mayo 2021
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Camilo Serrano Corredor, Maestro en Estudios Sociales y Políticos, Universidad ICESI-Cali, Colombia, y estudiante del Doctorado en Ciencia Política-CIDE

Intento iniciar mi escrito pensando en muchas personas, familiares y amigos, que están en la lejanía en un contexto convulso. Pienso también en personas que no conocí pero que hoy son referentes de la movilización social más importante de Colombia en este siglo. Por ejemplo, en Jovita Osorio, una profesora de Cali que murió el 29 de abril cuando la policía antimotines disparó gases lacrimógenos contra su casa, en inmediaciones de uno de los puntos duros de la manifestación. También en Nicolás Guerrero, joven grafitero reconocido por sus murales en espacios públicos. Su muerte a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[1] en el nororiente de Cali fue presenciada en directo por una multitud de espectadores que seguían las protestas en una transmisión en vivo de Instagram. Tiempos anormales en donde la gente común cobra relevancia y los usos y costumbres se ponen en duda.

Los antecedentes

Toda protesta requiere un contexto. Desde 2019, el gobierno de Iván Duque enfrentaba una radicalización de las movilizaciones sociales en su contra, siendo las del Paro Nacional a finales de noviembre de 2019 las más agudas.[2] Cuando inició la pandemia del coronavirus, las medidas de cuarentena estricta y la crisis económica derivada, así como el pésimo manejo gubernamental de la política de vacunación, exacerbaron un descontento social que se podía medir en los “trapos rojos”: miles de familias de los barrios populares de las principales ciudades del país extendían pedazos de tela roja para indicar que no tenían nada que comer. Iniciativas de solidaridad popular y ollas comunitarias intentaron paliar la situación, sin mayor éxito. La vulnerabilidad de distintos sectores sociales quedó al descubierto ante la falta de respuesta gubernamental frente a la crisis derivada de la pandemia.

En ese marco, el polvorín social solo necesitaba de un detonante. Y este resultó ser la propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.[3] En ella, se gravaban con tributación directa productos de la canasta familiar—como la sal, el café o el azúcar—y se incluían dentro de la población obligada a declarar renta a sectores medios de la economía informal.[4] Una tímida convocatoria de un paro nacional para el 28 de abril por parte de las centrales obreras no se hizo esperar, pero las declaraciones de Carrasquilla a la periodista Vicky Dávila, donde demostraba el desconocimiento sobre los precios reales de un producto de consumo diario como los huevos, terminaron siendo la chispa que incendió la pradera

De los huevos a las calles

Con la rabia acumulada por la falta de empatía de un ministro y con la referencia permanente a los “huevos de Carrasquilla”, las manifestaciones del 28 alcanzaron una convocatoria nunca vista previamente, siendo Cali la ciudad más destacada por capacidad de convocatoria y de disrupción de la protesta. Las confrontaciones con el ESMAD adquirieron enormes dimensiones y la movilización se prolongó teniendo en el 1 de mayo un pico de participación ciudadana que se vio impugnado por una represión policial sin antecedentes. La presión de la movilización llevó a que finalmente el presidente retirara la propuesta de reforma en el Congreso, lo que sin embargo no logró aplacar un paro en pleno ascenso.

Lo novedoso de la movilización reciente no solo era la magnitud de la convocatoria sino la novedad de la misma. Transmitida en vivo a través de lives de Instagram y cadenas de WhatsApp, la protesta se convirtió en un referente permanente de la ciudadanía, estuviera participando en ella o no. Asimismo, lejos de estar dominado por los sectores clásicos de la protesta social en Colombia—estudiantes universitarios y organizaciones sociales rurales—en este paro convergieron gran cantidad de sectores medios—pequeños empresarios, organizaciones comunitarias, grafiteros, iniciativas culturales—y el nuevo protagonista de la coyuntura colombiana: la Primera Línea. Jóvenes de barrios populares, hombres y mujeres, sin oportunidades laborales o de estudio, sin identidades políticas definidas, contradictores del Comité Nacional de Paro y con profundos sentimientos antipoliciales. Muchos han sido barra-bravas, domiciliarios de Rappi o Uber, obreros precarizados. Mientras la intelectualidad discute si son chavs[5], lumpenproletariado o gamberros, en la práctica son quienes mantienen el Paro en las calles.

