posibilidad de tajo, y de la cual las organizaciones sociales continúan en la tarea de solicitar la continuidad de lo iniciado en Quito y La Habana.

 

De esta forma, lo que ocurre en Argelia no puede entenderse desde visiones simplistas ni superficiales, tanto las motivaciones como la caracterización de los actores armados presentes en el municipio. Lo que sí es cierto es que en Argelia la inversión social, a raíz del Acuerdo de Paz, es muy poca. Por ejemplo, aspectos como la implementación del PDET y el Acuerdo de Sustitución de Cultivos en el municipio, firmado por más de 11.000 familias en marzo del 2018, se recargaron bajo la total responsabilidad de la Alcaldía Municipal, y no se han materializado por falta de voluntad política del Gobierno de Iván Duque. Además, afectando en forma contraria a la implementación de estos puntos del Acuerdo de Paz, a través del discurso gubernamental de “Paz con Legalidad”, se sigue con la misma fórmula de siempre: aumento de la Fuerza Pública y erradicación forzosa, incluso, bajo la preocupación de la retoma del uso del glifosato, suspendido desde el año 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En este territorio, sus habitantes consideran que el Gobierno Nacional hizo realidad la premisa de su partido político, Centro Democrático, al proponer “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana producto, entre otras cosas, de la movilización social protagonizada por las víctimas de la guerra. Mientras tanto, la población civil sufre con los ataques de los diversos actores armados, ante la mirada pasiva de la Fuerza Pública que, siquiera, adelantan acciones contundentes para controlar la escalada violenta.

 

En este rincón del Cauca y, en general en el territorio nacional, la Paz se ha reducido a una mera cuestión de “supervivencia” y el anhelado “postconflicto” en un término que carece de significado en este territorio. 

Por: Cristian Castaño*

 

 

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*Cristian Castaño es Trabajador Social de la Universidad del Valle, Especialista en Educación en Derechos Humanos – Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos, Modalidad Investigación – Universidad ICESI. Integrante del Equipo Coordinador de La Cartilla – Educación para la Paz y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle del Cauca.

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