Violencia estatal, cantidad y calidad

La magnitud de la protesta es difícil de medir dada las complejidades de un suceso en curso y la multiplicidad de cubrimiento de organizaciones de derechos humanos y prensa alternativa. La Red de DD.HH. “Francisco Isaías Cifuentes”, con presencia en el suroccidente del país, reportaba que desde el 28 de abril solamente en Cali habían ocurrido: 314 lesiones graves de manifestantes, 74 desaparecidos y 27 asesinados. Por su parte, la organización no-gubernamental Temblores reportó, para el mismo periodo, un balance nacional que puede resumirse en: 278 víctimas de violencia física, 39 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, 28 personas con lesiones oculares graves, 111 casos de ataque directo con arma de fuego por parte de la fuerza pública y 12 víctimas de violencia sexual.

Una violencia de enorme magnitud, que además cuenta con agravantes en terreno de destacar. De un lado, el uso indiscriminado por parte del ESMAD de Venom, un lanzador múltiple de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno, adquirido por el gobierno en plena pandemia y cuyo uso ha sido condenado por Human Rights Watch. Del otro, la implementación en la práctica de una suerte de estado de sitio regional en Cali y el Valle del Cauca donde, de facto, el Comandante General del Ejército, Eduardo Zapateiro, quien se encarga directamente de la respuesta estatal a las protestas.

La respuesta de las élites: Toyotas blancas

Ante la prolongación del paro en Cali, han surgido iniciativas de autodefensas por parte de habitantes de los barrios de altos ingresos de la ciudad—principalmente sur y oeste—, que consideran al paro un secuestro que atenta a su derecho a la movilidad. El caso más sonado es el de Carlos Andrés Betancourth, ex edil de la Comuna 22 y militante del Centro Democrático, quien amenazó a un manifestante con que en su barrio había 25.000 armas y que estarían dispuestos a usarlas. A la amenaza del político se suman videos de pobladores de Ciudad Jardín—barrio tradicional del sur de Cali—donde señalan que contra el secuestro tienen “escoltas y Toyotas”. Precisamente las camionetas de alta gama Toyotas de color blanco son, desde la noche del 6 de mayo, la herramienta para los ataques selectivos con arma de fuego en contra de manifestantes. En Cali ya se habla de un escenario futuro de confrontación abierta entre la Primera Línea y “los Toyotas”, de consecuencias letales. De hecho, el 9 de mayo en horas de la tarde, Toyotas y policías atacaron con armas de fuego a una caravana de manifestantes indígenas que circulaban con el sector de Pance, aduciendo que estos buscaban ingresar a sus unidades residenciales.

***

El paro de 2021 se ha convertido en el evento más importante de la víspera del año electoral colombiano—en el que, por primera vez, un candidato de izquierda lidera la intención de voto. Se liga al reciente auge de la protesta social latinoamericana y reaviva discusiones sobre las desigualdades estructurales de la región, la capacidad de inclusión de los sistemas políticos y las reformas—posibles o no—a las fuerzas de seguridad. Su desarrollo ulterior será, sin duda alguna, de importancia para la reflexión de las ciencias sociales.

Quien esto escribe toma partido; apoya las reivindicaciones del paro; rechaza la violencia estatal y se solidariza con todas las familias víctimas. El actual momento pone sobre el debate no una simple reforma tributaria sino la calidad y alcances del régimen colombiano. Los escenarios de desenlace nos dirán, en últimas, qué tan diversa e incluyente puede ser nuestra sociedad, así como cuánto pesa el caso colombiano en el concierto internacional.

Publicación original en: https://www.cide.edu/pev/2021/05/11/el-paro-en-colombia-que-es-de-donde-viene-para-donde-va/

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[1] Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad especial de la Policía Nacional encargada del trato a la protesta social.

[2] Una importante crónica sobre los sucesos de 2019 ya fue publicada: Sandra Borda. 2020. Parar para avanzar: crónica del movimiento estudiantil que paralizó a Colombia. Bogotá: Crítica.

[3] Alberto Carrasquilla es economista de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Economía de la Universidad de Illinois. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Fue ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Un perfil está disponible aquí.

[4] Específicamente a ingresos mayores a cerca de 688 dólares mensuales.

[5] Término despectivo utilizado contra los jóvenes de clase obrera en Inglaterra. La discusión sobre su uso y alcance cobró relevancia con las protestas y saqueos del verano de 2011. Una reflexión a media máquina entre la academia y la crónica en: Owen Jones. 2013. Chavs. La demonización de la clase obrera. Madrid: Capitán Swing.

 

La noche de este viernes 7 de mayo, en la ciudad de Cali, grupos paramilitares atacaron con disparos de arma de fuego varios puntos de concentración del Paro Nacional, dejando hasta el momento un número indeterminado de personas heridas que protestan contra el régimen colombiano.

 

Uno de los puntos atacados fue la Misión Médica ubicada en el sector La Luna, donde también se encontraban organismos de Derechos Humanos y nuestra periodista Sandra Castro, quien por fortuna salió ilesa mientras hacia cubrimiento en el lugar de los hechos.

 

La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) denuncia la política criminal del régimen colombiano que, para evitar ser asociada con los asesinatos y masacres contra los las manifestantes del Paro, ahora emplea grupos paramilitares en las ciudades para cometer sus crímenes, como quedó ampliamente documentado en infinidad de registros audiovisuales que muestran a la Fuerza Pública reprimiendo, disparando y asesinando manifestantes.

 

Por estos hechos, solicitamos a la comunidad internacional exija al Estado colombiano el respeto a la libertad de prensa y se proteja la vida de nuestra compañera Sandra Castro, al igual que de las misiones médicas, organismos de Derechos Humanos y manifestantes del Paro Nacional.

 

De igual manera llamamos al mundo entero a que deje de considerar a Colombia como una democracia, y empiece a denominar al actual Gobierno como como lo que realmente es: un régimen que ahora seguirá tomando represalias contra la oposición política, los medios alternativos y prensa independiente, a través del paramilitarismo y terrorismo de Estado en las ciudades.

A través de cadenas de WhatsApp, 10 jóvenes líderes de la ciudad de Palmira fueron amenazados de muerte este miércoles, 5 de mayo.

 

La acción terrorista fue realizada por un grupo paramilitar que se autodenomina ‘Mano Negra’, el cual publicó un panfleto con las fotos y nombres de los jóvenes, a quienes amenaza declarándoles “objetivos militares”, a la vez que anuncia que serán desaparecidos a partir de la “media noche”.

 

En la amenaza puede evidenciarse un claro trabajo de inteligencia militar, pues en el panfleto además aparece el barrio y corregimiento donde los jóvenes realizan trabajo social con la comunidad. Estos son las y los jóvenes amenazados:

 

1. Breidy Ríos

2. Juan Camilo Gonzáles Padilla

3. Katerin Julieth López (además amenazan a su familia)

4. Víctor ‘El Loco’

5. David Fernández

6. Daniela Soto

7. Jesús Elías Hernández Montánchez

8. Angello Perlaza

9. Liliana ‘La Estilista’ (además amenazan a su hijo)

10. Danna Montes

 

Por estos hechos, que ocurren bajo el contexto del Paro Nacional que inició el 28 de abril, distintas organizaciones de Derechos Humanos hacen un llamado a la comunidad internacional para que proteja la vida de estos jóvenes, del mismo modo que exija al Gobierno colombiano que pare la represión y el asesinato sistemático, adelantado por la Fuerza Pública, contra quienes se oponen a este régimen criminal encabezado por el presidente Iván Duque.

 

A la fecha se registran 1.708 casos de violencia policial, que incluyen 37 asesinatos, 10 víctimas de violencia sexual, y 831 detenciones arbitrarias contra los y las manifestantes.

Redacción REMAP

El 30 de abril, organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la ciudad de Cali, posteriormente de realizar una rueda de prensa sobre los asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos de protestantes en Cali, denunciaron que fueron interceptados por personas de civil que dispararon contra los vehículos de los esquemas de seguridad de diversas organizaciones que documentan la represión de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril.

 

Los hechos ocurrieron en horas de la noche, al terminar la rueda de prensa donde denunciaban el accionar de la Fuerza Pública que, al día de hoy, deja una cifra de detenidos, heridos y muertos indeterminada, mientras se desplazaban a la altura del colegio Santa Librada.

 

Denuncian las organizaciones de Derechos Humanos que fueron interceptadas por sujetos desconocidos, “quienes desde el puente vehicular de la calle 5 que cruza la carrera 15, nos piden hacer un alto y posteriormente solicitan apagar la luces, adicionalmente lanzan una roca contra el primer vehículo de la caravana y ordenan retroceder los carros, accionan un arma contra los vehículos en 4 ocasiones, uno de los impactos lo recibe la primera camioneta del esquema de protección del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, los vehículos empiezan a retroceder y se escuchan aproximadamente 6 disparos más”.  

 

Posterior a estos hechos, la defensora de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Darnelly Rodríguez, recibe videollamadas donde se observa a dos hombres que se burlan por el atentado que acaban de perpetuar.

 

Leer denuncia

 

Actualmente la situación de Colombia se encuentra en un estado crítico, con manifestaciones populares en todo el país contra el régimen represivo de ultraderecha que encabeza del Presidente Iván Duque que, como única forma de perpetuarse en el poder, optó por reprimir y asesinar al pueblo movilizado que valerosamente resiste en las calles, un pueblo que desde el 1 de mayo, además, debe resistir a la orden de militarizar las ciudades dada por el Presidente Duque, responsable del baño de sangre que lo sostiene en el poder.

Redacción REMAP

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